Amnistiados los investigados por la financiación del 'procés' a través del Consell de l'Esport

La jueza Alejandra Gil, que sustituye a su homólogo Joaquín Aguirre en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, ha aplicado la ley de amnistía a los investigados por la presunta financiación del 'procés' a través del Consell Català de l'Esport, entre ellos al que fuera secretario general de l'Esport de Generalitat y exdiputado, Gerard Figueras, según el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Esta investigación se inició a raíz de la querella presentada en julio de 2020 por la fiscalía por los presuntos delitos de malversación de fondos, falsedad y tráfico de influencias por las subvenciones públicas que se concedieron desde la Diputació de Barcelona y el Consell General de l'Esport a la empresa pública Equacat que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels, así como los préstamos que esta empresa hizo a la compañía Unipost, que era la encargada de realizar las notificaciones para el referéndum unilateral del 1-O de 2017, y desembolsos a otras entidades, algunas relacionadas con la publicidad.

La magistrada recoge en su auto que el que era director general del Canal Olímpic denunció en su día a la fiscalía que a través de Equacat se gestionaban subvenciones públicas y que los fondos obtenidos (o parte de ellos) iban destinados a financiar el proceso independentista. Consta en el proceso judicial que días antes del referéndum del 1-O, Figueras pidió al responsable del Canal Olímpic que guardase las urnas para la votación en sus instalaciones. También figura en la causa que Equacat, que recibió las subvenciones, pagó a Unipost 18.000 euros para que "realizase el buzoneo del proceso independentista", precisa la togada en su auto.

Antes de la presentación por parte de la fiscalía de esta querella, Figueras ya había sido detenido en noviembre de 2019, en la macrooperación por el caso Voloh por presuntas irregularidades en partidas presupuestarias y subvenciones y contrataciones arbitrarias de una exconcejal de Barcelona, así como dinero desviado a publicidad en revistas de entidades soberanistas.

Sin enriquecimiento personal

La juez sostiene que los hechos investigados "tienen encaje en el ámbito de aplicación de la ley de amnistía", pues se trataría de "actos, consistentes en usar fondos públicos, cometidos con la intención de procurar la independencia de Catalunya, sin que conste enriquecimiento personal ni obtención de un beneficio personal patrimonial", dos cuestiones que impedirían el uso de la ley del perdón.

La magistrada, además, añade que las actuaciones que pudieran ser constitutivas de un delito de falsedad o de tráfico de influencias también serían amnistiables al ser "conexos" con la malversación.

La aplicación de la ley de amnistía produce, por lo tanto, la extinción de la responsabilidad penal y, en consecuencia, la magistrada ha acordado el archivo de la causa. Así, ha admitido la petición no solo de Figueras, que también ha ocupado el cargo de secretario de acció Exterior i de la Unió Europea de la Generalitat, sino también de Lluis Pellisera, exsubdirector general de gestión y recursos humanos del Consell Català de l'Esport.

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