El Supremo admite tramitar la demanda que la pareja de Ayuso presentó contra la ministra Montero por acusarle de fraude con su piso

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha hecho público este lunes un auto en el que admite la demanda para la tutela del derecho al honor de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por unas palabras en la que ésta insinuó que su "piso podría estar pagado con un fraude". El alto tribunal acuerda sustanciar este asunto por los trámites del juicio ordinario.

La demanda, a la que han seguido otras contra otros dirigentes políticos y de la oposición de Díaz Ayuso en Madrid que se han referido al empresario como defraudador, se presentó a principios del pasado mes de octubre, después de que la ministra de Hacienda no se presentase a un acto de conciliación en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid, rechazando así llegar a un acuerdo. Alberto González Amador le reclama 40.000 euros de indemnización.

Plazo para personarse

En su resolución, el alto tribunal da 20 días hábiles a la Fiscalía y a la demandada para que contesten a la demanda. Sobre este extremo, avisa a Montero de que si su abogado o procurador no comparece "dentro del plazo indicado se le declarará en rebeldía procesal".

Montero también indicó que le parecía "llamativo" que Ayuso "tenga un hermano y ahora un novio que parece que están relacionados con presuntos causas de fraude, sean de mascarillas o de comisiones o de cualquier otra cuestión". Dijo además que "se lo tiene que hacer mirar" y le pidió que dé explicaciones "con normalidad, ya quee suele ser "tan rápida" a la hora de contestar. "¿Por qué no responde a esta cuestión?", insistió. Estas manifestaciones considera González Amador que vulneran su honor.

La vicepresidenta primera del Gobierno reaccionaba de este modo, la información sobre la querella que presentó la Fiscalía contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y que actualmente investiga el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. A raíz de esta causa penal se produjo una presunta vulneración de secretos por la publicación en prensa del correo electrónico en el que la defensa del empresario ofrecía un pacto a Fiscalía para evitar llegar a juicio que ha derivado en una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo.