Las demandas de ERC y Junts para el plan de regeneración de Sánchez: ¿qué incluye y qué queda fuera?

El plan de regeneración democrática aprobó el martes en el Consejo de Ministros incluye 31 medidas y un calendario que culmina en 2027, pero también muchas incógnitas por resolver. El Gobierno se propone crear una comisión en el Congreso para analizar la desinformación en los medios y limitar la publicidad institucional, derogar delitos como el de injurias a la Corona y la ofensa a los sentimientos religiosos o modificar la 'ley mordaza' y la de secretos oficiales.

Sin embargo, hay muchas inconcreciones que los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ya se han encargado de señalar. ERC tachó el plan de "maquillaje" y "pura palabrería", mientras que Junts habló de "estética" política y acusó al Gobierno de no tener "ganas" reales de regenerarse. Los republicanos expusieron sus propuestas en una proposición no de ley que registraron en el Congreso el pasado mes de mayo, mientras que los posconvergentes no las han hecho públicas como tal, pero se han expresado al respecto en más de una ocasión.

Medios de comunicación

El plan de Sánchez incluye un registro de medios de comunicación que dependerá de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Allí aparecerán los dueños y la inversión publicitaria de cada empresa. También prevé reformar la ley de publicidad institucional para que no se puedan "falsear audiencias" y crear una comisión específica del Congreso de los Diputados para que analice el fenómeno de la desinformación. 

La propuesta de ERC iba más allá y apostaba por crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que velara para evitar la desinformación y prevenir las noticias falsas. Según los republicanos, los responsables de este consejo deberían ser los colegios profesionales y los ámbitos académicos.

Junts, por su parte, no ha dado a conocer sus propuestas en esta materia.

Tribunales

El plan no incluye ninguna medida sobre los tribunales, pese a que Sánchez se comprometió a ello antes de llegar a un acuerdo con el PP para reformar la cúpula del Poder Judicial.

En este ámbito, la petición de ERC era crear una "comisión Independiente", formada por miembros elegidos por los grupos parlamentarios, para abordar los casos de "guerra judicial". Entre sus funciones, proponían realizar un inventario de casos desde la aprobación de la Constitución hasta la actualidad, así como medidas para acabar con estas prácticas y de "resarcimiento" de las víctimas. También pedían reformas legislativas para "identificar, perseguir y castigar los abusos judiciales".

Junts, por su parte, pactó con el PSOE la creación de comisiones de investigación parlamentarias sobre casos de 'lawfare', es decir, en los que podría haberse producido una instrumentalización de la justicia. Las comisiones echaron a andar, pero sus trabajos están completamente paralizados, y aún está por definir el plan de trabajo y las peticiones de comparecencia.

Ley mordaza

De momento, la propuesta de reforma de la 'ley mordaza' no está cerrada, a expensas de la negociación parlamentaria, algo que ya se intentó en la pasada legislatura y quedó en vía muerta. La normativa entró en vigor hace nueve años con el propósito de rebajar las protestas en los años más duros de los recortes, pero, al menos por el momento, no habido un consenso suficiente para ser modificada.

ERC quiere que se derogue la norma, ya que considera que es una clara "restricción de derechos" y ven insuficiente la propuesta que hay actualmente encima la mesa, que no incluye ni la prohibición de las pelotas de goma ni acabar con las devoluciones en caliente.

Los votos de Junts no eran decisivos para hacer esta modificación en la anterior legislatura, pero sí lo son ahora.

Ley de secretos oficiales

La ley de secretos oficiales data de 1968, es decir, es previa a la Constitución. Hace dos años el Gobierno ya trató de modificarla, pero el Congreso tumbó la propuesta al considerar insuficiente el mínimo de 50 años para descalificar documentos. La hoja de ruta de Sánchez deja también este apartado abierto a la negociación, que de hecho empezó a tramitarse en febrero de este año a propuesta del PNV, uno de los máximos impulsores de la reforma.

ERC también lo incluye dentro de sus peticiones. Los republicanos piden hacerla de nuevo "para superar la ley franquista" y también reclaman modificaciones en la ley reguladora del CNI y la de Transparencia y Buen Gobierno. Además, piden "medidas legislativas que permitan una lucha eficaz contra las cloacas del Estado".

Es algo en lo que también está de acuerdo Junts, que también ha reclamado en alguna ocasión más control sobre el CNI. La portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras, denunció en febrero en sede parlamentaria que hay jueces del Tribunal Supremo "que forman parte de la plantilla del CNI".

Reformas penales

El documento del Gobierno habla de la necesidad de impulsar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar "al derecho de libertad de expresión y a la creación artística", esto incluye, según explican desde el ejecutivo, la derogación del delito de injurias contra la Corona y las ofensas a los sentimientos religiosos. En cambio, el delito de enaltecimiento del terrorismo continuará en vigor.  

ERC quiere suprimir todos estos delitos, pero también pedía medidas legislativas para prohibir el enaltecimiento del fascismo y el nazismo, algo que no forma parte de la propuesta del Gobierno. También los posconvergentes están de acuerdo en dicha derogación.

Transparencia

Además de la obligación de realizar un debate sobre el estado de la nación al año y hacer preceptiva la participación a los debates electorales, se reforzarán las sanciones para que los partidos políticos publiquen cada año sus presupuestos y se aprobará una "rendición de cuentas obligatoria" de los gobiernos. Tanto el ejecutivo central como los autonómicos y locales tendrán que publicar sus compromisos adquiridos y el nivel de cumplimiento. 

Por su parte, en el plano de la transparencia, ERC reclamaba endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos y estudiar cómo incorporar entre estas limitaciones a los familiares directos, todo ello para evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias. También quería regular que "empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años".

Junts tampoco ha dado a conocer sus propuestas en esta materia.