El Supremo ultima la tramitación del recurso contra el nombramiento del fiscal general, pero no decidirá hasta al menos febrero

El Tribunal Supremo tiene abiertos dos litigios que ponen contra las cuerdas al fiscal general. Mientras la Sala de lo Penal le imputa un presunto delito de revelación de secretos --por la supuesta filtración de los correos electrónicos que intercambió con Fiscalía la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en busca de un acuerdo para evitar ser llevado a juicio por fraude fiscal--, la de lo Contencioso-Administrativo tiene en su mano anular su nombramiento. En ambos casos, en la parte acusadora se encuentra una asociación minoritaria de fiscales, la Profesional que Independiente (APIF).

Fuentes de la sala de lo Contencioso señalan a este diario que el contencioso que APIF presentó el pasado mes de abril, instando que se declare nulo el nombramiento de Álvaro García Ortiz por "progubernamental", se encuentra en plazo de conclusiones de la parte demandada, es decir, falta el último escrito de la defensa del propio fiscal general. 

Los magistrados tienen ya sobre la mesa las conclusiones de los demandantes, que ha argumentado ante la sala la abogada Elisa de la Nuez, que preside la asociación de juristas Hay Derecho. Se espera, por lo tanto, que el expediente quede concluso para votación y fallo a finales de este mes, pero teniendo en cuenta los plazos de resolución de la Sala lo normal es que no se señale hasta el mes de febrero.

Intento de recusación

Este asunto ha contado con incidentes procesales inéditos hasta la fecha. De hecho, el pasado mes de mayo cuatro de los magistrados que componen la Sala -- Pablo Lucas, Luis María Díez -Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero-- respondieron ante la petición de recusación presentada por el propio fiscal general que no existían razones para justificar que tuvieran que apartarse del caso.

El Supremo desoye al fiscal general y seguirá analizando lo incautado en su despacho

Llegaron a afirmar que aceptar los argumentos de García Ortiz significaría inhabilitar al Supremo para ejercer su función constitucional y crear "espacios de inmunidad". El fiscal general apuntaba que todos ellos han resuelto ya por dos veces en contra de su política de nombramientos -anulando las decisiones que elevaron a la cúpula fiscal a su antecesora en el cargo, Dolores Delgado-- por lo que no son lo suficientemente imparciales para revisar el recurso en contra de su designación como fiscal.

El recurso de APIF contra García Ortiz pivota sobre su falta de idoneidad para el desempeño del cargo que se acredita, según los demandantes, en la reiterada "sucesión de errores jurídicos, despropósitos y omisiones graves" que culminaron con la anulación por el propio alto tribunal del ascenso a la cúpula fiscal que García Ortiz propició para su antecesora en el cargo, Dolores Delgado.

Para los demandantes lo ocurrido con respecto al nombramiento de Delgado, que se anuló por considerarse "desviación de poder", no es un hecho aislado y apuntan a otros nombramientos de García Ortiz que han sido cuestionados y a la querella por la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso que ha acabado con la imputación de García Ortiz y el registro de su despacho oficial, donde se han incautado sus dispositivos electrónicos buscando pruebas de la filtración que se investiga.