El fiscal general se considera víctima de un juicio paralelo en la causa por revelación de secretos del novio de Ayuso

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo en el que denuncia ser víctima de un juicio paralelo del que responsabiliza directamente a las acusaciones populares personadas en el procedimiento que se sigue contra él por un delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Las considera responsables de la vulneración de su "intimidad en el entorno digital, a un proceso equitativo con todas las garantías procesales y a la presunción de inocencia, así como al derecho a la protección de datos de carácter personal" que dice haber sufrido.

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En un escrito de 20 páginas, al que ha tenido acceso este diario, García Ortiz denuncia que se han dado a conocer sus datos, como que en su teléfono no conservaba ningún mensaje, según comprobaron los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que examinaron el terminal por orden del juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado. Para evitar que se vuelva a producir esa situación, el mismo día que el PSOE anuncia una reforma para limitar las acusaciones populares, la Abogacía del Estado, que ejerce su defensa y la de la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodíguez, reclama al magistrado que acuerde la unificación de las acusaciones populares personadas en el procedimiento.

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Insta "de manera expresa la tutela y garantía del magistrado instructor" y propone la apertura de una pieza para castigar con las multas previstas en la ley las filtraciones que se produzcan en el procedimiento, que consideran que le han hecho víctima de "un juicio paralelo que se está realizando por las acusaciones particular y populares en los medios de comunicación", a las que atribuiye "un abuso en el ejercicio de su derecho".

El escrito dice no poner "en cuestión la necesaria publicidad de un asunto penal de la transcendencia e interés público que representa esta causa especial. Y, en tal sentido, se considera razonable y lógica la difusión institucional de las noticias realizadas por el CGPJ. Ahora bien, lo que sí se denuncia es que esta publicidad está realizándose de manera parcial y sesgada, en contra del principio de presunción de inocencia. Difusión que no solo es ilegal, sino que impide que los investigados puedan contradecir las expresiones parciales o interesadas que efectúan las acusaciones en los medios de comunicación", argumenta, tras reproducir una relación de noticias de cuyo sentido discrepa.

Señala que "se está produciendo el riesgo de que se realizan filtraciones ilegales, con vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, a un proceso con plenas garantías, a la presunción de inocencia y a la intimidad en un entorno digital, del contenido de las diligencias de instrucción e informes sobre los dispositivos electrónicos o de los mensajes privados (o ausencias de mensajes) que en ellos se hayan encontrado con una divulgación interesada y sesgada de esta información".

Como entre los datos divulgados figuran también sus números de teléfono, el fiscal general propone que el responsable de su tratamiento en la causa comunique "a la autoridad de control de protección de datos (Consejo General del Poder Judicial, a través de la Dirección de Supervisión y Control de Protección de Datos) la existencia de esta vulneración a las normas de protección de datos en esta actividad jurisdiccional, así como las medidas que se vayan adoptar".

Nuevo imputado

Por su parte, la acusación particular que ejerce el empresario Alberto González Amador, al sentirse perjudicado porque se conociera que había ofrecido un pacto a la fiscalía que pasaba por admitir la comisión de dos delitos fiscales, también ha presentado un escrito en el que pide al juez Hurtado que ahonde en una anotación intervenida a la fiscal Rodríguez sobre la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, antes de que se abriera el procedimiento penal en el que está imputada.

Sostiene que la fiscal jefa provincial mintió a los agentes de la UCO que intervinieron en el registro de su despacho en relación con la anotación de su agenda, al decir que obedecía a que tenía que pedir a los representantes del ministerio público del caso que le dieran cuenta de lo que ocurriera, porque ni siquiera aún había caso. También sostiene que faltó a la verdad en sus declaraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al explicar cómo se enteró de que la pareja de Ayuso estaba implicado en posibles delitos fiscales. Argumenta que lo supo por el número dos de la secretaría técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, cuya imputación reclama.

Precisamente, el juez Hurtado ha dictado un auto este viernes en el que, consciente de las informaciones sobre la causa que han ido apareciendo, que en algún caso ha remitido a los juzgados de Madrid para su investigación, ha anunciado que las declaraciones no se grabarán en vídeo, sino que simplemente serán transcritas.