El juez tranquiliza al fiscal general y le asegura que no se divulgará la información "altamente sensible" de su teléfono

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, que investiga un presunto delito de revelación de secretos tras difundir la Fiscalía de Madrid información fiscal -de carácter confidencial- del empresario Alberto González Amador, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado de tranquilizar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y en un auto de 18 de noviembre sostiene que no se divulgará la información "altamente sensible" que fue requisada de su teléfono oficial.

Por eso, el magistrado no comparte "la queja" del fiscal general y de la fiscal jefa de Madrid, María del Pilar Rodríguez Fernández, "sobre el acceso inmediato al material 'por terceros externos al Tribunal" y sostiene que, "cualquiera que sea el sentido que se quiera dar a esta manifestación, hay que insistir que el material se puso en manos de una unidad de policía judicial, al servicio de este Instructor, de cuya labor y celo no hay razones para dudar, como la práctica judicial nos viene demostrando".

De esta forma, el instructor ha rechazado los recursos que interpusieron el propio fiscal general y la fiscal Rodríguez Fernández, que pedían la suspensión cautelar del análisis del material incautado con ocasión de la diligencia de entrada y registro en la sede de los dos altos cargos del Ministerio Público. En el mismo sentido que la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, ambos temían la posible divulgación de información de carácter secreto, como son las pesquisas de las diferentes fiscalías.

Material no analizado

En los propios autos de registro, recuerda el magistrado Hurtado, ya se diferenciaba, "dentro del material intervenido, el relativo al análisis y periodo que debía centrarse la pericia, [...] lo que no era incompatible con que el resto del material debiera quedar a disposición de esta Instrucción, con finalidades de aseguramiento de una prueba que pudiera ser útil de cara al esclarecimiento de los hechos objeto de investigación, y evitar que se perdiera, que, por el momento, no se ha considerado necesario entrar en su análisis", explica el instructor en su auto de 18 de noviembre, al que ha tenido acceso esta redacción.

Y en cumplimiento de la orden judicial, prosigue el juez en su resolución, "lo razonable" es que los funcionarios que intervinieron en ella, en alusión a los guardias civiles, "una vez recogido el material, procedieran a realizar una visualización de dichos dispositivos, en esa idea de ir concretando lo que debía ser objeto de análisis pericial e interés para la investigación",

Y de esta forma, destaca el auto, los agentes daban cumplimiento a "lo que en el propio auto habilitante se les autorizaba, que les legitimaba para ese visionado sobre la información recabada".

Colaboración habitual

En este caso la diligencia fue llevada a cabo, completa Hurtado, por la Unidad Central Operativa (UCO) perteneciente a la Jefatura de Policía Judicial de la Guardia Civil. Un grupo "a cuyo servicio es habitual acudir en colaboración para la investigación de asuntos como el que nos ocupa y que generalmente interviene con el beneplácito de los miembros del Ministerio Fiscal en los procesos penales".

Hurtado resalta después "la profesionalidad y experiencia" de la UCO, a quien "se confería la práctica de una diligencia" para que aprovechando sus conocimientos iniciara, "una vez recogido el material intervenido, el desarrollo de la prueba pericial que debía llevarse a cabo sobre el mismo, fijado su objeto a los días en que debía centrarse, que, en todo caso, quedaba controlada desde el primer momento por el instructor".

Finalmente, el instructor pone de manifiesto que la Policía Judicial, "en su condición de fuerza de seguridad, y esa profesionalidad inherente a ello, hay que partir de que, como principios básicos de su actuación, se encuentra el de legalidad y adecuación al ordenamiento jurídico, entre los que se menciona el de «ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico» o el de "colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la Ley".