El Gobierno explora un plan B con Junts para desbloquear la reforma de la ley de extranjería sin el PP

El Gobierno trabaja en una vía alternativa para desbloquear la reforma de la ley de extranjería y activar así los mecanismos de distribución territorial de los menores migrantes llegados a Canarias. Ante el reiterado fracaso de las negociaciones con el PP, que volvió a visibilizarse en un último intento la pasada semana con una reunión a tres en la que también participó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en el Gobierno exploran una salida que pase por la mayoría de investidura. Para ello se está sondeando a Junts, que votaron en contra de la reforma en el Congreso, junto a PP y Vox, el pasado mes de julio.

El pasado viernes, solo un día después de la fracasada reunión a tres, se produjeron conversaciones en este sentido entre el ministerio de Política Territorial y los posconvergentes. El apoyo de Junts, como ya manifestaron en su día, estaría condicionado a que hubiese una transferencia de las competencias “integrales” en inmigración. Uno de los compromisos pendientes que exigen materializar antes de abordar la negociación de los Presupuestos.

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Desde el Ejecutivo trasladan que han negociado el “grueso” de esta transferencia, pero señalan que tienen “líneas rojas” en lo que respecta al control de fronteras y que Junts las conocería. Con todo, sí se abren a que los Mossos tengan más presencia, junto a la Policía y la Guardia Civil, en la seguridad de puertos y aeropuertos. Algo que, recuerdan las mismas fuentes conocedoras de las negociaciones, ya se abordó en el pacto de investidura. Esta sería la principal oferta para lograr un acuerdo para la transferencia de estas competencias.

El Gobierno ya pactó con el PNV el pasado mes de julio, en desarrollo de su acuerdo de investidura, “la extensión del ejercicio de todas las funciones policiales de la Ertzaintza a los puertos y aeropuertos de la Comunidad Autónoma Vasca”. En este caso, la Junta de Seguridad, en la que participó el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, acordó que la policía autonómica vasca asumiese “como policía integral la responsabilidad policial de los planes de apoyo operativo en las infraestructuras críticas en el Puerto de Bilbao, incluido el mismo puerto y su zona restringida”.

En el caso de Catalunya, como en otras infraestructuras críticas en el País Vasco, se propone que los Mossos tengan presencia compartida en lugares donde ahora solo operan Policía Nacional y Guardia Civil. El desbloqueo de la reforma de la ley de extranjería con Junts dependería de un acuerdo previo para la transferencia de estas competencias a Catalunya. Sin embargo, las conversaciones están paralizadas desde que el pasado lunes el 'expresident' Carles Puigdemont lanzase un órdago a Pedro Sánchez con la exigencia de someterse a una cuestión de confianza en el Congreso por la falta de avances en los compromisos pendientes.

Freno tras el órdago de Junts

Desde el Gobierno confían en que se trata de una estrategia negociadora para marcar terreno y que no se sitúe a Junts dentro del bloque de la investidura, como uno más. Con todo, la iniciativa, que desconocían y no se esperaban, ha enrarecido las relaciones.

Sobre el órdago de Junts, al exigir una cuestión de confianza, Pedro Sánchez se ha mostrado tranquilo al considerar que no hay mayoría alternativa. Tanto que, en conversación informal con periodistas en Moncloa, ha tildado este escenario de "política ficción". Cualquier acercamiento entre PP y Junts, según advirtió, iría en detrimento de los intereses de los posconvergentes en Catalunya. Por otra parte, el jefe del Ejecutivo considera que un entendimiento entre Junts y el PP erosionaría el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, pues le abriría frentes internos en el partido con sus barones, principalmente con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Amenaza de recurso al TC

El plan B del Gobierno para reformar la ley de extranjería sin el PP, sin embargo, tiene riesgos. El temor que expresan fuentes del Ejecutivo es que alguna comunidad autónoma gobernada por los populares recurra al Tribunal Constitucional para paralizarla. De ahí que se priorice una iniciativa legislativa a través de una proposición de ley, promovida por los grupos parlamentarios, en lugar de un decreto como reclama el ejecutivo de Canarias. Una tramitación que, según argumentan, ofrecería más garantías.

En el Gobierno de canarias ven con buenos ojos esta vía alternativa con Junts, a pesar de gobernar en coalición con el PP. El propio Fernando Clavijo dice tener un texto preparado que podría recabar los siete votos de los posconvergentes en caso de que este viernes, en la Conferencia de Presidentes, se constate el desacuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por los populares. Se trataría de un "reparto extraordinario de menores extranjeros en todo el territorio nacional" vía decreto, renunciando a la reforma de la ley de extranjería.

Las mismas fuentes cercanas a las conversaciones para dotar a Canarias de una salida ante la presión migratoria que sufre con casi 6.000 menores migrantes tutelados y realizar un reparto obligatorio a las comunidades autónomas, señalan que Catalunya es históricamente una de las comunidades que más menores ha acogido de forma voluntaria. Una situación por la que tendrían un cupo menor para descargar de la presión que sufre Canarias, a falta de definirse el modelo de reparto.