Parlamento
El PSOE aplaza la cuestión de confianza de Junts y se da un mes para evitar la ruptura con Puigdemont
La Mesa del Congreso decide posponer la decisión y alega que no tiene ningún efecto práctico porque la iniciativa no se debatiría hasta finales de febrero

(I-D) El vicepresidente primero de la Mesa del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol y la secretaria segunda de la Mesa del Congreso, Isaura Leal, a su llegada a una reunión de la Mesa d / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press


Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel RodríguezPeriodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
La Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, volvió este juev,es a aplazar la decisión sobre la controvertida proposición no de ley que registró Junts, en la que reclama que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza para comprobar si continúa teniendo el apoyo de la mayoría de los diputados. Pese a que el Ejecutivo se mostró rotundamente en contra de aceptar a trámite esta iniciativa, el órgano de gobierno de la Cámara baja decidió darse más tiempo para analizar la situación dado que la proposición de los posconvergentes no se debatiría hasta finales de febrero, cuando Junts tiene cupo para introducir asuntos en el Pleno.
Bajo la amenaza de Carles Puigdemont de "consecuencias irreversibles" si se impedía la tramitación de su iniciativa, los dos partidos que conforman el Gobierno pospusieron el debate, a la espera de que las negociaciones con el expresident de la Generalitat calmen las aguas y permitan una resolución que no derive en una ruptura de la mayoría parlamentaria que sostiene al Ejecutivo.
Esta decisión contrasta con la rotundidad con la que el Gobierno se opuso a la iniciativa en la rueda del Consejo de Ministros del pasado martes. Incluso, fuentes de la Mesa aseguraban el miércoles que esta vez se iba a decidir sí o sí sobre la tramitación de la proposición no de ley, una iniciativa que de aprobarse carece de valor jurídico. Sánchez no tendría por qué someterse a una cuestión de confianza, porque las proposiciones no de ley se limitan a instar al Gobierno a hacer algo, sin obligarlo. Aun así, evidenciaría la falta de apoyo por parte de la mayoría de la Cámara. Pero al final el Gobierno y el PSOE optaron por no ir al choque frontal con Puigdemont, que este viernes reunirá a la ejecutiva de su partido en Bruselas para analizar qué pasos da en este escenario. Las intensas conversaciones con Junts en los últimos días han hecho a los socialistas pensar que hay posibilidades de reconducir la relación, de ahí que hayan decidido dar una patada para adelante en una iniciativa que el Gobierno considera "extemporánea" y cercana al “chantaje”.
El calendario
Fuentes cercanas a la presidencia de la Cámara explicaron que la iniciativa se seguirá estudiando porque es un "tema relevante" que "genera precedentes" y que este aplazamiento no tiene ninguna consecuencia práctica, ya que Junts no tiene cupo hasta finales de febrero. De esta forma, los socialistas ganan al menos un mes. Los colaboradores de Sánchez confían en que estas semanas sirvan llegar a algún tipo de entendimiento que evite una anunciada ruptura que podría implicar la paralización de la acción legislativa del Ejecutivo, ya que los siete diputados posconvergentes son imprescindibles para sacar adelante las leyes y convalidar los decretos. Los asuntos que podrían ayudar a desencallar la situación son fundamentalmente dos. Por un lado, un encuentro entre Sánchez y Puigdemont. Por otro, un acuerdo para transferir, como el Gobierno se comprometió a hacer, las competencias de migración a la Generalitat.
De momento, fuentes de la dirección de Junts sacaron pecho del cambio de posición del PSOE, informa Carlota Camps. Los avisos de ruptura lanzados por los posconvergentes esta semana no han conseguido mover a los socialistas hacia la admisión a trámite de la iniciativa, pero al menos sí han logrado que los socialistas recularan en su determinación de tumbarla. Una especie de tablas beneficiosa para ambas partes, que da más tiempo a la negociación. Desde el inicio, la posibilidad de acabar retirando -o no votando a favor- de la proposición ha estado encima de la mesa de la cúpula de Junts. “Una cosa es tramitar y otra el estado de los temas a la hora de sustanciarlo”, apuntaban desde las filas posconvergentes esta misma semana. Pero la posición quedará definitivamente fijada por Puigdemont este viernes.
Fuentes de la dirección del PSOE y el grupo parlamentario, mientras tanto, señalaron que el pacto en esta última materia no se encuentra lejos. El aplazamiento, explicaron, es también la "salida más digna" para Junts. "Ellos no querían reformular su proposición no de ley, porque se iba a ver como una cesión excesiva si era a cambio de nada. Ahora la iniciativa se queda encima de la mesa y ellos tienen un mes para intentar apretarnos, desencallar algún tema y entonces retirar la proposición porque consideran que hemos cumplido y han recuperado la confianza", dijeron.
Otro alto dirigente considera que Junts en realidad no tiene intención de romper. “¿Por qué van a querer acabar con la situación de privilegio que tienen? Nunca sus diputados van a tener más peso que ahora. Puigdemont lo que quiere es visibilidad. Necesita impactos mediáticos intensos", argumentó. Y en este complejo marco, concluyó, el Gobierno ha contado con la “inestimable ayuda” de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, quien volvió esta semana a tender la mano a Junts para que se sume a una moción de censura junto a su partido y Vox. El secretario general de los posconvergentes, Jordi Turull, tachó la idea de “broma macabra”.
Desde el otro ala del Ejecutivo, el secretario primero del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, admitió que la decisión de este jueves es política y busca "proteger la mayoría de la investidura" a la vez que se mantiene el respeto al reglamento de la Cámara Baja. Según dijo, el objetivo de este aplazamiento es "poder seguir hablando" de Presupuestos, vivienda o la derogación de la 'ley mordaza'. "En aras de mantener la legalidad parlamentaria y el respeto del reglamento del Congreso y en aras de poder seguir discutiendo sobre cuestiones que son importantes para la ciudadanía, vamos a seguir estudiando la cuestión", zanjó.
Debate jurídico
La decisión de la Mesa, en cualquier caso, se sustenta sobre el informe que emitieron los letrados del Congreso a mediados de diciembre y en el que avalaban la admisión a trámite de la proposición no de ley, aunque reconocían que al no haber precedentes sobre esta cuestión "corresponde a la Mesa fijar criterio". En este informe, los letrados detallan que el actual caso "presenta un matiz significativo", dado que "una cosa es pretender que la Cámara ejerza una competencia propia por un cauce distinto al previsto -la moción de censura-, y otra es instar al presidente del Gobierno a que ejerza una competencia que es suya -plantear una cuestión de confianza-, lo que no deja de ser la esencia misma de una proposición no de ley".
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