En Catalunya
Irídia pide al TC que investigue la infiltración de policías en movimientos sociales
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Archivo - Agente de la Policía Nacional. / POLICÍA NACIONAL - Archivo


Sara González
Sara GonzálezPeriodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Los casos de infiltraciones de policías en movimientos políticos y sociales ha sacudido de nuevo este lunes la política en Catalunya. Después de que el programa "30 Minuts" de TV3 emitiera un documental producido por el digital La Directa que aporta información inédita sobre esas actuaciones, la entidad en defensa de los derechos humanos Irídia ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para reclamar que se investigue esas infiltraciones después de que la justicia archivara la querella que ocho mujeres activistas presentaron contra uno de los agentes.
El recurso denuncia que la negativa de la justicia a investigar las infiltraciones supone una "grave" vulneración de los derechos humanos, además de un "incumplimiento grave de la obligación del Estado de garantizar la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes". Ocho mujeres activistas con quien el policía intimó mientras estuvo infiltrado, entre los años 2020 y 2022, presentaron en enero de 2023 una querella contra él por delitos contra la integridad moral o tortura, descubrimiento y revelación de secretos, contra el ejercicio de los derechos cívicos y contra la libertad sexual.
Sin embargo, en octubre de 2023, el titular del juzgado de instrucción número 21 de Barcelona rechazó investigar al policía nacional infiltrado, al no ver indicios de delito en la conducta del agente, una resolución que después fue confirmada por la Audiencia de Barcelona.
El recurso, que Irídia ha presentado este lunes ante el TC, subraya la necesidad de que el alto tribunal se pronuncie sobre los límites legales y éticos del uso de las "relaciones sexoafectivas" por parte de los policías infiltrados, ya que esta práctica afecta "gravemente la dignidad, la libertad sexual y la participación política de las personas afectadas", al tiempo que "criminaliza" los movimientos sociales.
Por su parte, Òmnium Cultural ha denunciado "revelación de secretos" porque Òscar Campos, una de las víctimas del espionaje, trabajaba en la entidad, que se considera "directamente afectada" por estas infiltraciones: "Esto supuso que la policía española tuviera acceso a la intranet de la entidad, participase en los actos y pudiese obtener información confidencial y reservada de Òmnium".
En un comunicado, el líder de la entidad, Xavier Antich, ha denunciado que estas prácticas de espionaje son "más propias de un estado policial que de un Estado de Derecho", por lo que pide acabar con la "impunidad". La querella que interpuso en noviembre de 2023 Campos sigue encallada en los juzgados.
El papel de Marlaska
Por su parte, los Comuns han reclamado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que dé explicaciones. La portavoz del partido, Aina Vidal, ha tachado de "inadmisible" la actuación de los agentes, que mentían sobre su identidad para entablar relaciones personales con activistas, unos hechos acreditados a partir de 2019, es decir, ya durante el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.
"Se espía a movimientos sociales para derribar pilares fundamentales de nuestro estado de derecho", ha lamentado Vidal, que ha puesto en el punto de mira a Marlaska. "No es un ministro que nos guste, es muy grave, debe dar explicaciones por voluntad propia", ha insistido. Hay dirigentes del partido, como el diputado en el Parlament Andrés García Berrio, que ha ido más allá y ha asegurado que "hace tiempo que no debería ser ministro", además de apuntar que las actuaciones policiales acreditadas afectan al derecho de reunión y de asociación.
Desde el PSC han respondido que desconocen por ahora el contenido del documental, por lo que la portavoz del partido, Lluïsa Moret, se ha limitado a decir que "si ha habido prácticas ilícitas e inadecuadas deben investigarse".
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