Acuerdo con ERC
El Govern aprobará la semana que viene la ley de memoria del mandato de Aragonès
Illa defiende la reconversión de la comisaría de Via Laietana en un espacio de memoria pese al rechazo del Gobierno
Retirada de símbolos franquistas y celebración de la República: las claves de la nueva ley de memoria democrática de Catalunya

El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, con el president de la Generalitat, Salvador Illa / ZOWY VOETEN


Sara González
Sara GonzálezPeriodista
Periodista especializada en Política. Autora de 'Per raó d'Estat' (Ara Llibres), 'Cas Mercuri. La galàxia Bustos' (Saldonar) y 'El part dels comuns. Relat del naixement de Catalunya en Comú' (Saldonar)
Si la anterior legislatura hubiera durado unas semanas más, Catalunya tendría hoy vigente su propia ley de memoria, una norma impulsada por el anterior que Govern que establecía, entre otros aspectos, la retirada de toda la simbología franquista en un plazo de dos años. Pero la legislatura cayó abruptamente en marzo con la convocatoria de elecciones y, con ella, la obra legislativa inacabada se fue al traste. Ahora, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el president Salvador Illa repescará la ley de memoria y la semana que viene el Consell Executiu la aprobará sin alterar ni una coma con el objetivo de llevarla rápidamente de nuevo al Parlament para que, ahora sí, eche a andar.
La acción de recuperarla y darle un espaldarazo antes de final de año es fruto del acuerdo de investidura del PSC con ERC, con quien este jueves se ha reunido el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler. Los detalles los ha acabado de atar con la diputada y exconsellera de Territori y también de Justícia, Ester Capella. En una rueda de prensa tras el encuentro con el conseller, Capella ha celebrado que se haya podido "desencallar" esta cuestión después de poner en valor "el trabajo hecho" en la pasada legislatura. La exconsellera ha recordado en este punto la "importancia" de esta ley de memoria como "antídoto contra el totalitarismo", y ha instado al resto de grupos a colaborar en la "celeridad" de su aprobación.
La norma, acuñada bajo la etapa de Gemma Ubasart al frente del departamento, ha sido ampliamente reivindicada por las entidades memorialistas, las mismas que reclamaron, cuando se produjo el cambio de Govern, que se mantuviera el equipo del Memorial Democràtic de la anterior legislatura, como finalmente ha sucedido. El lunes, el día antes de recibir el visto bueno del Consell Executiu, el conseller Espadaler presentará su contenido ante las entidades en un acto en la antigua cárcel de La Model.
No se reabre el texto
La intención del ejecutivo de Illa es "no abrir" de nuevo el texto de la ley para poder acortar los tiempos. De hecho, en la anterior legislatura su tramitación estaba muy avanzada y estaba a la espera de unas últimas aportaciones para su aprobación definitiva. Ya contaba, de hecho, con la mayoría suficiente como para prosperar y solo se opusieron a ella PP, Vox y Ciutadans. Habrá que ver si, con la nueva composición de la Cámara, solo populares y el grupo de Ignacio Garriga la combaten. La ley establece ese plazo de dos años para la retirada de simbología franquista -incluido el polémico monumento de Tortosa, caso judicializado-, actos de conmemoración de la República el 14 de abril, sanciones contra el enaltecimiento de la dictadura e inclusión de la formación en memoria democrática desde la educación primaria.
Una vez esté en vigor, convivirá con la ley estatal que el Congreso aprobó en 2022. La norma catalana se centra en maximizar las competencias que tiene la Generalitat y en ampliar preceptos que no incluye la ley española, así como en agrupar la ley del memorial democrático del 2007, la de fosas del 2009 y la de reparación de víctimas del franquismo del 2017.
El largo pulso por la Via Laietana
El anuncio sobre la ley de memoria se produce justo el día en el que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, está en Barcelona para asistir a la Junta de Seguretat de Catalunya. Miembros de entidades memorialistas lo han recibido con una concentración en la plaza de Sant Jaume para reclamar que la comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana se convierta en un espacio de memoria, una reivindicación que se arrastra desde hace décadas pero que ha topado con la negativa reiterada de los sucesivos gobiernos españoles. Sin embargo, el Govern de Salvador Illa ha votado en este mandato a favor de esa reconversión y se ha comprometido a intentar alcanzar un acuerdo con el Gobierno.
La aprobación de la ley de memoria supondrá que el Govern de Illa haga realidad otra ley heredada de su antecesor, Pere Aragonès. Este martes, el Consell Executiu dio luz verde a la ley para la erradicación del amianto, legado también del anterior mandato, y el Parlament tramitó el Estatut de Municipis Rurals, otra norma que el mismo Illa reconoció que lleva el sello de su antecesor y que es la primera de esta legislatura en empezar su tramitación en el Parlament. Al president le urge cumplir lo acordado con ERC, socio imprescindible para poder aprobar los presupuestos de 2025 durante el primer trimestre del año que viene.
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