El Supremo decidirá si Ione Belarra vulneró el honor de García Castellón al llamarle "corrupto" y prevaricador

El Tribunal Supremo ha admitido la demanda para la tutela del derecho al honor interpuesta por el juez Manuel García Castellón contra la diputada y líder de Podemos, Ione Belarra, por los insultos, como "corrupto" y prevaricador que le dedicó a través de la red X cuando se publicó en el BOE que se jubilaba el pasado mes de septiembre, después de 47 años en ejercicio activo.

La Sala Civil del alto tribunal ha admitido la demanda, que la ley impone que debe tener una tramitación preferente, del que hasta el pasado mes de septiembre era titular del Juzgado Central de Instrucción número 6. El auto de admisión emplaza a la propia Belarra y a la fiscalía a presentar las alegaciones que consideren necesarias para darle respuesta en un plazo de 20 días.

El juez solicitó en un principio una indemnización de 120.000 euros, que luego amplió con la misma cantidad, lo que eleva la cifra que finalmente solicita a 240.000 euros. García Castellón argumenta que "las publicaciones de los días 2 y 20" de septiembre de la diputada Ione Belarra suponen una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

El primer día, Belarra dijo a través de la antigua Twitter, ahora llamada X: "Lo dijimos hace meses y ahora se confirma, este y otros jueces corruptos, que han prevaricado contra quienes defendemos otra idea de España, se van a ir de rositas sin sanción alguna gracias al PSOE. Vergüenza".

La demanda califica estas palabras de "difamación", porque "exceden el umbral de protección de la libertad de expresión, pues no se limitan a una crítica legítima, sino que constituyen un ataque directo y personal a la integridad y reputación" del magistrado, "con expresiones que carecen de una relación razonable con la crítica legítima y que son desproporcionadas e innecesarias para transmitir cualquier finalidad informativa".

"No cabe duda de que las expresiones empleadas por Belarra carecen de interés general legítimo y resultan ultrajantes y ofensivas", insiste el escrito, que recuerda que "la Constitución no reconoce un supuesto 'derecho al insulto', lo que claramente queda fuera del ámbito de protección constitucional".

Según García Castellón, el mensaje de Belarra provocó que "sea en la actualidad objeto de burla de numerosas personas", y para demostrarlo adjuntaba comentarios de usuarios que, al hilo de la publicación, le tachaban de "mamarracho" y le desean una "jubilación triste, larga, dolorosa".

El juez resaltaba que le había ocasionado "graves perjuicios, alterando su tranquila y apacible retirada vida actual, así como menoscabando su salud toda vez que todas las acciones y decisiones como miembro del poder judicial español han ido encaminadas a salvaguardar la imparcialidad que le es requerida para impartir la justicia", alega.

"La publicación de la señora Belarra -y los comentarios derivados de la misma- son completamente inaceptables, además de inciertos, dada la intachable carrera del señor García Castellón que, durante los más de cuarenta y cinco años -concretamente 47- de ejercicio profesional, no ha tenido tacha alguna en su expediente", incidía la demanda interpuesta.

El escrito destacaba la "impecable carrera judicial" del juez, que "durante toda su trayectoria profesional ha sido independiente e imparcial, juzgando con prudencia y con conocimiento de causa y del Derecho bajo la conciencia social, la racionalidad, equidad y razonabilidad, destacando su compromiso personal de formación continuada en las diferentes materias que se le presentaban, siendo por todo lo antepuesto desmerecedor de tales infamias".

Al respecto, recordaba que García Castellón ejerció también como juez de enlace en el extranjero, en París y Roma, durante muchos años y ha recibido diversas distinciones y premios, como la encomienda de Isabel la Católica, la de Legión de Honor del Gobierno de Francia y el Premio Puñetas de Plata de la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR).

La demanda también reclamaba que se condene a la exministra a difundir el contenido de la sentencia en su perfil de la misma red social en la que emitió el mensaje, o en otro medio con semejantes características.