En libertad los socios de Aldama implicados en el fraude de hidrocarburos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha procedido a dejar en libertad sin llegar a ponerlos a disposición judicial al socio de Víctor de Aldama Luis Alberto Escolano y a Carmen Pano, la empresaria que dijo haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz. Los dos fueron arrestados en la causa en la que se investiga un presunto fraude en hidrocarburos de 182 millones de euros, por la que el considerado nexo corruptor de la trama desarticulada en el caso Koldo estuvo en prisión.

Por su parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz también ha acordado dejar en libertad provisional, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, al socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas, quien se encontraba en prisión por este asunto. En su caso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 actúa de igual manera que hizo con Aldama. Al estar la causa bajo secreto y no concurrir acusaciones, salvo la del Ministerio Fiscal, si este y su defensa ha instado la libertad del empresario el magistrado no ha tenido otra opción que acordarla.

 En cuanto a las medidas cautelares, se impone a Rivas la obligación de comparecer cada semana ante el juzgado, la prohibición de salida del territorio nacional sin autorización previa del órgano judicial, con entrega del pasaporte, así como la fijación de un domicilio para las notificaciones.

En cuanto a Escolano y Pano, fuentes jurídicas señalan a este diario que la detención se produjo por iniciativa del Instituto Armado y que tanto ellos dos como la hija de Carmen Pano, Leonor González Pano, que también fue arrestada en la operación desarrollada este lunes en Madrid, Sevilla, Zaragoza y Toledo esperarán en libertad a ser llamados a declarar como imputados ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

González Pano, que fue pareja de Aldama hace años, es quien según la Guardia Civil pagó una parte del chalé en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepción, del que disfrutó José Luis Ábalos. Este extremo fue confirmado por el propio Víctor de Aldama cuando prestó declaración voluntaria ante el juez Ismael Moreno, con la que consiguió salir de prisión, después de que Anticorrupción informara a favor de la petición formulada en este sentido por su defensa. Según el cuerpo policial, Escolano fue el encargado de pagar el alquiler del piso en el que vivía en la Torre de Madrid, en la madrileña plaza de España, la que fue novia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Jésica.

Mientras el caso Koldo se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 2, cuyo titular es Ismael Moreno, el del presunto fraude de más de 182 millones de euros en dos años, corresponde al Juzgado Central número 5, cuyo titular es Santiago Pedraz. El nexo de unión de ambos es el comisionista Víctor de Aldama, que supuestamente hizo que los empresarios de Villafuel que querían lograr una licencia de operador en hidrocarburos pagaran el chalé gaditano y parte del piso de Jésica.

Según los investigadores, la organización disponía de una importante estructura societaria para lograr cometer el fraude fiscal investigado y la modificaban para "asegurar la perfección" del delito que se les atribuye.También contaban con sociedades tanto en España, como en terceros países, para blanquear lo obtenido ilícitamente.

El testimonio de las dos mujeres había sido solicitado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por las acusaciones personadas en el caso Koldo, pero el juez Ismael Moreno decidió ordenar a la UCO que realizara las diligencias oportunas para comprobar la veracidad de las manifestaciones realizadas por Carmen Pano al medio de comunicación.

Según la Fiscalía Anticorrupción al magistrado, lo dicho por Pano sobre que había llevado 90.000 euros en efectivo a Ferraz, en nombre de Aldama, aunque ignoraba quién lo había recogido, se contradice con los informes realizados por los investigadores en la causa. Por eso, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ordenó a la UCO que analizara los dispositivos intervenidos en el procedimiento para determinar la verosimilitud de las palabras de la empresaria.

Por su parte, la acusación que ejerce el PSOE en el caso Koldo defendió su personación en el procedimiento con el argumento de que de ser ciertas sus palabras, en lo que no confiaban, se estaría inculpando de un delito de cohecho, que obligaría a que prestara declaración como imputada, no como testigo, como solicitaban el resto de organizaciones y partidos que ejercen la acción popular en la causa. Con su arresto, ya no hay duda alguna de que de hacerlo en el caso Koldo también será como investigada para poder garantizar su derecho de defensa.