Los retos del Govern
Illa se la juega en 2025 con la financiación singular y la gestión de los trenes
Del FLA a la inversión en vivienda: la carrera de obstáculos de Illa para aprobar presupuestos
Illa cierra el año sin sobresaltos pero sin presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante la última reunión del Govern de 2024 / ACN


Sara González
Sara GonzálezPeriodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Más devoto de la cultura del esfuerzo que de la del deseo, el president de la Generalitat, Salvador Illa, admite que pide poco al año 2025. Le vale con poder continuar con ese "cambio de etapa" de la que presume centrada en el sosiego de la gestión. Ni siquiera la compleja negociación de presupuestos le inquieta, convencido de que puede garantizar la estabilidad aunque al frente de los dos grandes partidos independentistas vuelvan a estar Oriol Junqueras y Carles Puigdemont. No obstante, por delante tiene grandes retos que ha prometido por activa y por pasiva que piensa cumplir. Se la juega especialmente en dos de ellos: la consecución de la financiación singular y la materialización del traspaso de Rodalies.
Durante este primer tramo del año debería empezar a concretarse el modelo de financiación singular pactado por el PSC con ERC a cambio de la investidura de Illa, la carpeta estrella de la que dependerá la estabilidad de la legislatura. El Govern ha prometido que así será y que todo estará listo para que en el año 2026 la Agència Tributària de Catalunya esté en disposición de recaudar el IRPF. Para ello, hay varios trabajos en paralelo. Por un lado, el grupo de expertos que asesora a la conselleria de Economia debe detallar cómo proceder para multiplicar por cuatro los recursos de la hacienda catalana. Los presupuestos de 2025, apunta el ejecutivo, ya deberían dar cuenta de ello.
Pero si técnicamente el desafío es mayúsculo, políticamente tampoco se presenta sencillo. Durante el primer trimestre del año, el Govern prevé que el acuerdo con ERC dé un salto cualitativo y pase a ser un pacto entre instituciones en la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat que se celebrará. Sin embargo, habrá que ver cómo casa eso con el rechazo mayoritario de los presidentes autonómicos a la hora de reformar el modelo de financiación. Pedro Sánchez espera aplacar las críticas con la quita de la deuda del FLA a los territorios, mientras que Illa espera limar asperezas con sus homólogos con un 'tour' territorial que, a la espera de confirmarse, podría empezar a finales de enero en Canarias.
ERC, capitaneada de nuevo por Oriol Junqueras, ha lanzado un mensaje claro y meridiano al president: sin que se cumpla todo lo comprometido antes no habrá acuerdo para los presupuestos de 2025. La materialización de la quita de la deuda del FLA y los avances en la financiación son dos de las exigencias verbalizadas, materias para las que Illa necesita margen de tiempo porque están en buena parte en manos del Gobierno de Sánchez. De ahí, y de la necesidad de no presionar a los republicanos, que haya dicho que no tiene "ninguna urgencia" por aprobar las cuentas.
La negociación con los Comuns avanzan, pero con ERC están aún por empezar porque justo acaban de cambiar los interlocutores. En Palau dan por hecho que Junqueras no lo pondrá nada fácil, aunque también sostienen que, con un pacto de investidura tan reciente, no tendría sentido que los republicanos no arrimaran el hombro para contar con la principal herramienta para que lo pactado pueda llevarse a cabo. No obstante, fuentes del Govern aseguran que, incluso sin lograr aprobar nuevos presupuestos se podría continuar la legislatura con los de 2023 prorrogados, pero habría limitaciones y el mandato del ejecutivo más turbulento. Este mes de enero, la consellera de Economia, Alícia Romero, empezará la ronda con agentes sociales para explicar las líneas maestras de las cuentas.
Hay otra carpeta con un importante impacto en la ciudadanía con la que Illa se la juega este 2025: la gestión de los trenes de la red de Rodalies, que acumula años de desinversión que el Gobierno trata de revertir y cuyo traspaso integral fue uno de los acuerdos de ERC con el PSOE a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La empresa mixta entre la Generalitat y el Estado que pasará a gestionar la red ferroviaria debería haber sido constituida antes de que se acabara 2024, un retraso que debería solventarse en el primer tramo de 2025; y el traspaso de la línea R1, la del Maresme, debe culminarse también a principios de este año.
Con un largo historial de averías y caos, los usuarios pasarán a pedir cuentas del funcionamiento de los trenes al Govern de Illa, que ya prepara el terreno con advertencias de que las obras que se están llevando a cabo para mejorar la infraestructura continuará teniendo afectaciones para los viajeros. Al comisionado de Rodalies, Pere Macías, se le avecina trabajo.
El acceso a la vivienda y la seguridad copan los ránkings de preocupaciones de los ciudadanos, dos materias ante las que el Govern ha presentado sus propios planes. La promesa de construir 50.000 pisos públicos que ha hecho Illa no tendrá resultados inmediatos, pero sí que podrá ser evaluable si la regulación de los alquileres de temporada y el régimen sancionador de la ley de vivienda que prevé poner en marcha la Generalitat logra tener un impacto en la contención de precios. Esta es, sin duda, una de las carpetas que van a marcar la legislatura tanto en Catalunya como a nivel estatal.
Illa también ha puesto la cara por el plan contra la multirreincidencia para "romper la curva delictiva", puesto que los datos de 2023 registran los niveles más altos de los últimos 15 años. Para ello, ha anunciado un incremento del cuerpo de Mossos hasta los 25.000 agentes, pero también pactado con el Gobierno cinco nuevos juzgados en Barcelona para agilizar los juicios rápidos. La evolución de los datos delictivos determinarán si su estrategia es o no efectiva.
Aunque Illa tenga a ERC y a los Comuns como socios prioritarios, su Govern no es ajeno a lo que suceda en los próximos meses con Carles Puigdemont. La estabilidad y la continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez tiene también reverberación en Catalunya para un PSC que se ha visto catapultado con el PSOE en la Moncloa y que lo que menos quiere en estos momentos es unas elecciones generales que altere la placidez de la legislatura. El president ha asegurado que su deseo es que los tribunales apliquen la amnistía al líder de Junts y que éste pueda regresar. No descarta incluso reunirse con él.
Pero, a la vez, el regreso de Puigdemont a Catalunya si es exonerado también tendrá un impacto en la placidez con la que hasta ahora ha transitado la legislatura. Es diputado del Parlament, así que, en caso de que el Tribunal Constitucional dé el visto bueno a la amnistía, habrá que ver si decide desempeñar el rol de jefe de la oposición y qué impacto tiene sobre el mandato de Illa.
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