¿Qué se sabe y qué no del pacto PSOE-Junts sobre el traspaso de las competencias en inmigración?

El 2024 empezó con sorpresa. El 10 de enero, justo hoy se cumple un año, Junts aprobó 'in extremis' los primeros tres decretos del Gobierno de Pedro Sánchez. Era la primera prueba de la nueva relación entre los dos socios después de su investidura y se logró superar, aunque por un elevado precio. Los posconvergentes pasaron del 'no' a la abstención tras arrancar varios acuerdos de calado al Ejecutivo central, entre ellos el traspaso de las competencias en inmigración a Catalunya.

"Junts se ha abstenido en la votación tras llegar a un acuerdo para mejorar el autogobierno y las condiciones de vida de los catalanes. Entre estas medidas destacan la delegación de las competencias sobre inmigración a la Generalitat, mediante la vía del artículo 150.2 de la Constitución a través de una ley orgánica específica para Catalunya", rezaba el comunicado emitido por el partido al terminar la votación en el Congreso de los Diputados.

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12 meses después, sin embargo, no se conoce ni siquiera el redactado de la dicha ley, que posteriormente deberá ser debatida y aprobada por la Cámara baja. Junts y el PSOE se había propuesto tenerla lista antes de terminar el 2024, pero el nuevo año empezó sin conseguir solventar las diferencias entre las partes. La poca concreción del pacto alcanzado hace un año dio lugar a múltiples lecturas e interpretaciones dispares que se mantienen a día de hoy.

Fronteras y gestión de expedientes

El principal escollo, desde el primer momento, son las fronteras. Los posconvergentes defienden que el traspaso debe incluir el control de fronterizo por parte los Mossos d'Esquadra como "policía integral de Catalunya". Sin embargo, el Gobierno considera que este extremo sería inconstitucional. "Las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, y no son susceptibles de ser transferidas", sentenció en septiembre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en unas declaraciones que enfurecieron enormemente a Junts, que habitualmente denuncia que el PSOE tiene un discurso en la mesa de negociación en Suiza y otro en el Estado.

Sin embargo, este no ha sido el único motivo de disputa. Otro de los obstáculos importantes, tal y como reveló el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en EL PERIÓDICO, es la resolución de expedientes. El número dos del partido denunció, a mediados de diciembre, que el Gobierno trataba de dejar el traspaso en una "encomienda de gestión". Es decir, permitir que la Generalitat tramitara y comunicara las resoluciones de todos los expedientes -desde los NIE a los permisos de residencia y trabajo-, pero sin capacidad de resolución, algo que Junts considera inaceptable.

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Silencio en las negociaciones

En los últimos días, el silencio se ha vuelto a imponer tanto en las filas de Junts como en las del PSOE. Aunque a finales de noviembre Turull aseguraba que solo quedaban "flecos" por resolver y Sánchez remataba unos días después mostrándose optimista con el pacto, las relaciones se volvieron a enfriar poco después hasta el punto de que el presidente del partido, Carles Puigdemont, lanzó una especie de ultimátum con su propuesta de cuestión de confianza al jefe del Gobierno, que la Mesa del Congreso aún no ha tramitado.

En estos momentos, los posconvergentes se limitan a decir que siguen "encallados" y descartan que el acuerdo sea inminente. Lo que sí han anunciado, paralelamente, es que empezarán a redactar una futura ley catalana para gestionar la inmigración desde el Parlament una vez el traspaso tenga la luz verde. Sería en este punto donde Junts podría introducir sus políticas, como la obligación de tener conocimiento de la lengua catalana para acceder a los permisos de residencia y trabajo, y evitaría así dejar la decisión de cómo gestionar las competencias únicamente en manos del Govern de la Generalitat liderado por Salvador Illa.

Los otros incumplimientos

El enojo de Puigdemont con el cumplimiento de los acuerdos con el PSOE no se explica solo por la tardanza en el pacto migratorio, sino por la larga lista de incumplimientos que se arrastra desde el pacto de investidura. Sin ir más lejos, el acuerdo alcanzado hace un año por estos primeros decretos de Sánchez también incluía otras cuestiones como la publicación "inmediata" de las balanzas fiscales, la modificación de la ley de sociedades del capital para revertir el decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que facilitó la fuga de empresas de Catalunya en 2017 o la eliminación del IVA del aceite. La dos primeras tampoco se han cumplido y la tercera se aplicó solo durante tres meses.

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