Entrevista | Carmen Fúnez Vicesecretaria de Organización del PP
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP: "El curso político lo inauguró Feijóo gracias al pacto migratorio con Clavijo"
La 'número tres' del partido cree que el presidente Pedro Sánchez "pretende crear independentistas de primera y españoles de segunda"
Salvador Lachica
Salvador LachicaPeriodista de política canaria y Economía
María del Carmen Fúnez de Gregorio (Almodóvar del Campo, 1975), vicesecretaria de Organización del PP, está en Tenerife para participar en la Junta Directiva regional que abre el curso político del partido en Canarias, aunque en su opinión fue el líder de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, el que dio el pistoletazo el pasado martes "con la firma del pacto por la inmigración que rubricó con el presidente Fernando Clavijo".
¿Cómo ve el curso político en Canarias?
Creo que el inicio del curso político comenzó el otro día con la visita del presidente Alberto Núñez Feijóo y el acuerdo que firmó con el presidente Fernando Clavijo. No hay una mejor manera de empezar un curso político tan complejo como el que hay ahora mismo en Canarias por la situación de crisis migratoria que se está viviendo en esta comunidad autónoma, El hecho de que el PP en su conjunto, con lo que eso significa, que es el gobierno de 12 comunidades autónomas más los de las ciudades de Ceuta y Melilla, y el Gobierno de Canarias firmen un acuerdo para poner en marcha una política migratoria seria, responsable y firme fue el verdadero inicio del curso político.
¿No hubiera sido mejor votar el 23 de julio a favor de la tramitación del nuevo artículo 35 de la ley de extranjería y el acuerdo firmado el martes incluirlo dentro de la negociación para aprobar el texto modificado?
No hubo otra opción, fundamentalmente porque el Gobierno de España se negó a sentarse con el PP antes de la tramitación de la reforma del artículo 35. Nosotros lo que pusimos encima de la mesa fueron las condiciones que se recogen en este pacto, que era poner en marcha una política migratoria seria y responsable, recurrir a la Unión Europea, aplicar una financiación suficiente a las comunidades autónomas para dar servicios a los menores no acompañados y una serie de requisitos que sí aparecen en este acuerdo con Clavijo y que el Gobierno de España no quiso tener en cuenta. En aquella votación no solo no votó el PP, sino que el socio que permitió que Sánchez llegase al Palacio de La Moncloa, que era Junts, fue el que no le votó. Ahí no falló el PP, falló Junts. El PSOE no quiso sentarse con nosotros, no quiso atender los requisitos que nosotros poníamos encima de la mesa y que sí se recogen en este acuerdo. Y le digo más, solo hay que ver la reacción que ha tenido el ministro Ángel Víctor Torres que ha preferido hacer oposición al Gobierno de Canarias antes que leer con detenimiento el acuerdo e intentar negociar y tender la mano.
¿No cree entonces que el Gobierno de España tenga voluntad de llegar a un acuerdo en base a ese documento?
La reacción del ministro Torres y del PSOE pone de manifiesto que no se está en intentar solucionar un problema, sino que seguirá descargando sus responsabilidades de gestión en las comunidades autónomas.
¿Hay margen de negociación dentro de esos diez acuerdos? ¿Hay alguna línea roja para el PP?
Es que no es una cuestión de líneas rojas o no, es una cuestión de tener la actitud de sentarse y no de censurar los diez puntos desde el minuto uno. Es que lo que uno ha visto desde el primer momento es una censura y una crítica al acuerdo. ¿Cómo se puede criticar un acuerdo para resolver un problema como la crisis migratoria con lo que se está viviendo aquí?
Es que ese documento va más allá de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que es lo que demanda Canarias para resolver la crisis de los menores inmigrantes.
Claro, porque es que, perdóneme, es que poner encima de la mesa solo como política migratoria la reforma del artículo 35 es no conocer la situación de la inmigración en España. Es que de lo que estamos hablando es que aquí en Canarias ahora mismo se está viviendo una situación de crisis, como también se está viviendo en Ceuta, por la ausencia de política migratoria desde hace muchos años. Pasó de ir a buscar al ‘Aquarius’ en el Mediterráneo a tener a 6.000 menores no acompañados en Canarias y con un flujo que no para de llegar a estas islas y que los servicios públicos canarios ya no pueden sostener. Esa es la cuestión, no es de líneas rojas o no, sino de sentarse a hablar, de acordar, de consensuar. Lo que no se puede es que el Gobierno de España, que es el que tiene las competencias en materia migratoria, se quita de en medio. Gobernar es asumir responsabilidades y asumir tus competencias. Y la firma del acuerdo el otro día de Clavijo con Feijóo lo que vienen a hacer es asumir responsabilidades y asumir las competencias que se tienen y pedirle al Gobierno de España que convoque la Conferencia de Presidentes, que declare la emergencia migratoria, que ponga fondos, que pida ayuda a la Unión Europea y hablemos de una política migratoria integral y cargada de responsabilidad y de firmeza.
Otro frente común del PP y sus socios de CC será, previsiblemente, contra el llamado ‘cupo catalán’, pues Canarias es una de las autonomías que se verían más perjudicadas.
El problema es que cuando un país tiene un gobierno que en lugar de hablar de la financiación autonómica y plantear el debate desde la multilateralidad y escuchando a todos, utiliza la financiación para comprar el sillón de una comunidad autónoma generando independentistas y españoles de segunda, pues empezamos mal. Eso es lo que ha hecho Sánchez con el compra del sillón de Salvador Illa como presidente de la Generalitat por 13.000 millones de euros de todos los españoles, a parte de los 30.000 millones que va a dejar de ingresar la caja única de nuestro país. Llegó a La Moncloa a cambio de la impunidad y ahora pretende mantenerse troceando España y generando independentistas de primera y españoles de segunda. Y eso es lo que el PP quiere revertir cuanto antes, porque se rompería algo fundamental que es el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos»
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