Penas de 6 a 12 meses de prisión para periodistas contratados irregularmente por el Ayuntamiento de Calella

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de entre seis meses y un año de cárcel a dos periodistas y al administrador de dos empresas de comunicación por contratos irregulares con el Ayuntamiento de Calella (Maresme) entre 2018 y en el 2021. La alcaldesa de entonces, Montserrat Candini (histórica de CDC), también estaba acusada, pero murió el pasado julio. Los tres estaban acusados de prevaricación y falsedad en documento mercantil y se enfrentaban a penas de dos años y medio de cárcel, mientras que a Candini le pedían cinco años y medio de cárcel por los mismos delitos. Por último, y tras reconocer los hechos, sólo se les ha condenado por falsedad y se les ha rebajado sustancialmente la pena, que no tendrán que cumplir.

Según el relato de la Fiscalía aceptado por los tres acusados este lunes en la Audiencia de Barcelona, entre los años 2018 y 2021 las dos acusadas fueron contratadas cuatro veces y año a año por el área de comunicación del consistorio de Calella a través de Candini, que no había delegado las funciones en materia de turismo y comunicación en ningún concejal. Todos los contratos eran prácticamente idénticos y para realizar aproximadamente el mismo trabajo, ya que eran para necesidades permanentes y no ceñidas a un período o tarea concreta. Los contratos precisaban el contenido como soporte a acciones de comunicación, marketing turístico o 'Calella Film Office'. Por todo ello, las defensas y la fiscalía han pactado 6 meses de prisión y 900 euros de multa para cada una de las dos periodistas contratadas irregularmente, y un año de prisión y 1.800 euros de multa para el administrador de ambas empresas que contrató al ayuntamiento también de forma irregular. Las penas se suspenden durante dos años.

Se se ha demostrado, los contratos menores sorteaban la normativa administrativa, puesto que el trabajo, estable y permanente, habría requerido un concurso público y no una adjudicación directa de la junta de gobierno local a propuesta de la alcaldesa. Ambas contratadas conocían la situación irregular y facilitaban a la alcaldía el presupuesto anual y las facturas mensuales por los servicios prestados.

Las cantidades

Una de las acusadas entregó presupuestos por valor de 21.789 euros, IVA incluido, en 2018, 18,143 euros en 2019, 16.280 en 2020 y el mismo importe en 2021. El objeto del presupuesto era siempre el mismo aproximadamente: "Apoyo al área de comunicación, mantenimiento de las redes sociales institucionales y redacción y difusión de notas de prensa". Los presupuestos de la otra acusada fueron de 9.982 euros en 2018, 18.143 en 2019, el mismo importe en 2020 y 16.328 en 2021. El objeto de los presupuestos era: "Apoyo a las acciones de comunicación y marketing turístico" y "coordinación del servicio Calella Film Office".

Tanto el secretario como el interventor municipal advirtieron de la posible irregularidad de los contratos menores, que no podían superar los 15.000 euros anuales más IVA. El 3 de junio de 2020, el gobierno municipal, a propuesta de Candini, aprobó la adjudicación a la empresa Vitamine, administrada por el acusado, de un contrato menor de servicios para elaborar un plan de promoción turística y comercial en forma de campaña publicitaria con el eslogan 'Es Calella'. La empresa entregó un presupuesto de 14.943 euros, justo por debajo del límite, el día 2 de junio, y el mismo día Candini firmó la propuesta de adjudicación sin adjuntar ningún informe que justificase a Vitamine como empresa contratada.

Se da la circunstancia de que el informe sobre la campaña publicitaria fue creado por Vitamine el 21 de mayo anterior, no fue modificado durante la tramitación y Vitamine recibió la adjudicación formalmente el 4 de junio. Además, el documento indicaba que la campaña debía empezar el 25 de mayo, antes incluso de la adjudicación. Esto evidenciaría que el administrador de Vitamine y Candini estaban en "contacto directo" antes de la reunión de la junta de gobierno.

El covid

Debido al confinamiento por el covid en 2020, las dos periodistas contratadas trabajaron por el consistorio más horas de las previstas en el contrato. Para compensarlas, Candini dijo a las dos mujeres que giraran dos facturas de 1.500 euros más IVA a la empresa OFV Consultors de Comunicació 2018 SL, administrada también por el acusado, facilitándoles los datos fiscales y el objeto de las facturas, así como la dirección a la que enviarlas. En noviembre de 2020 OFV pagó las cuatro facturas aunque las mujeres no habían trabajado en ningún momento por esta empresa. En los conceptos, una de las acusadas puso "mantenimiento de las redes sociales de los clientes" durante dos trimestres, y la otra indicó "seguimiento y elaboración de informe de medios de comunicación internacionales, relativo a la imagen exterior de Barcelona y Catalunya durante dos períodos de dos meses.

Para compensar el gasto que OFV había asumido para el Ayuntamiento y compensar el mayor coste de la campaña publicitaria adjudicada a Vitamine, Candini y el acusado acordaron la adjudicación de un segundo contrato menor por valor de 15.064 euros. La junta de gobierno lo aprobó el pasado 2 de diciembre con el objeto de elaboración de un informe sobre el impacto de la campaña anterior. El presupuesto había llegado al consistorio el 30 de noviembre y ninguna otra empresa pudo participar.

La sentencia concluye que OFV no tiene ya infraestructura para realizar este informe, puesto que no tenía domicilio fiscal propio, no tenía trabajadores, ni página web, ni correo electrónico corporativo ni teléfono propio, sino que todo es del administrador único, que también lo era de Vitamine.

Irregularidades

El informe no tuvo entrada en el registro municipal, sino que lo envió el acusado al 'project manager' de comunicación del consistorio a finales de enero de 2021. En el informe constaba el logotipo de Vitamine, aunque teóricamente había realizado OFV, y decía que la campaña se había realizado entre mayo y septiembre de 2020, cuando había sido adjudicada en junio. Así, el informe de valoración de la campaña había sido realizado por la propia empresa que había realizado la campaña. Tras los requerimientos de documentación de la fiscalía, el documento fue modificado, se puso el logo de OFV y la fecha de inicio de la campaña cambió de mayo a junio.

El informe valoraba positivamente el impacto publicitario de la campaña, asegurando haber llegado a 2,3 millones de personas a través de Facebook, Instagram, seis radios y seis medios de prensa escrita.