Tribunales
Aragonès entrega su móvil al juez para que analice cuando le espió el CNI con Pegasus
Aragonès apunta al CNI ante el juez por el espionaje de su teléfono durante la moción de censura de Sánchez

Pere Aragonès / GENERALITAT DE CATALUNYA


J. G. Albalat
J. G. AlbalatRedactor
Ha trabajado en el Diario de Barcelona, El País y AVUI. Desde hace años en El Periódico cubriendo los acontecimientos judiciales. Premios Ortega y Gasset, Save the Children, Ramon Barnils y Josep Maria Planes por la investigación del 'caso Maristas' sobre abusos sexuales en los colegios. En el 2016, mención honorífica de la Generalitat en el Día de la Justicia. Colaborador de publicaciones jurídicas. Profesor asociado Master de Criminología de la Universitat de Barcelona.
El expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha entregado su teléfono móvil en el juzgado de Barcelona que investiga su espionaje a través del Pegasus, según las fuentes judiciales consultadas por EL PERIÓDICO. De esta manera, el magistrado Santiago García, que instruye la causa, podrá certifica que el dirigente de ERC fue espiado no solo con el aval judicial, que fue acodado en julio del 2019 por parte del Tribunal Supremo, sino también durante un espacio de tiempo, en 2018, en que este no estaba en vigor.
La exdirectora del CNI, Paz Esteban, que figura como investigada, admitió en el Congreso en mayo de 2022 que el CNI espió a Aragonès entre julio de 2019 y marzo de 2020 y que lo hizo con autorización judicial del Tribunal Supremo. El expresident, sin embargo, sostiene que, según un informe de la empresa de ciberseguridad Citizen Lab, el espionaje empezó en julio de 2018, un año antes de que el CNI obtuviera permiso judicial para ello. La termina fue facilitada al juzgado por el abogado del expresident, Andreu Van den Eynde.
Para aclararlo, el titular del Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona, que investiga el caso, acordó en su día que Aragonès facilitara su móvil personal para que los Mossos hagan un peritaje informático oficial y señalen cuál fue realmente la primera fecha de infección del terminal con Pegasus. De confirmarse que el espionaje comenzó antes del permiso judicial, el juez tendría indicios de que el CNI y Paz Esteban habrían podido cometer un delito de descubrimiento y un delito de revelación de secretos.
El CNI en el punto de mira
En su declaración ante el juez, el expresident apuntó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) como el organismo que le espió. El mandatario catalán explicó que el periodo en que su teléfono fue interceptado, entre julio de 2018 y marzo de 2020, participó en negociaciones políticamente sensibles, como la formación del Govern de Quim Torra (la intromisión se efectuó un mes después de la constitución del Ejecutivo catalán), la primera moción de censura presentada por Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, los Presupuestos y la mesa de diálogo. En todas esas negociaciones él ostentaba la máxima representación de su partido en el Govern y también como dirigente de ERC, ya que Oriol Junqueras estaba encarcelado.
La intervención del teléfono particular del dirigente de ERC, donde no solo guarda información sobre asuntos de relevancia política, sino también datos y fotos personales, fue infectado a través de mensajes de móvil (SMS). Se desconoce la información que pudo sustraerse, porque, según fuentes conocedoras del proceso judicial, el expresident no se percató de que su teléfono había sido intervenido. Además, según las mismas fuentes, uno de los periodos en que fue espiado se corresponde al inicio de la pandemia de covid, cuando se hizo más habitual el uso del móvil para las comunicaciones con terceros.
El Tribunal Supremo avaló el espionaje al móvil de Aragonès en tres autos a petición del CNI: uno de julio de 2019 para permitir el ataque con el 'software' malicioso y otras dos prórrogas de tres meses de octubre de 2019 y de enero de 2020. El Gobierno remitió al juzgado la documentación el jueves tras el acuerdo del Consejo de Ministros con la que se justificó la autorización del espionaje. En estos autos se deja claro que el CNI pidió el pinchazo arguyendo que Aragonès dirigía las acciones de los Comités de Defensa de la República (CDR) y que lo hacía desde la "clandestinidad" pese a que ya era la segunda autoridad del Govern y que lo hacía la margen de su papel institucional.
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