El Govern concluye que ERC se saltó la ley al designar a Romeva como presidente de la Fundació Irla

"Las fundaciones vinculadas a partidos políticos se someten al Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, sin que se contemple en este Código ningún régimen especial regulador por el hecho de estar vinculadas a un partido político". Esta es la conclusión que saca el Govern del examen de la situación de todas las fundaciones relacionadas con fuerzas políticas. El informe, elaborado por la conselleria de Justícia, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, señala que Raül Romeva fue nombrado presidente de la Fundación Irla -vinculada a ERC- el 17 de enero de 2024 y recuerda que los requisitos para acceder al cargo son "no estar inhabilitado para ejercer cargo público o para administrar bienes" y "no haber estado condenado por delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". Unos requisitos que Romeva no cumplía cuando fue designado por la entidad, una decisión que fue avalada por el entonces Govern de Esquerra, concretamente por la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, adscrita a la conselleria de Justícia. El informe, que fue encargado por el actual Ejecutivo catalán después de que este diario señalara esta vulneración, coincide con la decisión de la fundación de relevar al exconseller del cargo.

Romeva fue condenado a 12 años de cárcel e inhabilitación absoluta por un delito de sedición y malversación por la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. A pesar de que el indulto y la reforma del delito de sedición mitigaron su condena, el Tribunal Supremo decidió mantener su inhabilitación hasta el año 2030 al considerar que cometió malversación agravada y, recientemente, ha rechazado aplicarle la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Actualmente, Romeva está a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige o no al alto tribunal y le exonera. Desde la Fundación Irla explican que decidieron nombrar a Romeva como presidente, a pesar de su situación, porque creían que se le aplicaría la amnistía a corto plazo, ya que en aquel momento se estaba tramitando en el Congreso. La elección de Romeva se produjo en enero, pero la aprobación definitiva de la norma no tuvo lugar hasta el 30 de mayo y, a día de hoy, no se le ha aplicado ni hay un calendario claro para ello.

El Govern de ERC avaló que Romeva presidiera la Fundació Irla pese a estar inhabilitado

Por este motivo, la entidad anunciaba el viernes, a través de un comunicado, que, debido a que la inhabilitación del exconseller "se ha alargado mucho más tiempo de lo que se preveía en el momento de su incorporación", se había decidido que Romeva dejara el cargo de presidente y patrón de la fundación. Sin embargo, seguirá vinculado a la organización y ejerciendo como portavoz, puesto que no está obligado a cumplir con el requisito de no estar inhabilitado para ello.

El caso Borràs

El informe del Govern no menciona en ningún momento a Laura Borràs, que teóricamente debía ser designada como presidenta de la FunDem, la fundación vinculada a Demòcrates que, a raíz del acuerdo de confluencia entre Junts y esta formación, debe pasar a ser el órgano de pensamiento del partido liderado por Carles Puigdemont. No la cita porque FunDem aún no ha iniciado ningún trámite para proponer a Borràs como presidenta, antes debería aprobarlo el patronato del 'think tank' que aún no ha abordado la cuestión. Sin embargo, la conclusión del caso Romeva marca el camino de la expresidenta posconvergente, ya que sobre Borràs también pesa una sentencia -aunque aún no es firme- de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Las cuatro trabas de Laura Borràs para ser presidenta de la fundación de Junts

Desde el primer momento en el que se señaló la posible vulneración del código civil catalán, Borràs ha alegado que su inhabilitación es para "cargos públicos electivos" y que ello solo le hace "inelegible" en unas elecciones. Además, ha puesto como ejemplo que esta sentencia no ha impedido que siga ejerciendo como profesora desde su plaza de funcionaria del Estado y, al considerar que su juicio fue 'lawfare', también ha pedido que se le aplique la amnistía, a pesar de que no está estrictamente relacionada con el 'procés'.

Sin embargo, el caso de Borràs aún tiene una complicación más que el de Romeva, ya que incumple los dos requisitos mencionados y no solo uno. Borràs ha sido inhabilitada y su condena es por un delito de falsedad documental, además de por prevaricación. A su favor está que su sentencia no es firme, y esto podría darle margen para litigar, pero deberá convencer a los actuales patronos del 'think tank', que ya han hecho llegar sus dudas al partido sobre la idoneidad de su candidatura. Ni el informe del Govern ni la normativa catalana especifican si los requisitos son aplicables solo en caso de sentencia firme.

Código ético

Lo que sí propone el Executiu en su informe es la elaboración de un código ético que mejore la "transparencia" de las fundaciones, especialmente de las vinculadas a partidos políticos. El documento elaborado por el Departament de Justícia recuerda que la ley de partidos políticos -la Ley Orgánica 6/2002- establece la creación de un censo de fundaciones justamente para garantizar su transparencia y señala que en el registro actual no consta la FunDem "por no haberlo pedido" y haber sido constituida "con posterioridad al alta censal de oficio" hecha por la propia conselleria y que incluyó de facto "el resto de entidades".

Aunque en la actualidad ya no se otorgan subvenciones a este tipo de 'think tank', lo que daba más trascendencia a este censo, el departamento ahora dirigido por el conseller Ramon Espadaler considera "conveniente elaborar un código ético para las fundaciones", que sería de adhesión voluntaria, para dar "un plus de transparencia y buen gobierno" y "aumentar la confianza en su gestión".

Por todo ello, la conselleria ha anunciado ya la creación de un grupo de trabajo multidisciplinario para preparar el contenido de dicho código.