¿Está cumpliendo Illa con ERC y Comuns? Las facturas pendientes de los pactos de investidura

En el Govern de la Generalitat tienen asumido que, muy probablemente, no habrá nuevos presupuestos este 2025 porque difícilmente ERC se moverá del 'no' con Oriol Junqueras tratando de afianzar su liderazgo en un partido dividido. De hecho, ese escenario está ya tan digerido en el Palau, que se busca poner el foco más en los acuerdos que Salvador Illa promete cumplir que en el instrumento. En el ejecutivo ya sacan pecho de estar saldando unas deudas que ahora se hacen evidentes que son muchas y, buena parte de ellas, costosas. Pero tanto republicanos como los Comuns recuerdan que el balance, por ahora, es insuficiente porque la lista de facturas pendientes es larga.

Tras pactar con ERC la investidura, lo primero con lo que cumplió Illa fue con mantener las conselleries de Polítiques Lingüístiques y de Unió Europea i Acció Exterior. Después, el president no ha escondido que los primeros pasos de su mandato beben de la herencia legislativa de ERC, que ha decidido hacer suya y reivindicar sin reparos. Como pactaron con los republicanos, se ha llevado al Parlament el Estatut de Municipis Rurals. El Govern ha aprobado también la ley del amianto y la ley de memoria democrática sin tocar ni una sola coma, así como el Pacte Nacional de Salut Mental. Otro de los asuntos acordados tanto con ERC como con los Comuns que ya ha recibido un espaldarazo es la eliminación de los privilegios fiscales al Hard Rock, que está previsto que se apruebe de forma definitiva en el pleno de finales de este mes.

Hay otros acuerdos que se mueven en una escala de grises porque han empezado a materializarse, pero se está lejos de completarse. El traspaso de Rodalies es un ejemplo. Esta semana el Govern ha iniciado el traspaso de la R1, la del Maresme, en el plazo que estaba previsto en los acuerdos con ERC, pero faltan todavía la constitución de la empresa mixta que tiene que gestionar la red ferroviaria y definir la transferencia de otras líneas, como la R2 y la R3. Más verde está la financiación singular. Desde el ejecutivo aseguran que están trabajando para redimensionar los recursos de la Agència Tributària y que el grupo de expertos avanza. Se ha fijado también para el 24 de febrero la comisión bilateral Estado-Generalitat para abordar esta carpeta, pero por ahora aún no hay nada palpable. Antes, se espera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera encauce la quita de la deuda del FLA, otro de los compromisos pendientes.

En materia de vivienda, que está en el corazón de los pactos con los Comuns, el Govern está en proceso de acabar de definir el régimen sancionador para quien incumpla con la ley de vivienda, que previsiblemente se aprobará antes de que acabe el mes. La regulación de los alquileres de temporada, por ahora, la Generalitat ha decidido priorizar que se haga en el Congreso, donde estará a merced del voto de Junts. Con vocación de impulsar también la ley de barrios, el ejecutivo ha nombrado un comisionado -Carles Martí- y puesto las bases para el despliegue de la norma, pero su dotación queda pendiente de si hay o no presupuestos.

Después están los acuerdos pendientes. Son los compromisos que el PSC asumió y que están a cero o de los que no se ha hecho prácticamente nada o por falta de tiempo -la financiación, por ejemplo, va para largo y el Govern de Illa lleva solo cinco meses-, o porque no se ha priorizado lo suficiente. De lo pactado con ERC, el más relevante es la demanda de los republicanos de que la Generalitat entre en la gestión del aeropuerto de El Prat. Illa ha puesto en marcha la comisión de expertos sobre el tema, pero el foco está puesto en si hay que ampliar o no la infraestructura, no en quién debe gestionarla.

El Govern tampoco ha cumplido con el impulso del Pacte Nacional pel Català en sus primeros cien días de mandato -aquí es Junts quien está dando problemas- ni con continuar ampliando la red de delegaciones de la Generalitat en el extranjero. El conseller de Exteriores, Jaume Duch, aseguró en el Parlament que no daría marcha atrás, pero no ha habido ningún paso en esta dirección. El último compromiso incumplido es imputable a las dos partes: ERC y el PSC dejaron en suspenso la puesta en marcha de una "convención nacional" para resolver el conflicto político que tenía que contar con la participación de todos los grupos parlamentarios. Ningún partido ha mostrado especial interés en llevarlo a cabo, ni tan siquiera los propios republicanos.

Los Comuns también tienen cuestiones por las que estar preocupados por su incumplimiento. Illa anunció solemnemente en el último debate de política general que impulsaría 50.000 viviendas de protección oficial en seis años, pero hasta ahora no puede exhibir ningún avance sustancial. Además, el Govern tiene en el tintero el psicólogo gratuito -está en su plan de legislatura, pero nada más- y tampoco ha avanzado en la reducción de los cruceros ni en una mayor presión fiscal al turismo. Trabaja en incrementar la tasa turística, pero aun sin demasiada concreción. También han caído de los planes de Illa la recuperación de la sexta hora en los colegios públicos. El gran compromiso educativo del president es la gratuidad del 'I1, el primer curso de las guarderías, también pendiente de llevar a cabo.

Suscríbete para seguir leyendo