Los Mossos confirman el espionaje a Aragonès con Pegasus sin aval judicial durante un año

Los Mossos d'Esquadra ya han analizado el teléfono móvil de Pere Aragonès y han confirmado que el expresidente fue espiado con el programa Pegasus en 2018 y 2019 sin la pertinente autorización del magistrado del Tribunal Supremo que supervisa este tipo de operaciones, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO.

El aval judicial fue posterior a esta fecha y abarcaba del julio de 2019 hasta abril de 2020. De esta manera, la policía de la Generalitat corrobora el informe pericial de la empresa de ciberseguridad Citizen Lab y que identificó los ataques a través de ese sistema en fechas diferentes. Los Mossos concretan que estos procesos maliciosos estuvieron activos entre el 9 y 10 de julio de 2018 y entre el 4 de julio de 2019, cuando todavía no existía aval judicial, y el 24 de octubre de ese mismo año, cuando la injerencia ya estaba amparada por una resolución judicial. La policía sostiene que no se ha podido establecer el destino de la información extraída. Otro ataque se produjo el 2 de marzo del 2020. Los agentes no mencionan en ningún momento al CNI.

Aragonès, a través de X, ha denunciado que ha pasado “toda” su vida “personal y política” siendo “espiado ilegalmente”. “Ahora lo certifica también un análisis pericial policial. El CNI y todos los implicados deben asumir responsabilidades. Iremos hasta el final”, ha añadido.

En este proceso judicial que instruye el juez Santiago García, titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, únicamente está imputada por ahora la exdirectora del CNI, Paz Esteban, aunque la causa se podría ampliar a su antecesor, Félix Sanz Roldán, que en 2018 ocupaba ese cargo y finalizó su mandato el 5 de julio de 2019. La Audiencia de Barcelona confirmó la imputación de Esteban el pasado 24 de octubre. El tribunal de la Sección Novena consideró que la petición de archivo solicitada por la Abogacía del Estado, que representa a la exalto cargo, es "prematura", al no haber sido "agotada la investigación", a la vez que subrayaba que "no puede excluirse" su participación en la injerencia en el teléfono móvil del expresidente.

Unas de las diligencias que estaban pendientes de practicar, precisamente, el análisis del teléfono móvil de Aragonès, con el objetivo de aclarar si la intrusión se limitó a los periodos autorizados judicialmente o, en cambio, se efectuó en otros periodos. La inspección del móvil de Aragonès se ha efectuado y el juez tiene en sus manos el informe de los Mossos para decidir cómo continúan las pesquisas. 

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Negociaciones y moción de censura

En su declaración ante el juez, el expresident Aragonès sostuvo que durante el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, participó en negociaciones políticamente sensibles, como la formación del Govern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del Ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los Presupuestos y la mesa de diálogo.

En todas esas negociaciones él ostentaba la máxima representación de su partido en el Govern y también como dirigente de ERC, ya que Oriol Junqueras estaba encarcelado. El teléfono de Aragonès fue infectado a través de mensajes de móvil (SMS). Se desconoce la información que pudo sustraerse, porque, según fuentes conocedoras del proceso judicial, el expresident no se percató de que su teléfono había sido intervenido. Además, según las mismas fuentes, uno de los periodos en que fue espiado se corresponde al inicio de la pandemia de covid, cuando se hizo más habitual el uso del móvil.

Por otra parte, el juez que investiga el espionaje con Pegasus de los exdiputados de la CUP Albert Botran, Carles Riera y David Fernández, ha pedido al CNI, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que aporten toda la información de que dispongan sobre el caso, después de que un informe de Mossos haya corroborado que sus teléfonos fueron atacados con el software malicioso. En una providencia, a la que ha tenido acceso este diario, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona, José Antonio Cruz, ha acordado además librar una orden europea de investigación a las autoridades de Luxemburgo, tal y como solicitaba la fiscalía, para que identifiquen las cuentas bancarias a nombre de las empresas del grupo NSO.

El objetivo del juez es saber los movimientos de esas cuentas bancarias entre los años 2016 y 2022 para poder identificar a "los posibles pagadores españoles del spyware Pegasus". También ha acordado remitir una comisión rogatoria a Israel para que se requiera a las empresas agrupadas bajo el nombre de NSO las informaciones, datos o registros informáticos que conserven sobre el uso de Pegasus en los móviles de los diputados de la CUP.

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