Catalunya, en busca de gestionar y recaudar todos los impuestos

El actual Govern de la Generalitat presidido por Salvador Illa, del PSC, ha iniciado el camino hacia una propuesta de cambio del modelo de financiación autonómica a través de la constitución de un grupo de expertos que analicen y valoren las distintas alternativas del objetivo final, que es lograr la gestión, recaudación, liquidación e inspección de todos lo impuestos. Y eso quiere decir de los estatales, que actualmente ingresa la agencia tributaria estatal (AEAT) y que luego transfiere a las comunidades autónomas en función de unas estimaciones y del porcentaje de participación en los grandes tributos estatales, como el 50% en el IRPF o el IVA y el 58% en los especiales. El modelo incluye a su vez el pago al Estado por servicios que están centralizados, como la Defensa o la política exterior, que se detraería de lo recaudado y otra parte destinada a un fondo de solidaridad con losotros territorios

Inicialmente, la idea del PSC era que el modelo privotar en torno a un consorcio tributario entre la agencia estatal (AEAT) y la Agència Tributària de CAtalunya (ATC), creada en 2007, que está recogido en el Estatut, una parte que no fue invalidada por el Tribunal Constitucional. Una de sus ventajas sería que desparecería la liquidación tardía de los pagos, que ahora llega con dos años de retraso. Pero la ncesidad del apoyo de Esquerra Republica (ERC) para la investidura de Illa llevó a un acuerdo en el que el protagonismo total recae sobre la ATC a partir de la propuesta de "financiación singular" que surgió del Govern republicano que perdió las elecciones este año y que rechaza compartir "las llaves de la caja" con el Estado. Según los cálculos d elos repuclicanos con la implantación total del modelo, Catalunya pasaría a tener la llave de 30.000 millones más, hasta 60.000 millones de recaudación.

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Eso obliga a lidiar con más complicaciones jurídicas, ya que Catalunya forma parte del régimen común, junto con el resto de las comunidades autónomas, con la excepción de Euskadi y Navarra, que cuentan con sus propios regímenes de concierto económico consagrados en al Constitución. Eso obliga a buscar fórmulas legales con las que encajar que Catalunya tenga una cierta singularidad, de la que ya disfruta porque cuenta con algunas competencias que no tienen otras, como la policía autónomica (Mossos) o las cárceles. Catalunya es la que ha recibido más competencias al margen de las que están blindadasa como propias del Estado (Defensa, la legislación penal o el régimen económico de la Seguridad Social).

Ese es el reto. Por eso Illa afirmó recientemente en el Parlament de Catalunya que será necesario "multiplicar por cuatro" los recursos de la ATC. En la actualidad, este organismo recauda unos 4.700 millones al año en tributos propios y cedidos (100% impuesto de electricidad, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales, Patrimonio, Juego, tasas y matriculación) con 852 empleados. Solo con el IRPF que, según el acuerdo PSC-ERC, es el primer gravamen que deberá sujetarse al nuevo modelo en 2026, la ATC se ocuparía de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de más de 23.000 millones, que en la actualidad llegan mediante transferencias del Estado por mitades, la primera como anticipio y el resto mediante una liquidación que se practica a los dos años.

Madrid reclama tener en cuenta el incremento de población pasado y previsto en la región en la nueva financiación

En la actualidad, Catalunya es la tercera comunidad que mayor recaudación fiscal por habitante aporta al sistema, por detrás de Madrid y de Baleares. Sin embargo, cuando se trata de recibir, la financiación por habitante baja al noveno puesto en Catalunya. Respetar el principio de ordinalidad, como sucede en Alemania, implicaría poner un límite a la solidaridad que practican estas comunidades con el resto de territorios. Bajo este principio, si Catalunya es la tercera en aportar no debería estar muy lejos del tercer escalón a la hora de recibir. Lo mismo para Madrid. El Estatut de Catalunya, en su artículo 206.5 avala el principio de ordinalidad.

Una de las losas de las autonomías es la deuda con el propio Estado a raíz del cierrre de los mercados en 2021. De ahí nacieron instrumentos con el fondo de liquidez autonómnico (FLA) y el presidente Pedro Sánchez se comprometió a perdonar a Catalunya 15.000 millones de su deuda con el Estado, lo que supondría un ahorro de costes financieros de unos 1.300 millones; y a extender al resto de la las comunidades de régimen común el mismo mecanismo de condonación de pasivos autonómicos. La idea de Hacienda era abordar su propuesta de forma bilateral con cada una de las comunidades.