Ábalos afronta la hora de la verdad en el Supremo sin posibilidad de desactivar nuevas revelaciones de Aldama

José Luis Ábalos tiene "muchas ganas de hablar", y lo hubiera hecho antes si se lo hubieran permitido en la Audiencia Nacional, donde trató de personarse como perjudicado en el caso Koldo. Así de rotundas se muestran fuentes del entorno del exministro la víspera de su declaración este jueves en calidad de investigado en el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional elevó el asunto al alto tribunal tras ver indicios que le salpicaban en la trama presuntamente corrupta liderada por el comisionista Víctor de Aldama, que logró penetrar en varias administraciones socialistas a través de la relación que estableció con Koldo García, el asesor y hombre para todo del ministro en Transportes.

El actual diputado del grupo mixto tendrá que responder al instructor de la causa, el magistrado Leopoldo Puente; al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y a las cuestiones que le plantee el único representante de las siete acusaciones populares personadas al que se permitirá hacer preguntas, que será el del PP. También estarán presentes las defensas del comisionista y de su excolaborador ministerial, mientras que el que fuera secretario de organización del PSOE estará asistido por José Aníbal Álvarez, un penalista cuyo prestigio se sustenta en intervenciones en causas de gran proyección mediática, como fueron los casos GAL y Malaya.

En medio de una gran expectación política y mediática, Ábalos tendrá que afrontar dos tipos diferentes de acusaciones. Las más solventes son las apuntadas en los informes de la Guardia Civil (sobre contratos de mascarillas, el pago de un chalet y del alquiler de la que fuera su pareja, manejos para el rescate de Air Europa, o el conocimiento del viaje a España de Delcy Rodríguez) pero también será interrogado sobre las últimas revelaciones realizadas por Aldama en relación con el cobro de hasta 650.000 euros de comisiones en efectivo, la contratación de su hijo por parte de la trama y un precontrato para poder acceder a un piso de lujo en Madrid que el comisionista valoró en 1.9 millones (aunque los documentos que presentó únicamente señalan un valor de 750.000 euros). 

Lo que el análisis realizado por la Guardia Civil sobre las intervenciones telefónicas y los documentos incautados a la trama parece apuntar, al menos indiciariamente, es la necesidad que tenía el comisionista Víctor de Aldama de "seguir alimentando la máquina" de los pagos en efectivo a Koldo a cambio de un trato preferencial en el Ministerio de Transportes. Ello le habría obligado en ocasiones a desplazarse a terceros países, como República Dominicana, para recibir de sus socios venezolanos el dinero necesario. 

Fiarse de quien no debía

Fuentes de la defensa del exministro señalan a este diario que todas estas acusaciones serán rebatidas a lo largo de su intervención, puesto que prevé responder a todas las partes presentes en la sala. Ábalos viene reconociendo en su entorno desde hace ya meses que quizá se fió de "muchas personas" que no debían haber gozado de su confianza, entre las que sitúa al propio Aldama, y niega una relación directa con el empresario.

El aplazamiento de su comparecencia, intentado sin éxito por la defensa, hubiera permitido al exministro de Pedro Sánchez explicar, o al menos negar, lo que Aldama pueda revelar como novedad en su interrogatorio del próximo lunes también ante el Supremo. Ninguna de las partes personadas en esta causa rechaza esta posibilidad, dada la estrategia de defensa que parece haber desplegado el comisionista en las últimas semanas.

Ante el juez del caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, Aldama incluyó al ex ministro entre quienes habrían cobrado mordidas en metálico a cambio a cambio de favorecer los intereses de los empresarios que él avalaba ante diferentes administraciones bajo la órbita del PSOE. También ahondó en otros aspectos de carácter más político, al asegurar que "el Gobierno estaba enterado" de la llegada a nuestro país el 20 de enero de 2020 de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. 

Para acreditar esta especial relación de confianza en torno al tema de Venezuela, Aldama ha aportado una carta firmada por el propio Ábalos, de fecha de 26 de julio de 2019, en la que el ex secretario general del PSOE le acredita ante el opositor venezolano Juan Guaidó como "enlace" en las relaciones que el Gobierno de Pedro Sánchez quería establecer con la oposición a Nicolás Maduro. Incluso adjuntó la foto del portafolios ministerial en el que se le entregó el documento. "Robar una carpeta no es prueba de nada", señalan fuentes de su entorno.

También denunció que Ábalos le reclamó un piso de casi dos millones de euros en el Paseo de la Castellana de Madrid, a cambio de contratos de obras, aportando una relación de obra pública, preadjudicada, que se licitaría conforme a los Presupuestos Generales del Estado correspondientes a 2021, fundamentalmente por la Dirección de Carreteras" en la que habría subrayado las constructoras que resultaron adjudicatarias. Ábalos llega dispuesto a negar la mayor sobre todos estos extremos, según las mismas fuentes.

Exposición ante el Supremo

En la exposición razonada elevada al Supremo por el magistrado que investiga el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, se valió del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para aludir a un posible delito de organización criminal. En concreto, que Aldama “pagaba de manera recurrente y periódica a Koldo una cantidad fija de 10.000 euros mensuales”, por los que éste posteriormente, “se prevalía de la influencia de Ábalos, y actuaba en beneficio del propio Aldama y de sus empresas”.

Estos pagos, que según Moreno podían definirse como “ordinarios” se complementaron, siempre según las pesquisas de la UCO, con otros abonos de carácter “extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos”. En concreto, el instructor alude “a la compra del chalet de La Alcaidesa, así como a su posible explotación inmobiliaria posterior, que podría considerarse como una contraprestación directa”, y, por otro lado, de manera indirecta, el pago que Aldama realizaba “a través de terceras personas del alquiler de un piso que era disfrutado por la pareja de Ábalos”.

Tanto la UCO como el juez Moreno resaltan la relevancia de la actuación de Ábalos para la adjudicación de los contratos públicos por 54 millones de euros para la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, de Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto; pero también en el rescate de la compañía Globalia-Air Europa, en la que Aldama llegó a ser consejero.

En este sentido, un mensaje de 27 de agosto de 2020, que fue descubierto por la UCO en el teléfono de Aldama, evidencia que el comisionista le trasladó al ex consejero delegado de Air Europa Javier Hidalgo que Ábalos se encontraba en la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con el objeto de impulsar el rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea. Otras conversaciones incautadas en esas mismas fechas vendrían a avalar esta tesis que ahora tendrá que confirmar o desmentir Ábalos ante el magistrado Leopoldo Puente.