Inmigración, vivienda, financiación y sanidad: los 4 desacuerdos de la Conferencia de Presidentes

María José Sáenz de Buruaga (PP), presidenta de Cantabria y anfitriona de la Conferencia de Presidentes, habló de "decepción" al acabar la reunión. La 27ª reunión de dirigentes autonómicos y el Gobierno central celebrada en el Palacio de la Magdalena (Santander) este viernes finalizó sin un solo acuerdo. El orden del día había costado pactarlo entre el Ejecutivo y el PP pero, ni aun así y tras cesiones mutuas, se consiguió avanzar en ninguna de las cuatro materias a analizar: la inmigración, la vivienda, la financiación autonómica o los recursos sanitarios. Sin embargo, para el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que señaló que ha estado en 21 de las 27 reuniones, lo importante no es solo llegar a un pacto sino que el "espíritu" es "compartir" las diferentes posiciones y "escuchar" al otro. Torres recordó que no siempre ha habido "acuerdos en todas esas conferencias" y celebró que todas las autonomías estuvieran representadas, algo que no ocurrió en otras ocasiones.

El Gobierno negociará la quita de la deuda de las comunidades tras una cumbre sin acuerdos

El ministro añadió que, en todo caso, la responsabilidad de alcanzar el consenso es compartida con las autonomías, en su mayoría gobernadas por el PP. Sobre este extremo se manifestó Salvador Illa (PSC). "Que digan que no hay acuerdo en materia de inmigración porque la cumbre estaba mal preparada pues, hombre, en función de quién lo diga, en fin, me voy a contener", dijo en alusión a las reuniones que el PP ha mantenido desde julio con el Gobierno central, el de Canarias y el de Ceuta para pactar el reparto de los menores inmigrantes no acompañados.

Menores olvidados

La solución de fondo para resolver el problema de la atención a los menores inmigrantes (5.300 en Canarias, 400 en Ceuta) sería la reforma de la ley de extranjería, algo que el PP no ha aceptado hasta ahora. Ante este escenario, Fernando Clavijo (Canarias) e Imanol Pradales (Euskadi) llegaron a la reunión con una propuesta para un reparto puntual a efectuar en tres meses teniendo en cuenta cinco parámetros: población de cada comunidad, PIB per cápita, desempleo y cuántos menores se han acogido en los últimos seis meses y cuántos en los últimos cinco años.

Pradales, positivo, quiso subrayar que la iniciativa no fue rechazada de forma frontal, pero la idea no se plasmó en un documento suscrito por todos.

Dos modelos

El problema de la vivienda permitió ver las habituales diferencias entre PP y PSOE ante este desafío. A la salida de la Conferencia de Presidentes, atendieron a la prensa y la socialista María Chivite (Navarra) denunció la "incoherencia" que ve en los dirigentes populares que aseguran que la ley del derecho a la vivienda aprobada por Sánchez no funciona "cuando no la están aplicando". También cargó contra el impulso a la construcción que quiere dar el PP, olvidando, dijo, la crisis que trajo la última burbuja inmobiliaria.

Algunos dirigentes conservadores, como Isabel Díaz Ayuso (Madrid), aprovecharon para denunciar la okupación y destacaron la necesidad de dar seguridad para que los propietarios "se atrevan a poner sus viviendas en alquiler".

Un asunto espinoso dentro del PP

En su intervención, Sánchez anunció que en enero se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar la condonación de una parte de la deuda autonómica, una medida que, según Torres, "la mayoría aplaude" aunque muchos dirigentes del PP en público dicen que la ven como un "chantaje" para blanquear la promesa hecha a ERC. Para conseguir el apoyo de los republicanos a la investidura de Sánchez, el año pasado, el PSOE pactó una condonación parcial a Catalunya del 20% de lo que adeuda (15.000 millones de euros).

La tensión entre el Ejecutivo central y algunos dirigentes autonómicos con este tema era tal que el ministro destacó ante la prensa el "altísimo respeto institucional" que detectó cuando, dentro de la Conferencia, todos hablaron en general de la necesidad de renovar el modelo global de financiación autonómica (caducado desde 2014). El tema es espinoso dentro de cada partido, también del PP, con cada comunidad autónoma con sus propias prioridades.

Falta inversión

En este tema también se vieron las diferentes visiones entre las autonomías con la población más envejecida y dispersa y las que tienen grandes ciudades. María Guardiola (Extremadura) reclamó al Gobierno que se agilicen las homologaciones de los médicos extracomunitarios para que puedan incorporarse cuanto antes al sistema, una petición a la que también se sumó Carlos Mazón (Comunidad Valenciana). Mazón lamentó que la "única propuesta" de Sánchez en esta carpeta fuera el anuncio de que transferirá 223 millones de euros en 2025 a las comunidades para que financien el desarrollo de soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial (IA). Sánchez comunicó también que "consolidará y aumentará" nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas siempre y cuando el Gobierno autonómico se comprometa a contribuir "de forma sostenida su cofinanciación".

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