PROPOSICIÓN DE LEY
El PP llevará al Congreso retrasar el cierre de las nucleares en plena recta final de Almaraz y busca el apoyo de Junts
Los populares registarán en las próximas semanas una proposición de ley que defiende alargar la vida de las nucleares. Cuentan con el apoyo de Vox y buscarán de nuevo a los independentistas como ocurrió en diciembre

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a Extremadura este jueves. / DIEGO PUERTA.
Paloma Esteban
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David Page
David PagePeriodista
Periodista
El PP ultima una proposición de ley que defiende el retraso del cierre de las centrales nucleares en España. El grupo parlamentario lleva tiempo trabajando en el texto y pretende llevarlo al Congreso en las próximas semanas. Enero es inhábil en el Parlamento, pero en febrero los populares retomarán su agenda y la defensa de la nuclear está ahora entre las prioridades.Vox se encuentra en la misma pugna política. De hecho, este sábado enviará a algunos de sus diputados a la manifestación en contra del cierre de la central de Almaraz (Cáceres). Pero el verdadero objetivo del partido de Alberto Núñez Feijóo es atraer el apoyo de Junts para frenar el apagón nuclear.
Los independentistas comparten buena parte de las iniciativas del PP en materia energética -como se vio el pasado mes de diciembre en algunas votaciones clave- y han mostrado preocupación por el futuro de las centrales de Ascó y Vandellós, ambas en la provincia de Tarragona, que tienen marcada su fecha en el calendario para 2032 y 2035 respectivamente. Además, el PP -que presentará iniciativas a lo largo del año que puedan romper la mayoría parlamentaria del Gobierno y escenificar la alternativa- podría volver a apuntarse un tanto.
En Cataluña, más del 60% de la energía que se consume procede de las centrales nucleares. Pero el ‘president’ Salvador Illa ya ha dejado claro que su posición es favorable a que los reactores echen el cierre en la fecha prevista. Podría ser otra ocasión para que el partido de Carles Puigdemont marcara terreno. Lo que está claro es que la nuclear llevará a un nuevo choque entre los dos grandes partidos. La presidenta de Extremadura, María Guardiola, con la que estuvo este jueves Feijóo, mostró su rechazo a las tesis de Illa, instándole a que si lo tiene claro, “comiencen el cierre en Cataluña” y no en su comunidad.
Feijóo lleva toda la semana mandando mensajes en la misma clave. Ayer, desde Cáceres, calificó de “grave error” el final de Almaraz, pidiendo “consenso social” para evitarlo y afirmando que es una decisión “contraria a las políticas occidentales y europeas al respecto”. Dos días antes, el martes, durante una conferencia en Madrid culpó al Gobierno de Pedro Sánchez de ejecutar una política energética “basada en la ideología y no en los principios tecnológicos”.
Fue la vez que más claro habló ante empresarios entre los que estaba el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. “No deshagamos lo que tenemos. El 21% del mix energético hoy por hoy es energía nuclear. Seamos cautelosos, prudentes y respetuosos con la situación. Y no utilicemos la ideología para cerrar centrales sin sustitución de esa energía, que incrementará los precios”, repitió, dejando claro que el cierre de Almaraz, para su partido, “es absolutamente precipitado”.
La presión de Almaraz
España avanza hacia el apagón total de sus centrales nucleares. Las grandes eléctricas pactaron en 2019 con el Gobierno y con Enresa, la empresa pública encargada de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos radiactivos, un calendario de cierre progresivo de todos los reactores. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP -las eléctricas propietarias de las plantas- establece una clausura escalonada de las plantas que arrancaría en 2027 (con Almaraz) y culminaría con el último el cierre en 2035 (con Trillo). El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene inalterable su plan de ejecutarlo en tiempo y forma. Y la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, lo ratificó este mismo miércoles. Los socios parlamentarios de izquierda respaldan la clausura de los reactores.
Por otro lado, además de los partidos políticos conservadores, desde diferentes sectores empresariales y la propia sociedad civil se está abriendo la batalla para intentar retrasar la clausuras con Almaraz como primera punta de lanza. La central cacereña está ya en tiempo de descuento. Su cierre previsto está a la vuelta de la esquina. El calendario oficial establece que el reactor I de la central dejará de funcionar en noviembre de 2027 y el reactor II lo hará en octubre de 2028. Aparentemente se diría que aún hay tiempo para salvarla.
Pero los tiempos no son ilimitados porque los condicionantes operativos y económicos son muchos. El proceso previo de planificación de las inversiones necesarias para seguir funcionando, para cerrar acuerdos de formación y contratación de personal; y también para pactar las compras de combustible nuclear y otros suministros, exige tomar una decisión con unos tres años de antelación a la fecha prevista de cierre. Es decir, activar la opción de revisar las fechas debería producirse de manera inminente, casi este mismo trimestre.
Fuera de esos plazos, si se toma la decisión más allá de estos primeros meses de 2025, la central tendría que estar un tiempo parada antes de poder volver a arrancar y ése es el escenario del que quieren huir a toda costa las propietarias de la central. Iberdrola (que controla el 52,7% del capital de la planta), Endesa (36%) y Naturgy (11,3%) temen que se produzca una garoñización de su central cacereña; esto es, que se quede durante años sin producir electricidad y sin generar ingresos a la espera de recibir la autorización para volver a funcionar. Y mientras sí que se acumularían costes millonarios de mantenimiento y de personal para tenerla hibernada, como sucedió con la central de Santa María de Garoña (Burgos).
Ampliar pero con condiciones
Las propias nucleares confirman que alargar la vida de los reactores mucho más de lo previsto es técnicamente posible y viable desde el punto de vista de seguridad, y que sería lo responsable con la transición ecológica al no emitir CO2. Con las fechas de cierre pactadas, las centrales españolas funcionarán una media de 46 años desde su puesta en funcionamiento, mientras que en otros países instalaciones similares ya está previsto que estén operando 60 e incluso 80 años. La patronal de las nucleares defiende mantener en marcha las centrales y ampliar el tiempo de operación de las plantas, pero con condiciones. Foro Nuclear exige una gran rebaja de los impuestos que pagan las centrales nucleares como condición para seguir funcionando.
“Si alguien decide que deben continuar las nucleares, bien. Pero que digan con qué condiciones. Hace falta que la ampliación de la licencia de funcionamiento vaya unida a una rebaja fiscal. Si no se dan las condiciones fiscales para hacer viables las centrales no vamos a continuar. Si el negocio es imposible, habrá que cerrar”, sentenció esta semana el presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, en un encuentro con medios de comunicación.
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