Consell Executiu

Illa se propone que el Govern apruebe los presupuestos la primera quincena de noviembre

Economia citará a Junts, PP y CUP para negociar las cuentas catalanas, tras priorizar las reuniones con ERC y Comuns

El Govern reclama responsabilidad a Junts con el objetivo de déficit para no lesionar los presupuestos catalanes

Salvador Illa: "La solidaridad no es pedir que unos territorios financien las rebajas fiscales de otros"

ERC avisa al Govern de que sin avances en la financiación singular no avalará los presupuestos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Economia, Alícia Romero, en una reunión del Consell Executiu

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Economia, Alícia Romero, en una reunión del Consell Executiu / Rubén Moreno / Govern

Sara González

Sara González

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La negociación de los presupuestos catalanes de 2025 está oficialmente inaugurada. El Govern trata de poner la directa y la consellera de Economia, Alícia Romero, se ha reunido ya dos veces con los Comuns y una con ERC pese a que ni tan solo se ha celebrado todavía el debate de política general en el Parlament, el pistoletazo de salida del curso político. El encargo del president Salvador Illa es claro y meridiano: tener nuevas cuentas en vigor el 1 de enero de 2025. Y con ese objetivo entre ceja y ceja, el calendario con el que se trabaja en la Generalitat es que el Consell Executiu les dé el visto bueno para poderlas llevar al Parlament durante la primera quincena de noviembre, según ha podido saber EL PERIÓDICO.

Una planificación con el desiderátum de comerse las uvas con la ley económica en vigor que, no obstante, está a expensas de las turbulencias que puedan venir, especialmente, por el flanco de los republicanos, que no resolverán su pugna interna por el control del partido hasta el 30 de noviembre. Fuentes del Govern asumen que la provisionalidad de liderazgo en la que se encuentra ERC puede alterar su previsión, pero por ahora, aseguran, no se les ha trasladado que el proceso congresual pueda impactar en el ritmo de la negociación explicitado. Pedro Sánchez, en cambio, sí que tiene asumido que tendrá que esperar a que culminen los conclaves de Junts y de ERC para presentar las cuentas estatales.

Lo que sí que tienen claro en el ejecutivo de Illa es que los presupuestos no saldrán del horno ni se llevarán al Parlament hasta tener amarrado el apoyo los 68 votos para que prosperen. El horizonte es tenerlos definitivamente aprobados antes del 31 de diciembre. "Si tenemos que mover el calendario por necesidad de uno de los socios, pues ya veremos", sostienen fuentes conocedoras de las negociaciones. Economia ya ha recibido las peticiones de cada departamento y ahora está en pleno encaje de bolillos en base a los 37.783 millones de techo de gasto de los que dispone.

ERC frena expectativas

Los republicanos, sin embargo, echan al freno a las expectativas de una aprobación rápida de los presupuestos. Por ahora, dirigentes de las dos principales candidaturas enfrentadas han interlocutado con el PSC: Joan Ignasi Elena y Albert Salvadó -de la órbita de Oriol Junqueras- y Marta Vilalta -que apoya las tesis de renovación que abandera el equipo liderado por Xavier Godàs-.

En la sede de Calàbria dan por descontado que hasta que no haya nueva dirección será difícil que se decida el voto para las cuentas. Más aún si no se han producido avances, como advirtió Marta Rovira, en la financiación singular pactada a cambio de la investidura, la piedra angular sobre la que ERC basa la estabilidad del Govern de Illa. En todo caso, tienen grabado a fuego cómo el PSC se hizo de rogar para dar el 'sí' a los presupuestos de Pere Aragonès, pese a que finalmente fracasaron por el rechazo de los Comuns.

En la reunión con el Govern, ERC no entró en el detalle de qué exigencias haría para garantizar su aval, más allá de mencionar las carpetas que vinculan a las "políticas republicanas", como la de vivienda, igualdad, delegaciones de la Generalitat en el exterior o defensa del catalán. No obstante, ambas partes tienen el acuerdo de investidura como pauta a seguir. De hecho, el argumento con el que el Executiu pretende atraer su apoyo es que las nuevas cuentas son imprescindibles para dar cumplimiento a lo pactado.

Más concretas han sido las prioridades de los Comuns, que tienen congreso el 16 y 17 de noviembre, pero sin que la entente con el PSC sea un elemento de conflicto. En el encuentro que mantuvieron el miércoles en la sede de Economia exigieron que se empiece a dotar de recursos en 2025 la construcción de vivienda pública, que se impulse la regulación para limitar que se haga negocio con el techo o sancionar incumplimientos en los precios de los alquileres y aumentos en la tasa turística.

Cita con Junts, PP y CUP

En materia de fiscalidad, la intención del Govern es mantener la rebaja del IPRF a las rentas inferiores a 35.000 euros que preveían los presupuestos fallidos de Aragonès, no tocar ni patrimonio ni sucesiones y, en virtud de lo pactado tanto con ERC como con los Comuns, subir el impuesto a los casinos del 10% al 55%, gesto con el que trata de desincentivarse el proyecto del Hard Rock.

Los socialistas priorizan ir de la mano de sus socios de investidura para aprobar los presupuestos. Sin embargo, desde el principio han dejado claro que no cierran la puerta a alcanzar pactos, aunque sean parciales, con otras formaciones del hemiciclo, como Junts, PP y la CUP. Economia tiene previsto citarlos durante las próximas semanas, pese a que es consciente de que los de Carles Puigdemont -con quienes también sumarían mayoría- no están ahora en una tesitura pactista en el Parlament, como difícil será también que populares y anticapitalistas estén dispuestos a prestar su apoyo.

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