Resignación entre los hoteleros en el primer día del registro de viajeros

Con malestar, dudas y resignación. Sobre todo con resignación. Así se presenta la jornada en los hoteles de Canarias en el día en que entra en vigor la obligatoriedad del Registro documental de viajeros. En el apogeo de la era digital, cuando las grandes colas frente a los mostradores para el check-in parecían cosa del pasado, los alojamientos turísticos -y las agencias de viajes y las rent a car- deben recopilar, procesar y facilitar a la Secretaría de Estado de Seguridad una serie de datos de sus huéspedes y clientes si quieren evitar multas que oscilan entre los cien y los 30.000 euros. En cierto modo, los hoteles y apartamentos se convierten desde hoy en vigilantes o agentes de seguridad al servicio del Ministerio del Interior. «A ver quién se lo explica a esa pareja de británicos o alemanes que se verá en una fila de veinte o treinta personas cuando llegue a su hotel después del viaje en avión, del taxi desde el aeropuerto y, seguramente, de una cola en la autopista», ilustraba este viernes un empresario del sector.

No en vano, la obligatoriedad del Registro de viajeros, que establece el Real decreto 933/2021, supondrá un quebradero de cabeza para muchos establecimientos, sobre todo en los primeros días y semanas, algo que de un modo u otro acabará por afectar al servicio. «El usuario va a pagar el pato», lamenta Miguel Villarroya, director general de Spring Hoteles, quien recuerda que en el actual mundo digital, caracterizado por la agilidad en el servicio, el registro de viajeros «entorpece la experiencia» del huésped.

La puesta en práctica obligatoria de este registro, que se había retrasado en hasta tres ocasiones -el real decreto es de octubre de 2021, de hace más de tres años-, implica que los viajeros deban suministrar desde hoy hasta 18 datos personales más de los que hasta ahora se daban al hacer el check-in en el hotel o apartamento. Si hasta este momento bastaba con el DNI y la fecha de nacimiento, a partir de este lunes hay que informar también del lugar de residencia habitual, de los teléfonos fijo y móvil, del correo y hasta de la relación de parentesco con los acompañantes. Una sola estancia puede dar lugar a la recogida, registro y traslado a la Secretaría de Estado de Seguridad de hasta 42 datos personales, una parte de los cuales ha de recabarse sí o sí para suministrarla luego a Interior en un plazo máximo de 24 horas. ¿La justificación? La seguridad. Desde el Ministerio vienen insistiendo en que toda esa información que recopilen los hoteles, las empresas de alquiler de coches y las agencias de viajes puede ser vital para la identificación y localización de delincuentes y criminales.

Carga de trabajo extra

El caso es que, «una vez más», precisa el director general de Spring Hoteles, «la empresa privada tiene que hacer de garante de la labor pública». Una tarea de intermediación que conlleva tiempo y que necesariamente supone una carga de trabajo extra, por pequeña que sea. No hay que olvidar que no todos los alojamientos turísticos pertenecen a grandes cadenas, sino que muchos son propiedad de pymes, micropymes o negocios familiares que explotan un pequeño hotel o unos modestos apartamentos con apenas uno o dos empleados. Al final, si algo sale mal en ese proceso de recopilación y traslado de información, «se acabará echando la culpa a las empresas», subraya Villarroya. Y lo cierto es que las cosas no han empezado del todo bien. 

Miguel Villarroya, Spring Hoteles: «Una vez más, la empresa privada hace de garante de la labor pública»

En la práctica, las empresas han de volcar los datos personales que recopilen de sus huéspedes y clientes en una aplicación informática -ses.hospedajes- que este viernes, a apenas 72 horas de la obligatoriedad del registro de viajeros, estaba dando más de un quebradero de cabeza en al menos varias cadenas y establecimientos del Archipiélago. «La cuestión es que no funciona; a día de hoy no podemos operar con la plataforma por más que lo intentemos, no lo conseguimos», avisaba el viernes, con la lógica preocupación por lo que pueda pasar hoy en el estreno del registro de viajeros, el director general de Cordial Hotels & Resorts, Nicolás Villalobos.

«No sé cómo vamos a trasladar toda esta información a la policía cuando la plataforma no nos deja», se quejaba Villalobos, quien como su homólogo de Spring Hoteles tiene claro que los primeros afectados serán los huéspedes. «Trataremos de cumplir, claro, no queda otra, pero tiene que haber un período de transición», agrega. Hay que tener en cuenta que en los establecimientos de Cordial, de Spring -firmas de referencia en el sector- y de tantas otras hoteleras que operan en las Islas llevan años de esfuerzo para dar cada vez un mejor y más ágil servicio a sus clientes, de ahí que esta carga burocrática impuesta no les haga ninguna gracia. La pregunta surge de nuevo: «¿Quién se lo explicará a esa pareja de británicos que se vea en una larga cola para el check-in? ¿El ministro del Interior?».

Nicolás Villalobos, Cordial Hotels & Resorts: «Tiene que haber un período de transición»

No extraña así que la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), que preside precisamente un canario, Jorge Marichal, haya anunciado su intención de emprender acciones legales para intentar tumbar el real decreto. En la Cehat entienden, más allá de que el registro perjudica a viajeros y empresas, que la normativa es «confusa y desproporcionada» y vulnera varias directivas europeas sobre protección de datos y sistemas de pago.

En el Gobierno central, en cambio, se amparan en que el registro -hasta ahora voluntario- ya ha servido para identificar a 18.584 personas que «figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o del sistema de información Schengen», es decir, 18.584 individuos sobre los que pesaba alguna requisitoria policial o judicial. 

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