La respuesta del TC a la amnistía se retrasará por la tramitación de las 54 recusaciones presentadas

El Tribunal Constitucional se verá obligado a retrasar su respuesta a la ley de amnistía ante la avalancha de recusaciones de sus magistrados que ha recibido: 54, el mayor número de su historia, según ha informado la corte de garantías. El primer incidente para cuestionar la imparcialidad de uno de los miembros del pleno, la del presidente, Cándido Conde-Pumpido, se verá en el pleno de la próxima semana y en el debate no participarán ni él ni los otros dos magistrados recusados, Laura Díez Bueso y José María Macías.

La constitución del pleno solo por ocho magistrados fue acordada por el propio Conde-Pumpido y la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, con la intención de apaciguar el tribunal, al aceptar una de las reclamaciones del sector conservador cuando se extendió la abstención de Juan Carlos Campo a todos los asuntos de la amnistía, informaron a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.

Los conservadores votaron en contra de esa resolución, que fue aprobada por seis votos frente a cinco, porque el ponente era el propio Conde-Pumpido y consideraban que debía haberse apartado al estar recusado. No obstante, la solución encontrada con el objetivo de rebajar la tensión que se vive en el tribunal desde que está abordando este asunto tampoco convence al último magistrado en llegar al Constitucional. En el voto en el que se oponía a la extensión de la abstención de Campo a todos los asuntos Macías ya adelantaba que todas las recusaciones debían resolverse al mismo tiempo, porque, al hacerlo de una en una y dejarse la suya para el final, él sería el único que no participaría en ninguna deliberación.

De las 54 recusaciones presentadas 27 se dirigen contra el presidente, Laura Díez y Juan Carlos Campo, aunque las de este han decaído al haberse abstenido él mismo del debate, lo que fue ratificado por sus compañeros a partir de una ponencia del conservador Ricardo Enríquez en la cuestión de inconstitucionalidad elevada por el Tribunal Supremo en relación con los delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Las otras 27 recusaciones se dirigen contra José María Macías por parte de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, porque piden que se aparte de todos los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP y las comunidades que gobierna, más Castilla-La Mancha, y en las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

Mientras se tramitan los incidentes de recusación el procedimiento en cuestión queda paralizado hasta determinar si el magistrado de cuya imparcialidad o apariencia de imparcialidad se duda participa o no en las deliberaciones. De ahí que la tramitación de los recursos y las cuestiones tenga necesariamente que ralentizarse. En el mejor de los escenarios, el Constitucional no esperaba poder pronunciarse sobre el fondo de la amnistía antes de seis meses.

Con la decisión del presidente del TC, el pleno de la próxima semana lo formarán la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, que dirigirá los debates y tendrá voto de calidad en caso de empate, y los magistrados Ricardo Enríquez, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, María Luisa Segoviano y César Tolosa.