El Govern de ERC avaló que Romeva presidiera la Fundació Irla pese a estar inhabilitado

La posible llegada de Laura Borràs a la presidencia de la Fundación FunDem ha levantado polvareda. No solo por el hecho de que deberá convencer a los actuales patronos de la entidad hasta ahora vinculada a Demòcrates, sino también por su condena judicial. Sobre la expresidenta de Junts pesa una sentencia -aunque aún no es firme- de cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por los delitos de prevaricación y falsedad documental por haber amañado contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Aunque se trate de una entidad privada, todas las fundaciones están obligadas a comunicar a la Generalitat cualquier cambio en sus estatutos y en su composición y deben cumplir con el libro tercero del Codi Civil de Catalunya, cuyo artículo 332-3 deja claro que no puede ser patrono -y, en consecuencia, tampoco presidente- de ninguna fundación quien haya sido inhabilitado para ejercer cargos públicos.

Este artículo afecta y dificulta el futuro de Borràs en la FunDem, pero también atañe al exconseller Raül Romeva, que desde enero de 2024 ejerce como presidente de la Funcación Irla, vinculada a ERC. Romeva fue condenado a 12 años de cárcel e inhabilitación absoluta por el delito de sedición y malversación por la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017. A pesar de que el indulto y la reforma del delito de sedición mitigaron su condena, el Tribunal Supremo decidió mantener su inhabilitación hasta el año 2030 al considerar que hubo malversación agravada y, recientemente, ha rechazado también aplicarle la ley de amnistía aprobada por el Congreso. Actualmente, Romeva está a la espera de si el Tribunal Constitucional corrige al alto tribunal y le acaba exonerando.

Justamente, a esta ley de amnistía es a lo que se acoge la Fundació Irla para justificar el nombramiento del exconseller como presidente y para distinguir su caso del de Borràs. Fuentes de la entidad explican que, aunque la ley no se aprobó finalmente hasta mayo de este año, tras el primer 'no' de Junts en noviembre de 2023, ya se había cerrado un pacto con el PSOE para sacar la norma adelante. Esta previsión, sumada a que desde la Fundació Irla consideran injusta la condena a Romeva, llevaron al patronado de la entidad a avalar su nombramiento y defienden que siguieron todos los "trámites" requeridos ante los "organismos pertinentes", sin encontrar oposición alguna. De hecho, Romeva consta como presidente de la fundación en el registro de entidades de la Generalitat, según ha podido corroborar EL PERIÓDICO.

El Govern encarga un informe

El control de las fundaciones depende de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació, adscrita a la conselleria de Justícia. Su responsable es Immaculada Barral, en el cargo desde noviembre de 2022, cuando el departamento pasó a manos de ERC -concretamente de Gemma Ubasart- tras la salida de Junts del ejecutivo. Barral, que es catedrática en derecho civil en la Universitat de Barcelona, forma parte del medio centenar de altos cargos nombrado por ERC que sigue en el 'sottogoverno' y que aún no han sido relevados por el nuevo president, Salvador Illa. Sin embargo, fuentes de la actual conselleria de Justícia han explicado a EL PERIÓDICO que, ante estas informaciones, encargarán un informe sobre la situación jurídica de todas las fundaciones vinculadas a partidos políticos.

Las cuatro trabas de Laura Borràs para ser presidenta de la fundación de Junts

Esta investigación puede afectar a Romeva, pero también a Borràs. La expresidenta del Parlament se acoge a que su inhabilitación es para "cargos públicos electivos" y defiende a capa y espada que solo le hace "inelegible" en unas elecciones. Además, pone como ejemplo que esta sentencia no ha impedido que siga ejerciendo como profesora desde su plaza de funcionaria del Estado y, al considerar que su juicio fue 'lawfare', también ha pedido que se le aplique la amnistía, a pesar de que no está estrictamente relacionada con el 'procés'.

Sin embargo, el código civil catalán no solo invalida como patrón de una fundación cualquiera que haya sido "inhabilitado para ejercer cargos públicos o para administrar bienes", como es el caso de Romeva, también a quien haya cometido "delitos contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico o por delitos de falsedad". Borràs está condenada, justamente, por falsedad documental, además de por prevaricación.