Anticorrupción considera que Alvise financió de forma ilegal su partido al "recibir 100.000 euros y sucesivas donaciones anónimas"

La Fiscalía Anticorrupción argumenta en el informe que ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama los "indicios sólidos" en los que se basa para considerar que el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, pudo haber cometido un delito de financiación ilegal a través de su formación Se Acabó la Fiesta (SALF) por el mero hecho de "recibir 100.000 euros y sucesivas donaciones anónimas", tanto por parte del empresario Álvaro Romillo directamente, como a través de las donaciones anónimas con las que en un principio pusieron en práctica la colaboración que mantuvieron.

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El escrito, al que ha tenido acceso este diario, fue remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 para defender la necesidad de elevar una exposición razonada al Supremo. El magistrado ya se ha dirigido al Parlamento Europeo para acreditar la condición de diputado de Alvise en el marco de la causa en la que investiga la denuncia que interpuso Romillo contra el eurodiputado por haber entregado 100.000 euros para financiarle la campaña electoral al Parlamento Europeo. Los eurodiputados solo pueden ser investigados y, en su caso, juzgados por el Supremo, lo que obliga al juez a elevar al alto tribunal los indicios contra Alvise que encuentre.

Anticorrupción considera "innegable" que el bien jurídico protegido con el delito de la financiación ilegal es "la tutela de las funciones que constitucionalmente tienen encomendados los partidos políticos y que son necesarias para el buen desarrollo o funcionamiento del sistema democrático". Señala que se trata de "un delito de mera actividad, que no exige que se produzca resultado, y respecto del que tampoco cabe su comisión por omisión, por lo que se entiende consumado con la mera conducta de 'recibir' tales liberalidades [distribuir alguien sus bienes sin esperar recompensa] sin necesidad de que se dé resultado alguno". Es decir, que "no hace falta la aceptación o trámite alguno añadido, sino solo el hecho fáctico de la entrega en cuestión".

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Y ello en el caso de Alvise supone que "se habría podido cometer" no solo a través de la entrega de 100.000 euros en efectivo, sino a través de la recepción de sucesivas donaciones anónimas, de las que se desconoce su origen, llevadas a cabo en las 'wallets' [monederos digitales] creadas al efecto y con ese propósito", argumenta el fiscal.

En cuanto al fuero, que eurodiputados comparten con diputados y senadores, Anticorrupción señala que con él se les protege de acciones penales con las que se pretenda "coartar su libertad de opinión" e impedir de forma "indebida y fraudulenta su participación en la formación de la voluntad de la Cámara"; con él se les pone "al abrigo de querellas insidiosas o políticas que, entre otras hipótesis, confunden, a través de la utilización inadecuada de los procesos penales".

La operativa imputada a Alvise, según la denuncia realizada por Romillo, se produjo en tres tiempos. Primero, en torno al 1 de abril, se le dieron 10.000 euros, porque quiso ingresar en Sentinel -la entidad utilizada por el empresario para la compra-venta de obras de arte digitales- esa cantidad en moneda crypto y le desaparecieron. Pese a que Romillo cree que le estafaron, desde Sentinel se le proporcionó ese efectivo para que lo devolviera cuando fuera posible.

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Luego le crearon las tres 'wallets' donde se recibieron las donaciones anónimas para financiar su campaña electoral de SALF, método por el que se alcanzaron otros 10.000 euros, que poco antes del 13 de septiembre se transfirieron a la cuenta de Sentinel, sin decírselo a Alvise, para recuperar el préstamo anterior. El último paso es la donación en efectivo de los 100.000 euros que fueron entregados el 27 de mayo de 2024, en la sede Sentinel, para la campaña electoral.

Anticorrupción da validez al relato realizado por Romillo en su denuncia, al considerar que coincide con los mensajes y audios que ha facilitado, aunque no disponga de otra documentación que acredite lo que hablaron los dos para colaborar. El siguiente paso, a su juicio, es que el Supremo investigue las cuentas de Se Acabó la Fiesta.