Consell Executiu
Retirada de símbolos franquistas y celebración de la República: las claves de la nueva ley de memoria democrática de Catalunya
El Govern recupera sin cambios la norma del Govern de Aragonès, que incluirá formación desde primaria y sanciones a los actos que menosprecien a las víctimas
El Govern aprueba la ley de memoria democrática de Catalunya
ERC reclama la retirada del monumento franquista de Tortosa en un plazo máximo de un año

El monumento franquista de Tortosa / JOAN REVILLAS


Sara González
Sara GonzálezPeriodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Retirada de la simbología franquista en toda Catalunya en dos años, actos de conmemoración de la República el 14 de abril, sanciones contra el enaltecimiento de la dictadura e inclusión de la formación en memoria democrática desde la educación primaria. Estas son las principales novedades que prevé la nueva ley de memoria democrática que el Govern de la Generalitat ha aprobado este martes para llevarla al Parlament antes de final de año, donde la legislatura pasada ya se quedó a las puertas de ser aprobada.
De hecho, se trata de una de las leyes heredadas del mandato de Pere Aragonès que el president Salvador Illa se comprometió a recuperar en el pacto de investidura que selló con ERC. Empezó a acuñarse durante la etapa de Ester Capella como consellera de Justícia, se desarrolló con Lourdes Ciuró al frente y la culminó Gemma Ubasart, que fue quien la presentó públicamente en marzo de 2023. El texto superó la tramitación en el Parlament, pero acabó decayendo con la convocatoria de elecciones hace nueve meses.
Ahora, con Ramon Espadaler al frente de la conselleria, la norma se recupera sin tocar ni una coma para agilizar su aprobación. Pivota en los principios de "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición" y convivirá con la estatal que se aprobó en 2022. Se ha buscado maximizar las competencias que tiene la Generalitat y ampliar preceptos que no incluye la ley española, así como agrupar la ley del memorial democrático del 2007, la de fosas del 2009 y la de reparación de víctimas del franquismo del 2017. Aunque la norma no servirá, por ejemplo, para reclamar el traspaso de la comisaría de Via Laietana para convertirlo en espacio de memoria -pulso que hace años que mantiene la Generalitat con la Moncloa y que Illa se ha comprometido a continuar librando-, incluye novedades que no estarán exentas de polémica política. A continuación, las principales claves.
La nueva ley plantea por primera vez la retirada de todos los símbolos franquistas del espacio público en tan solo dos años. Eso obligará a actualizar el censo de simbología, que en 2010 contabilizaba cerca de 4.000. Esta medida, que incluirá sanciones ante la no retirada, incluye el polémico monumento franquista de Tortosa, un caso judicializado en estos momentos. De hecho, ERC ya ha avanzado que para abordar con urgencia este caso que considera "especialmente simbólico", presentará una enmienda para que deje de exhibirse en un plazo de un año.
Otra de las novedades es la incorporación en la ley de actos de conmemoración de la República el 14 de abril y de la constitución de la Assemblea de Catalunya el 7 de noviembre. Se sumarán al día nacional en memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la represión de la dictadura el 15 de octubre y al día internacional de conmemoración de las víctimas del Holocausto el 27 de enero.
La vocación del Govern es que se incluya la memoria democrática en los currículums formativos desde la educación primaria, así como en la secundaria, bachillerato y Formación Profesional, como "refuerzo de las garantías de no repetición". Se ofrecerá herramientas pedagógicas y formación a los docentes para esta finalidad. El objetivo es transitar hacia un "nuevo paradigma" en las leyes de memoria que tenga en cuenta el momento de cambio generacional, de muchas personas que no han vivido la Guerra Civil, la dictadura, la transición o las primeras décadas de la democracia. "Hay que legar la memoria a las generaciones futuras", defendió el lunes Espadaler.
La norma incorpora medidas contra el enaltecimiento del franquismo con el objetivo de prevenir y evitar actuaciones que supongan un "descrédito, menosprecio o humillación" de las víctimas de la Guerra Civil o de la dictadura franquista e incorpora sanciones administrativas para quienes los promuevan. Esas sanciones, que pueden alcanzar los 150.000 euros en los casos considerados muy graves -como el daño a fosas-, se pueden imponer siempre y cuando se trate de situaciones que no ampare ya el código penal, como es el caso del delito de odio. La horquilla de las graves alcanza los 10.000 euros y de las leves los 2.000. Sin embargo, hay dudas sobre si estas multas podrían ser aplicables en actos que la ultraderecha celebra, por ejemplo, el Día de la Hispanidad el 12 de octubre en Montjuïc o en el monumento a Colón. Si hay menosprecio a víctimas, en principio, se debería poder intervenir.
La ley faculta a la Generalitat a ejercer la acción popular ante la justicia en procedimientos penales por delitos de lesa humanidad, delitos contra la vida y contra la integridad física o moral cometidos durante la Guerra Civil o la dictadura franquista. Además de no reconocer la legitimidad de los tribunales franquistas -el Parlament ya anuló en 2017 los juicios del franquismo en Catalunya-, el Govern de Aragonès manifestó el año pasado su voluntad de "participar de forma activa en la persecución de ilícitos penales". Lo hizo en el caso del sindicalista antifranquista Carles Vallejo, que presentó una querella por crímenes de lesa humanidad por las torturas sufridas en la comisaría de Via Laietana que hasta ahora ha sido rechazada por los juzgados.
La nueva ley de memoria también posibilita el abordaje del esclavismo y el colonialismo, pensando, especialmente, en la "memoria de las diásporas y en los catalanes de origen foráneo". Se pretende erradicar el racismo institucional y la discriminación por motivos étnicos, raciales o culturales. Se amplía, a su vez, los colectivos que son considerados como víctimas, como los niños que fueron separados de sus familias por motivos ideológicos, el colectivo LGTBI+, las minorías étnicas, las personas psiquiatrizadas por alejarse del modelo de "normalidad" impuesto por el poder, las que sufrieron privación de libertad o torturas por su oposición al régimen o las personas afectadas por enfermedades evitables como la polio.
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