SERIE SOBRE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA (V)
Financiar el envejecimiento, clave para Asturias
Barbón acordó con todos los partidos salvo Vox una posición común en el que pide garantizar la igualdad en el acceso a la sanidad, educación, dependencia y prestaciones sociales
El Gobierno regional asturiano, formado por una coalición entre el PSOE e Izquierda Unida (IU), basa en dos documentos sus reclamaciones en materia de financiación autonómica al Estado, que parecían contar con un amplio consenso político hasta la prometida reforma del Ejecutivo central de otorgar una “financiación singular a Cataluña”. Adrián Barbón, presidente del Principado y uno de los barones socialistas más cercanos a Pedro Sánchez, rechaza por norma hablar del denominado “cupo catalán”, argumentando que no hay datos concretos, y se centra en las reclamaciones acordadas en el Parlamento asturiano y que apoyaron todos los partidos políticos salvo Vox.
Ese documento, firmado en plena pandemia de covid, el 5 de junio del año 2020, fue entregado por el propio Barbón a Sánchez en una reunión en La Moncloa en septiembre y recoge varios aspectos nucleares para la región. El citado acuerdo fue refrendado tiempo después por ocho autonomías (Galicia, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura) incluida Asturias, en la denominada “declaración de Santiago”, acordada en 2021, que entre muchas otras reclamaciones pone el foco en el problema de la natalidad y el envejecimiento y tiene el mismo espíritu que el documento inicial.
El Principado sostiene que el modelo está obsoleto, que no aceptará ninguna reforma “que perjudique a Asturias” e insiste en que es indispensable que para el nuevo cálculo se tenga en cuenta “la dispersión de la población, el envejecimiento y el coste real de la prestación de servicios”. El Ejecutivo asturiano, en el documento consensuado, recalca que “ha de garantizarse la igualdad en el acceso a la sanidad, prestaciones sociales, atención a la dependencia o educación”.
Hay un apartado clave, en el que se defiende a su vez “desvincular los recursos de las administraciones territoriales de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado”. Una de las palabas más repetidas en el documento, que apoyado por todos salvo Vox, es “aislamiento”, sobre el que Asturias pone el foco para solicitar “corregir las desigualdades con el resto de la península”. El Principado es una de las regiones con menos población, por eso tiene el temor de que se beneficie a aquellas con más habitantes. “Debe mejorarse la toma de consideración del envejecimiento, segregando en mayor medida la población a partir de 65 años y más”.
Fuentes del Principado insisten además en que “Asturias también aboga por la necesidad de que el Estado aporte más fondos para que ninguna autonomía salga perjudicada y apuesta por un proceso de negociación multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además, defiende el criterio de corresponsabilidad fiscal para lograr un sistema de financiación verdaderamente equilibrado”.
El Ejecutivo pone el foco también en el principio de suficiencia, “garantizando que las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos precisos para financiar el total de los servicios de su competencia, tanto en el presente como en el futuro”.
Hay otros aspectos, vinculados al modelo de financiación, en los que también está concentrado el Gobierno regional. Una de las áreas son las infraestructuras, ya que el Principado pide “corregir el histórico déficit que padece Asturias y que dificulta los movimientos desde o hacia el resto del territorio nacional, aspecto que incrementa los costes y afecta a la competitividad”. En este aspecto, la reclamación principal del Principado es la supresión del peaje del Huerna, una vez que la variante de Pajares funciona a pleno rendimiento desde hace casi un año.
Otro tema es la deuda de las comunidades, sobre la que Asturias reclama una “reestructuración para impedir que el futuro pago afecte negativamente a la prestación de servicios públicos y, en cualquier caso, tal modificación ha de ser ajena a la reforma del sistema”. El Principado también apunta a “fortalecer el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), para corregir las desigualdades de renta y riqueza entre los territorios”.
La futura reforma de la financiación ha sido el asunto que más choques políticos ha suscitado en los últimos meses entre el Gobierno y la oposición. Los mismos partidos que hace cuatro años acordaron un documento de consensos, se enzarzan ahora después del pacto entre el Gobierno central y Esquerra Republicana. La derecha asturiana le afea a Barbón no ser “lo suficientemente contundente” ante Sánchez y este replica que el Presidente le prometió, como al resto de comunidades, más financiación.
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