"Operación coordinada" de la Fiscalía y "urgencia" por el novio de Ayuso, indicios que apuntalan la causa contra el fiscal general

El auto del magistrado Ángel Hurtado que imputa formalmente y por primera vez en la historia de nuestra democracia a un fiscal general del Estado en ejercicio -- al citarle en calidad de investigado ante el Tribunal Supremo -- desoye todos los argumentos desplegados hasta el momento tanto por la defensa que ejerce la Abogacía del Estado como por la propia Fiscalía, que no ve delito alguno en la actuación de Álvaro García Ortiz. 

Por contra, el magistrado instructor introduce en su resolución un relato de hechos que, pese a su carácter indiciario, resulta muy comprometedor para el jefe de los fiscales españoles, apuntando la existencia de una "operación coordinada" del denominado equipo de Fortuny (por el nombre de la calle que da acceso a la Fiscalía General) realizada con prisas, "urgencia" y en medio de una "gran tensión" para responder a una información periodística que afectaba a un particular, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La investigación realizada hasta el momento ha arrojado indicios que apuntalan la investigación realizada a García Ortiz y a sus colaboradores, que son la ya investigada desde el inicio del procedimiento Pilar Rodríguez, jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, y el recientemente imputado Diego Villafañe, considerado mano derecha del fiscal general en un órgano clave como es la Secretaría General Técnica. 

Se basa en el testimonio de los testigos que ya han comparecido --periodistas y el jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez-- y sobre todo en los informes de la UCO sobre el material incautado a Rodríguez y los que concluyen que el fiscal general borró los mensajes que intercambió e incluso cambió de terminal telefónico tras iniciarse las pesquisas en el alto tribunal.

Horas exactas, claves en la investigación

Entre los hitos de la investigación, Hurtado destaca el ambiente de "urgencia y gran tensión" que se desprende del intercambio de mensajes entre Rodríguez y el fiscal general la noche del 13 de marzo pasadas las 21 horas y hasta la media noche. En esta investigación las horas exactas de las comunicaciones son claves para conocer lo ocurrido, y el periodo señalado arranca desde poco después de que el diario El Mundo publicara una información alusiva a un posible pacto entre Alberto González Amador y la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude a Hacienda cuya iniciativa se atribuía al fiscal, cuando en realidad éste respondía a una propuesta del abogado del empresario realizada semanas antes, el 2 de febrero.

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Desde la Fiscalía y la defensa se habla del interés en "desmentir un bulo", una consideración que por el momento a Hurtado no le sirve para considerar justificada la actuación de García Ortiz. En respuesta a sus peticiones, fue a las 21.59 cuando el fiscal general recibió de Pilar Rodríguez, en su correo gmail particular, el documento original de la defensa de González Amador proponiendo el pacto que Rodríguez había recabado inicialmente del fiscal del caso, Julián Salto. Con "los pasos que da antes para lograr hacerse con él", el instructor apunta con ello, sin citarlas, circunstancias como que se obligara a Salto a abandonar un partido de fútbol al que había acudido para poder buscar los documentos y realizar el envío requerido.

Hurtado enlaza este envío con la publicación a las 23.51 del citado e-mail en la web de la Cadena SER y la elaboración de una nota que se difunde a los medios de comunicación en la mañana del día 14 para afirmar el "papel relevante" del fiscal general en la divulgación de una información "reservada y confidencial que no debió divulgarse". Para ello se habría valido de "su posición de preeminencia por ser superior jerárquico" del resto de fiscales implicados.

El expediente fiscal del novio

Otro grupo de indicios apuntan a la filtración a la prensa, no ya del correo de la defensa de González Amador, sino de la información relativa a la investigación sobre un posible delito fiscal cometido por el empresario. Esta denuncia, según el relato de hechos del magistrado Hurtado, fue remitida el 7 de marzo por el fiscal del caso a Pilar Rodríguez a petición de ésta, quien a su vez la reenvía a Fiscalía General a través de Villafañe. Como la documentación no llegara completa en este correo del día 7, a primera hora del día después el considerado mano derecha de García Ortiz en la Fiscalía general envía WhatsApp a María Pilar Rodríguez para que le remita lo que falta, lo que se cumplimenta. Además, Rodríguez se pone "a disposición" del fiscal general en otro mensaje enviado al propio García Ortiz a las 10.22 horas de ese mismo día.

La información se publica en elDiario.es a las 6.00 horas del 12 de marzo, cuando el abogado de González Amador no disponía de tal denuncia, que le fue remitida por el fiscal del caso, Salto, a las 09.23. Preguntada por el responsable de prensa en la Fiscalía de Madrid Rodríguez admite en un mensaje remitido a éste que "la información publicada en dicho diario es suya, que de ella dio cuenta la semana pasada", apunta el juez. 

Un mensaje más destacado en el auto concreta lo ocurrido con este expediente, según destaca el juez Hurtado. Se trata de otro WhatsApp que Rodríguez, envía a Ana García León, fiscal Jefe de la Secretaría a las 10:26 del 13 de marzo, en el que le relata, refiriéndose al jueves 7 de marzo: "Diego me pidió las diligencias y le mandé toooodo. Así que imagino que después de analizarlas, es cuando se ha dado publicidad por FGE".

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Moncloa y la "finalidad política".

Un tercer bloque de indicios apuntan las gestiones realizadas desde Moncloa para filtrar a un medio digital afín el documento elaborado por la defensa de la pareja de Ayuso para buscar un pacto con la fiscalía. Según refleja el relato de hechos realizado por Hurtado, "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno" donde el mismo 14 de marzo se puso a disposición del testigo Juan Lobato Gandarias, portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, al objeto de que hiciera uso de él, con una clara finalidad política", llega a afirmar.

Entre los puntos clave, las dudas que Lobato plantea --según revelan sus comunicaciones con la asesora en Moncloa Pilar Sánchez Acera-- sobre si dicha información se había ya publicado en algún medio "hasta el punto que pide que se le confirme este extremo, pues, como diría en WhatsApp que envía a las 08:44 de ese mismo día: "Porq si no parece q me la ha dado la fiscalía». O en el que envía a las 09:00 a sus propios colaboradores en la Asamblea de Madrid: «Y pilar quiere q yo saque el mail de fiscalía. Q no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser".

"Ante estas circunstancias, desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio ElPlural.com del correo de 2 de febrero de 2024 entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal, donde aparece, pero con los datos personales tapados, que es el que muestra en la Asamblea Juan Lobato, y que no lo estaban en el correo que con anterioridad había recibido él de Presidencia", concluye su el juez en su relato sobre este asunto.