El Parlament da el primer paso para retirar los beneficios fiscales al Hard Rock

Luz verde para que el Parlament aborde de forma urgente la retirada total de los beneficios fiscales que la misma Cámara catalana aprobó en 2014 para el casino del complejo de ocio del Hard Rock. Este miércoles el pleno ha admitido a trámite dos leyes, una de ERC y otra de los Comuns, que persiguen devolver los impuestos al juego de este casino al 55% y, por lo tanto, dar marcha atrás a la rebaja al 10% que se aprobó hace 10 años. Las normas se han tramitado gracias al apoyo decisivo del PSC.

El complejo de ocio del Hard Rock, cuya ubicación está proyectada en unos terrenos de los municipios de Vila-seca y Salou (Tarragona), lleva más de una década generando polémica, pero no ha llegado a ponerse nunca ni una piedra. En primer lugar, porque sigue pendiente por parte de la Generalitat la aprobación del Plan Director Urbanístico (PDU), que en su día fue tumbado parcialmente por la justicia. En segundo lugar, porque en varias ocasiones ha habido dudas de que los promotores estuvieran realmente dispuestos a hacer efectiva la inversión anunciada.

Lo que sí es seguro es que ha sido un material frecuente de controversia política y este miércoles se ha vuelto a detectar en el Parlament. Tanto ERC como los Comuns han confiado en que estas leyes no sean solo una simple modificación fiscal, sino que supongan el final definitivo del proyecto. Es decir, un incentivo para que el Hard Rock no se llegue a hacer nunca. "Tenemos claro que este no es el modelo que queremos para nuestros hijos ni para los de nadie", ha defendido la diputada republicana Raquel Sans.

También desde las filas de los Comuns, Jéssica Albiach ha expresado su "orgullo" por haber logrado quitar la "alfombra roja" a este casino. Eso sí, ha señalado la incoherencia de Esquerra porque, mientras lideró la Generalitat (2021-2024), no quiso frenar el proyecto asegurando que, si lo hacía, el Govern se enfrentaba a una demanda de los promotores. De hecho, la negativa del president Pere Aragonès a frenar el Hard Rock motivó que los Comuns no le apoyaran los presupuestos de este año. Eso hizo caer la legislatura y motivó las elecciones anticipadas.

La votación del Hard Rock también ha supuesto un cambio de discurso en el PSC, que en su día pactó el proyecto con CiU y auspició la rebaja fiscal de hace diez años. El diputado socialista Jordi Riba ha argumentado que los tiempos han cambiado y que el "beneficio fiscal" que se aprobó entonces no tiene "razón de ser" hoy en día si se quiere una "fiscalidad justa". Sin embargo, a diferencia de ERC y los Comuns, ha deseado que el proyecto siga adelante porque ha recordado que, aparte del casino, también contempla otras formas de ocio y tiene la intención de captar turismo de congresos.

Aunque nadie lo pueda admitir en público, la decisión del PSC de aceptar el trámite de estas dos leyes es un guiño a ERC y a los Comuns para empezar a allanar el camino de la negociación de los presupuestos de la Generalitat de 2025. Es decir, los socialistas aceptan gestos como este para, a cambio, empezar a ablandar a sus socios para que den su 'sí' a las cuentas públicas.

Los socialistas también han aceptado tramitar las dos leyes por el procedimiento de máxima urgencia. Esto significa que el resto de grupos tienen hasta el viernes para presentar enmiendas y, la semana que viene, se hará la votación definitiva. Si ERC, los Comuns y el PSC vuelven a sumar sus fuerzas, la rebaja fiscal será una realidad.

Críticas del resto de grupos

Por su parte, la oposición se ha quejado de que la modificación de la norma se apruebe por urgencia y de que no se abra una ponencia para debatir el proyecto y escuchar a todos los implicados. Desde Junts, la diputada Mònica Sales ha acusado al Govern de "menospreciar a los implicados" y les ha achacado tener una "visión centralista". Una posición similar a la expuesta por el popular Pere Lluís Huguet que ha recordado que los Comuns, principales detractores del proyecto, no lograron ningún escaño en la provincia de Tarragona las pasadas elecciones catalanas.

Ahora está por ver si los promotores del proyecto impugnan ante la justicia esta rebaja fiscal por considerar que supone un incumplimiento del acuerdo que en su día llegaron con el Govern. El PP ha vaticinado que la Generalitat, si el Parlament aprueba definitivamente la rebaja, se enfrentará a la "máxima indemnización por responsabilidad patrimonial" de su historia. En su día, el Govern de Aragonès (ERC) temía exactamente lo mismo. La respuesta a esta pregunta solo la tienen los inversores. Hasta ahora siempre han mantenido silencio.