Los tribunales vuelven a condicionar la política siete años después del procés

El Tribunal Supremo, en la cúspide de la organización judicial de nuestro país, tiene como su misión principal fijar doctrina, es decir, garantizar la que los órganos judiciales de todo el país aplican los mismos criterios interpretativos de las leyes. No es, en principio, un órgano instructor, con la excepción de su competencia para investigar a cargos aforados como son los diputados y senadores. Este año 2024, sin embargo, está siendo una excepción y a día de hoy el alto tribunal instruye simultáneamente dos asuntos de excepcional impacto político, como son el caso Koldo y el primero abierto en democracia contra un fiscal general del Estado. A ellos se suma el que puede abrirse en las próximas semanas contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por supuesta financiación ilegal de 'Se Acabó La Fiesta' (SALF).

Esta situación tan particular devuelve al alto tribunal la posibilidad de marcar la agenda política como no ocurría desde que se instruyera y celebrara el juicio contra los dirigentes del procés independentista en Cataluña. La causa mantiene un fleco abierto con respecto al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que además fue objeto de un amago de investigación por terrorismo --por la actividad de Tsunami Democràtic--que fue descartada definitivamente el pasado mes de noviembre, con la denegación de los últimos recursos presentados por Vox y Sociedad Civil Catalana.

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Tras unos meses de relativa calma, con el foco mediático centrado sobre la Audiencia Nacional tras el estallido del caso Koldo y el juzgado de instrucción ordinario que mantiene imputada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, el alto tribunal vuelve a recuperar su protagonismo. En una situación sin precedentes, dos de los magistrados de la Sala de lo Penal, Leopoldo Puente y Ángel Hurtado, instruyen a la vez sendas causas contra un exministro de Sánchez --José Luis Ábalos-- y su fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Este jueves el magistrado Puente y el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, interrogaron a Ábalos, quien denunció ser objeto de una investigación "política", como venganza tras haber denunciado el caso de las mascarillas del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El exministro también culpó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de haber realizado una investigación "ilegal" mientras es aforado en el alto tribunal.

El asunto llegó a la Sala de lo Penal del Supremo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno elevara una exposición razonada contra José Luis Ábalos. La decisión del magistrado Leopoldo Puente de asumir la causa incluye también las actividades realizadas por el presunto comisionista de las mascarillas, Víctor de Aldama, y las del calificado como conseguidor, Koldo García Izaguirre. Los dos tendrán que declarar como investigados en el Tribunal Supremo.

En espera de un informe clave

Por lo que respecta al fiscal general del Estado, la causa también llegó tras una investigación inicial en un órgano inferior, en este caso el Tribunal de Justicia de la Comunidad de Madrid, que había iniciado un procedimiento contra la fiscal jefe provincial Pilar Rodríguez y un fiscal de a pie tras recibir una querella por revelación de secretos por parte de Alberto González Amador, a la sazón pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La razón, la distribución de una nota de prensa con datos confidenciales sobre el pacto que la defensa del empresario ofreció a la Fiscalía para evitar llegar a juicio por fraude fiscal.

La investigación acabó apuntando al fiscal general del Estado por la presunta filtración previa a la prensa del contenido de los citados correos y el tribunal superior elevó una exposición razonada al supremo contra él. Una de las primeras diligencias acordadas por el magistrado Hurtado fue la de ordenar a la Guardia Civil personarse en el despacho de García Ortiz para registrarlo proceder al volcado de sus dispositivos electrónicos, algo sin precedentes en la historia judicial de nuestro país. El resultado de dicha entrada se plasmará en un informe que se espera conocer en los próximos días que puede ser definitivo para exonerar al principal responsable del Ministerio Público o bien reforzar la acusación en su contra.

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El único que por el momento ha declarado en esta investigación ha sido, precisamente, un político. El ya exdirigente de los socialistas madrileños Juan Lobato fue citado por el juez Hurtado un día después de que la prensa publicara que había registrado ante notario una conversación por WhatsApp que mantuvo la mañana del pasado 14 de marzo con Pilar Sánchez Acera, asesora del actual ministro y entonces jefe de gabinete de presidente del Gobierno, Óscar López.  En ella se incluía un pantallazo con el correo electrónico dirigido a la Fiscalía por el abogado de González Amador. Esta causa no podría tener más proyección política, y por el momento ha costado a Lobato el cargo en el partido.

'Alvise' Pérez

Pero, además, el alto tribunal podría recibir en las próximas semanas una exposición razonada desde la Audiencia Nacional para que decida si investiga la financiación de la agrupación de electores ‘Se Acabó La Fiesta’ (SALF), liderada por el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez.

La Fiscalía Anticorrupción ya ha dado el primer paso, y ha pedido al juez José Luis Calama, encargado de investigar la confesión de Álvaro Romillo, que eleve una exposición razonada al Supremo para determinar si este empresario, conocido en internet con el apodo de 'Luis CryptoSpain', pagó, tal y como aseguró él mismo, 100.000 euros en metálico a 'Alvise' para que este sufragara su campaña para las elecciones europeas, saltándose la fiscalización del Tribunal de Cuentas.