El plan de barrios del Govern ofrecerá a los ayuntamientos inversiones de entre 3 y 25 millones de euros

A la espera de si logra aprobar los presupuestos de 2025, el Govern ha puesto las bases para el despliegue de la ley de barrios, una apuesta del mandato de Salvador Illa para dar un impulso a zonas vulnerables de Catalunya y que pretende dar continuidad al que fue uno de los buques insignia de los gobiernos del tripartit. El proyecto de decreto que ha puesto encima de la mesa el Executiu incluye inversiones de entre tres y 25 millones de euros de inversión en cinco años, cifra condicionada a la cantidad de habitantes que tengan los municipios que opten y cumplan con los requisitos, según ha podido saber EL PERIÓDICO. Por ahora, el Executiu no ha detallado la cantidad total que piensa destinar a los barrios en las cuentas que está negociando con ERC y con los Comuns ni cuándo está previsto que se apruebe el decreto de forma definitiva, pero mantiene que esta va a ser una de sus propuestas estratégicas de la mano de los ayuntamientos y que para ello creó un nuevo comisionado bajo la batuta de Carles Martí.

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De hecho, que haya nuevos presupuestos es vital para que el despliegue de la ley de barrios aprobada por el Parlament a finales de 2022 sea una realidad. Justo este martes hará referencia a esta carpeta la consellera de Territori, Habitatge i Transició ecològica, Sílvia Paneque, a raíz de una interpelación del grupo de Jéssica Albiach en la Cámara catalana. Según el borrador con las condiciones para poder acceder al fondo de financiación, los barrios que podrán optar a esa inversión tienen que tener una renda per cápita inferior a la media de Catalunya -15.830 euros, según datos del Idescat de 2023-, cumplir con la puntación requerida en los indicadores de vulnerabilidad socioeconómica y urbana -hay hasta 26 definidos- y presentar un programa de intervención con carácter integral.

Proyectos con carácter integral

Ese carácter integral implica que planteen transformaciones físicas del barrio -desde peatonalizar calles a mejora de iluminación o cloacas o rehabilitación de viviendas-, medidas medioambientales -la ley de 2022 incluye criterios para mitigar el impacto del cambio climático- y acciones sociocomunitarias, que puede ir desde el fomento de la oupación a mejoras en el comercio de proximidad o programas de integración o específicos para infancia o gente mayor. Estos tres criterios implican una actualización de los planes de barrios que se impulsaron en la etapa del tripartit. Fuera queda, porque es competencia de otros programas o conselleries, la nueva vivienda, a no ser que sea de realojamiento, o la construcción de nuevas escuelas, centros de atención primaria y comisarías, aunque sí que podrán incluirse rehabilitaciones y remodelaciones de estos equipamientos.

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La dotación para los proyectos se hará en función de la cantidad de habitantes. Para los municipios de menos de 20.000 vecinos, será de entre tres y 12,5 millones de euros, mientras que para los que tengan más de 20.000 la inversión será de entre 6 y 25 millones. El proyecto de decreto no establece qué porcentaje de ese montante asumirá la Generalitat, pero la pauta que se seguirá es que los municipios más grandes tienen más capacidad de cofinanciación. Según ha podido saber este diario, en las localidades de menos de 20.000 habitantes la Generalitat se hará cargo del 70% de la inversión, en los que tengan entre 20.000 y 50.000 habitantes será del 60% y en los de más de 50.000 se hará cargo de la mitad, mientras el resto lo asumirá el consistorio.

La comisión que gestionará los fondos

Además del baremo de vulnerabilidad y poblacional, también se tendrá en cuenta la equidad territorial por veguerías a la hora de designar a qué barrios se destinan los recursos. Y aunque en un principio se requiere que sean una área homogénea -y, por lo tanto, de una misma localidad- las que opten a la ley de barrios, habrá cabida también para zonas en las que haya continuidad urbana aunque pertenezcan a varios municipios. Un ejemplo claro sería el de la riba del Besòs. Para determinar qué proyectos se beneficiarán del fondo de financiación se creará una comisión específica que estará formada por 25 miembros: 13 de la Generalitat, 10 de las entidades municipalistas -cinco de la Federació Catalana de Municipis y otras cinco de la Associació Catalana de Municipis- y dos representantes de entidades vecinales, que serán la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) y la Taula d'Entitats del Tercer Sector.

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El Govern de Salvador Illa aprobó la creación del comisionado de barrios en la primera reunión del Consell Executiu, el pasado 13 de agosto, con el anuncio de que tendría una "prioridad absoluta" para que la ley de barrios se convierta en una herramienta que tenga un "impacto muy directo" en la calidad de vida de los ciudadanos y sirva para combatir a la extrema derecha mejorando los servicios públicos y la seguridad en zonas de alta vulnerabilidad. Sin embargo, la elaboración del decreto está sujeta a los plazos de exposición pública, a los técnicos y, por último, también a los políticos, puesto que el plan está también a expensas de si el Govern logra sacar adelante unos presupuestos cuya aprobación, si llega, será durante el primer trimestre de 2025.

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