Nueva diligencia
El Supremo autoriza una nueva copia del teléfono del fiscal general para comprobar sus conversaciones
Los directores de comunicación de la fiscalía no tuvieron acceso a los correos que se investigan por revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid

Archivo - El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, durante el acto de toma de posesión del nuevo fiscal jefe de área de Ferrol y Ortigueira, en la sede de los Juzgados de Ferrol, a 13 d septiembre de 2024, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

Ángeles Vázquez
Ángeles VázquezPeriodista
Periodista especializada en tribunales. Vivo entre la Audiencia Nacional, el Supremo y el Constitucional. Descubrí '100 cosas que hacer en Madrid al menos una vez en la vida' y lo conté en un libro.
Cristina Gallardo
Cristina GallardoPeriodista
Las pesquisas para intentar comprobar los mensajes del fiscal general del Estado que fueron borrados de su teléfono móvil continúan adelante. Este martes el Tribunal Supremo ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizar una nueva copia del volcado que se hizo a sus terminales para ahondar en la investigación de sus comunicaciones, y acuerda que sea realizada este miércoles en el alto tribunal. Simultáneamente los responsables de comunicación a la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía madrileña han declarado ante el juez instructor, Ángel Hurtado, que ninguno de ellos tuvo acceso a los correos que se cruzaron la defensa del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y el fiscal que le denunció por dos delitos fiscales y uno de falsedad, y que se investigan por un presunto delito de revelación de secretos.
Fuentes presentes en la declaración han asegurado que el responsable madrileño, Iñigo Corral, ha señalado que precisamente se opuso por varias razones a la difusión de la polémica nota de prensa que se había preparado para desmentir las informaciones que atribuían al ministerio público la iniciativa del pacto que en realidad partió de la defensa de Alberto González Amador, para el que este debía admitir dos delitos fiscales. Entre ellas citó que no la había redactado él mismo y que desconocía si los textuales que incluía coincidían con la literalidad de los correos en cuestión, porque él no lo había visto, además de porque ya habían sido publicados por un medio.
Finalmente la nota de prensa se facilitó desde la Fiscalía Provincial de Madrid y no desde la Superior, lo que el jefe de comunicación dijo que creía haber comentada con su jefa, Pilar Rodríguez, imputada junto al fiscal general en la causa, pero que si ella decía que no había sido así, pues no sería, porque no lo recordaba con certeza.
Por su parte, la directora de comunicación de la Fiscalía General del Estado, Mar Hedo, también afirmó que la redacción de la nota de prensa se hizo con lo que le indicó verbalmente el fiscal general, cuyo único interés de salvaguardar la actuación de los fiscales, que habían participado en la investigación del presunto fraude fiscal de González Amador. Su objetivo era ofrecer información fidedigna con premura a los medios, porque la tarde anterior ya habían llamado varios preguntando por el supuesto pacto y señalaron que la información partía del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
También se preguntó a Hedo si conocía a distintos cargos gubernamentales, como la asesora del ministro Óscar López, Pilar Sánchez Acera, que fue la que facilitó el correo al entonces candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, o al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como si había facilitado la nota de prensa de alguna forma al Gobierno o al Ministerio de Justicia, lo que no descartó por su contenido y su distribución por listas de correo.
Durante su declaración, la acusación que ejerce González Amador solicitó al juez Hurtado que ordenara el volcado de teléfono de Hedo y que, si se negaba a facilitarlo, se le cambiara la condición para que también ella fuera imputada. El magistrado ha rechazado la necesidad de examinar el teléfono de la periodista, que, como García Ortiz, también ha cambiado de terminal, por lo que no conserva las conversaciones que mantuvo ni siquiera a través de pantallazos. El magistrado ha recordado a los dos responsables de comunicación su derecho a preservar la fuente, cuando los consideraran oportuno.
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