Los Comuns reclamarán al Govern 1.500 millones en cinco años para la ley de barrios

El debate de política general es, para los Comuns, un termómetro para determinar el rumbo del Govern de Salvador Illa en plena negociación de los presupuestos. El objetivo del grupo de Jéssica Albiach en el Parlament es lograr que el PSC se reafirme con todos y cada unos de los acuerdos que firmó para la investidura, especialmente en materia de vivienda, pero también arrancar nuevos compromisos en las cuentas de 2025 que se están negociando. Con ese propósito, en las propuestas de resolución que llevarán el jueves a votación exigirán que se invierta en la ley de barrios un total de 1.500 millones de euros en un plazo de cinco años, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

El Govern activa el despliegue de la ley de barrios a la espera de si hay presupuestos en 2025

Justamente la semana pasada, el Consell Executiu activó el despliegue del reglamento para aplicar esa ley que Illa quiere convertir en buque insignia de su proyecto siguiendo la estela del tripartit y para la que ha creado un comisionado específico bajo la batuta de Carles Martí. Pero hasta ahora no ha hecho referencia al montante que se invertirá, a la espera de si logra amarrar el apoyo de ERC y de los Comuns a los presupuestos. Además de la dotación de recursos, los socios del Govern reclaman que se garantice que habrá una convocatoria a la que los municipios puedan acceder en 2025.

Regular los alquileres antes de 2025

Más allá de esta petición, los Comuns ponen calendario también a algunas de las medidas en materia de vivienda que pactaron ya con Illa para su investidura. Así pues, reclaman que la Generalitat asuma la regulación de los alquileres de temporada antes de final de año después de que Junts tumbara la propuesta a nivel estatal y de que el Parlament frustrara también el pasado mes de mayo el decreto del Govern de Pere Aragonès con el 'no' de Junts y la abstención del PSC. Los ayuntamientos, defienden, deben contar con mecanismos a través de la planificación urbanística para regular con licencias de actividad económica la cantidad, zonificación y procedimiento para ofrecer esos alquileres temporales en zonas con mercado tensionado. También recuerdan -y tachan de "imprescindible"- que se pactó que se reforme antes de acabar el año la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que se extiendan las limitaciones de los contratos de larga durada a los de temporada, además de la puesta en marcha del régimen sancionador para quien incumpla los precios fijados por la ley de vivienda.

Otra de las medidas a la que ponen fecha es a la creación de un servicio de acompañamiento a las personas afectadas por un desahucio que tenga como función mediar con los propietarios y con los juzgados. Piden que esté en marcha en un plazo de seis meses y que se destine un millón de euros en los próximos presupuestos. Recuerdan, a su vez, el plan de choque acordado para poner las mesas de emergencia a cero de las 2.500 familias que están en lista de espera con un plan de choque de 5.000 viviendas adquiridas mediante la vía del tanteo y retracto en cuatro años, así como encauzar el programa que debe permitir aumentar en 50.000 pisos al parque público en seis años.

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