Podemos se retira como acusación del caso Pujol pese a que doblaba las penas del fiscal

Tras el descalabro electoral que sufrió Podemos en las pasadas elecciones solo era cuestión de tiempo que abandonara la acusación en aquellos procedimientos en los que su intervención no fuera imprescindible. Una semana después de que se pusiera fecha al juicio en el que se sentarán en el banquillo el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y sus hijos, la formación morada ha anunciado que renuncia a ejercer la acción popular contra ellos.

En un escrito ha anunciado al tribunal de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar el caso Pujol que deja el ejercicio de la acusación en manos de la Fiscalía Anticorrupción, pese a que su petición de pena era muy superior a la prevista por el ministerio público.

Podemos solicitaba 16 años de prisión para el expresidente catalán y más de medio centenar para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, cuya pena en una petición alternativa, en la que se incluía la organización criminal, se elevaba hasta los 54 años de cárcel. El ministerio público en cambio solicitaba nueve años para el primero y 29 para el segundo.

Podemos justifica haber ejercido la acción popular en la causa en las "graves conductas delictivas" atribuidas a la familia Pujol, lo que, sostiene, "ha servido para depurar y esclarecer hechos muy relevantes", pero ahora, años después de concluida la instrucción, considera "suficientemente cubierta" la acusación por la fiscalía, "cuya misión es la de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley". Y ello, pese a que su petición de pena es sensiblemente inferior.

El escrito de acusación de la formación ahora liderada por Ione Belarra también se diferencia de la del ministerio público en que plantea dos penas de forma alternativa. Para Jordi Pujol Soley pide 16 años de prisión por los delitos de asociación ilícita, falsedad y blanqueo de capitales, y en una segunda propuesta llega hasta los 20, mientras que para su primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, la petición de prisión supera en seis meses el medio centenar de años, que sube hasta los 54, en la alternativa. Atribuye a ambos un blanqueo continado de 123,6 millones de euros a lo largo de los años, por el que, además, reclama el decomiso de algo más de dos millones de euros de Convergència.

La acusación que ejercía Podemos, según el escrito que redactó su letrada en el caso Pujol, Aina Díaz, también se distancia de la fiscalía y del relato de hechos realizado por el juez José de la Mata, en el auto en el que dio por concluida la instrucción, en que incluye a Mercé Gironés, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, entre los directores de la organización criminal que conformaba el clan familiar.

Para ella solicitaba 39 años y medio de prisión. Le seguían en importancia de las penas solicitadas Josep Pujol para el que se pedían 15 años. Para las hijas del matrimonio Pujol-Ferrusola la pena solicitada era de seis años de cárcel. La Fiscalía, en cambio, pide para ellas ocho años de cárcel por los delitos de asociación ilícita y blanqueo.