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El Supremo envía el suplicatorio al Congreso para juzgar a Ábalos: ¿y ahora qué?
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El Supremo pide al Congreso el suplicatorio del exministro Ábalos al apreciar indicios de cuatro delitos en su actuación
Abalos a la salida del Tribunal Supremo / José Luis Roca
Por qué confiar en El Periódico Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel RodríguezPeriodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
Después de que el Congreso de los Diputados acreditara al juez la condición de diputado electo por la circunscripción de Valencia del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, el Tribunal Supremo ha enviado el suplicatorio a la Cámara para poder juzgarlo. El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia del covid, ha encontrado indicios de la posible comisión de, al menos, cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Estas son las claves del periplo parlamentario que se abre ahora:
Los diputados, desde que prometen la Constitución, adquieren la condición de aforados. Esto quiere decir que responden ante la Administración de Justicia de forma diferente al resto de ciudadanos. En este caso, Ábalos solo puede dar explicaciones ante el Tribunal Supremo, pero antes esta institución debe solicitar autorización al Congreso de los Diputados para investigarle. De ahí, este suplicatorio.
Una vez que el Tribunal Supremo ha hecho llegar el suplicatorio a la presidenta del Congreso, esta deberá llevarlo ante la Mesa de la Cámara Baja y, en el plazo de cinco días, remitirlo a la Comisión del Estatuto de los Diputados. Este será el órgano encargado de elaborar un informe en el que quede documentada toda la cuestión. Para ello, dispondrá de 30 días y deberá escuchar al propio Ábalos, que podrá ofrecer su versión por escrito o de manera presencial.
Con el dictamen de la comisión listo, el pleno del Congreso deberá tomar una decisión sobre si concede o no el suplicatorio. Esta votación se hace a puerta cerrada y de manera secreta. Después, con el visto bueno de la Cámara, Armengol deberá informar al Tribunal Supremo de la decisión en el plazo máximo de ocho días. Además, según el reglamento del Congreso, deberá recordar al TS que tiene la obligación de “comunicar a la Cámara los Autos y Sentencias que se dicten y afecten personalmente al Diputado”.
En los últimos veinticinco años se han aprobado todos los suplicatorios que el Tribunal Supremo ha enviado al Congreso y no han sido pocos. El último que fue rechazado por el pleno de la Cámara Baja fue en 1988 y era contra el exministro del Interior José Barrionuevo, al que se pretendía juzgar por un delito contra el honor. Sin embargo, ante la actitud del PSOE es evidente que el Congreso dará el visto bueno al suplicatorio contra Ábalos.
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