Junts paraliza la retirada de los beneficios fiscales al Hard Rock al acudir al Consell de Garanties

La retirada de los beneficios fiscales para el casino del complejo de ocio del Hard Rock deberá esperar. Aunque el Parlament admitió a trámite este miércoles las dos leyes de ERC y Comuns que debían permitirlo, con el apoyo del PSC, Junts ha decidido pedir un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries. Este paso paraliza todos los trámites, por lo que la votación definitiva, prevista para la semana que viene, no se producirá aún. Al tratarse de una tramitación de urgencia, el veredicto del Consell de Garanties debe estar listo en siete días, y no en un mes como es habitual. Sin embargo, con la pausa navideña de por medio, ya no hay ningún pleno convocado hasta la última semana de enero.

Los posconvergentes, que también han presentado una enmienda a la totalidad, aseguran que el cambio fiscal puede provocar "inseguridad jurídica" y un "coste económico" para la Generalitat, y dan por hecho que "afectará económicamente" al Camp de Tarragona. Tampoco están de acuerdo con el trámite de urgencia y por lectura única que el pleno avaló esta semana, ya que consideran que la ley debería debatirse en ponencia para escuchar a todos los implicados, y acusan a los partidos impulsores de tener una visión "centralista".

La iniciativa de ERC y Comuns busca deshacer los beneficios fiscales que la misma Cámara catalana aprobó en 2014 para este proyecto. A la práctica, supone devolver los impuestos al juego de este casino al 55% y dar marcha atrás a la rebaja al 10% que se hizo hace 10 años.

Esta modificación, según Junts, puede acabar en los tribunales, ya que los promotores podría considerar que supone un incumplimiento del acuerdo que en su día llegaron con el Govern. De hecho, este era también uno de los argumentos que el Govern de Pere Aragonès ponía sobre la mesa la anterior legislatura, cuando los Comuns pusieron este proyecto como línea roja para apoyar los presupuestos, y advertían de que podía suponer una indemnización millonaria.

El complejo de ocio del Hard Rock, cuya ubicación está proyectada en unos terrenos de los municipios de Vila-seca y Salou (Tarragona), lleva más de una década generando polémica, pero no ha llegado a ponerse nunca ni una piedra. En primer lugar, porque sigue pendiente por parte de la Generalitat la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU), que en su día fue tumbado parcialmente por la justicia. En segundo lugar, porque en varias ocasiones ha habido dudas de que los promotores estuvieran realmente dispuestos a hacer efectiva la inversión anunciada. De momento, los inversores tampoco se han pronunciado sobre el hecho de que el Parlament apruebe esta modificación fiscal.