Poco margen de maniobra
El PP retirará la votación en el Senado de la ley que reduce las penas a los etarras y pide al Gobierno que anule la reforma
El artículo 71.4 del reglamento de la Cámara permite modificar el orden del día con el respaldo de una mayoría de parlamentarios
La dirección de los populares, que tienen mayoría absoluta, ha reclamado a sus senadores que acudan mañana puntuales al hemiciclo

Borja Sémper, el portavoz del PP nacional, en una foto de archivo. / José Luis Roca


Pilar Santos
Pilar SantosPeriodista
Licenciada en Periodismo por la Ramon Llull.
Empezó en Barcelona en 1997 haciendo la agenda y las farmacias de guardia. Pasó por varias secciones antes de llegar a Política. En 2007, se trasladó a Madrid para cubrir la Moncloa con José Luis Rodríguez Zapatero y, después, con Mariano Rajoy. La información de Exteriores la llevó a más de 40 países. A partir de 2011 sumó la cobertura de la Zarzuela.
Tras la moción de censura a Rajoy, está centrada en el PP y la Casa del Rey.
Colabora en programas de análisis en Telecinco, RNE y Catalunya Ràdio.


Miguel Ángel Rodríguez
Miguel Ángel RodríguezPeriodista político, especializado en la información parlamentaria del Congreso y el Senado
El PP ha analizado de forma exprés cómo puede arreglar el fallo que cometió hace unos días cuando votó a favor en el Congreso de un cambio legal que beneficiará, entre otros, a miembros de la banda terrorista ETA y les permitirá salir antes de prisión. Lo tiene muy difícil. Por ahora, ha decidido usar su mayoría absoluta en el Senado para sacar del orden del día la votación en esa segunda Cámara que se tenía que producir este martes. Mientras, insta al Gobierno de Pedro Sánchez a que retire la reforma de la ley. "El PSOE es el único partido con capacidad para parar este despropósito", reconoce el PP en un comunicado admitiendo su poco margen de maniobra.
Todo empezó el 18 de septiembre, cuando el Congreso por unanimidad (también con los votos afirmativos de Vox) aprobó un proyecto de ley que incluye una trasposición europea sobre el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales y que también incluía la anulación de una disposición adicional y de la modificación de un artículo de la ley original, claves en la afectación de las condenas de los etarras.
Con esa luz verde de la Cámara baja, el proyecto de ley siguió el camino de la tramitación y llegó al Senado, donde mañana, martes, se tenía que votar, en principio. Según adelantó EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, la primera decisión de los populares pasó por no celebrar esa votación. El artículo 71.4 del reglamento de la Cámara permite, a propuesta del presidente del Senado (el popular Pedro Rollán) o de un grupo, modificar el orden del día con el respaldo de una mayoría de parlamentarios: el PP cuenta con mayoría absoluta en el hemiciclo y puede hacerlo. Por ese motivo, la dirección de los populares pidió a sus senadores que este martes sean puntuales y todos estén sentados a las diez de la mañana en sus escaños para poder participar en esa votación urgente para sacar la reforma de la ley del orden del día.
Con esa decisión, los de Alberto Núñez Feijóo impedirán que este martes la ley vaya directa al 'Boletín Oficial del Estado', ya que ningún partido presentó enmiendas o propuestas de veto como exige la Constitución. El PP puede aplazar la votación, pero ¿luego qué? Por ahora nadie contesta. Todos los fontaneros están buscando posibles salidas, también judiciales. Además, el tiempo les apremia: el próximo lunes, 14 de octubre, termina el plazo para que el Senado se pronuncie sobre esta ley, porque de no hacerlo se mandará directamente al 'BOE'. En un breve comunicado, los conservadores pidieron al Gobierno que "utilice su potestad para retirar esta reforma legal". "Queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión", se podía leer.
En el penúltimo día
"Es vergonzoso". "No sabíamos dónde meternos esta mañana". "Un fallo muy grave". Son algunos de los comentarios con los que diputados del PP admitían este lunes su error. Ni los populares ni tampoco los parlamentarios de Vox vieron el impacto que esos cambios legales pueden tener en las condenas de los etarras (y de todos los presos). Los partidos de derechas no han puesto el grito en el cielo hasta este lunes cuando han leído en 'El Confidencial' la noticia de las consecuencias para los terroristas de ETA.
Borja Sémper, portavoz nacional de los conservadores, ha justificado el fallo de los diputados del PP en que el proceso legislativo "está prácticamente adulterado" porque no es "transparente, claro y limpio". En este caso, se ha tratado de la anulación de una disposición adicional y de la modificación de un artículo, dos elementos claramente expuestos en los documentos (que solo ocupaban 14 páginas) que tuvieron a su alcance todos los diputados del Congreso durante meses antes de la votación. Ni PP ni Vox presentaron enmiendas.
Pese a que el trámite fue el habitual y los parlamentarios contaron con la información y los plazos normales para analizar el caso y tomar una decisión, Sémper ha insistido en calificar el asunto de "jugarreta" y "trampa" y solo en un último momento ha admitido un "error" de los suyos. "Presos etarras muy sanguinarios", ha dicho, van a poder "salir de la cárcel sin cumplir penas impuestas en España". "Es verdaderamente doloroso y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para revertirlo y para impedirlo, tanto desde el orden político como judicial, que a nadie le quepa ninguna duda", ha continuado.
En todo caso, Sémper no ha querido dar por seguro que puedan frenar el cambio legal por el que sus diputados votaron sí y que, al no presentar ninguna enmienda en el Senado, incluso el PP permitió que no se debatiera en comisión y fuera directo al pleno (de mañana). "Confiamos en ser capaces de poder lograrlo", ha remachado.
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