El PSOE y Junts avanzan en el traspaso de Inmigración a la Generalitat como antesala de los Presupuestos

Mientras el foco está situado en los menores extranjeros no acompañados y la frustrada reforma de la ley de extranjería, el PSOE y Junts llevan tiempo avanzando en una discreta negociación relacionada con estas materias que puede significar un antes y un después en la legislatura española. Socialistas y posconvergentes, según confirman a EL PERIÓDICO fuentes de ambos partidos, están avanzando en la elaboración de una proposición de ley conjunta para transferir las competencias de inmigración a la Generalitat. 

El compromiso viene de lejos. A principios de año, Junts salvó con su abstención dos decretos del Gobierno, que a cambio pactó el futuro traspaso a Catalunya de este complejo asunto, siempre marcado por las tensiones políticas. El acuerdo no especificaba una fecha para la cesión. Tampoco las materias que incluiría ni cómo se llevaría a cabo, así que las interpretaciones contradictorias no tardaron en llegar. El partido de Carles Puigdemont hablaba de una transferencia “integral”, que incluyera el control de las fronteras y la expulsión de inmigrantes que sean delincuentes multirreincidentes. El Ejecutivo negaba la transferencia de estas dos últimas competencias, al considerar que un paso de este tipo sería inconstitucional. 

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Tras múltiples reuniones y contactos (presenciales y por teléfono, en Suiza y en España), el PSOE y Junts empiezan a encarrilar un posible acuerdo. En privado, varias fuentes posconvergentes reconocen que el traspaso de fronteras y la capacidad para expulsar son materias imposibles de ceder, pero dan por hecho que "el resto" de competencias pasarán a mano de la Generalitat, y ponen especial énfasis en la cuestión lingüística. Sin embargo, Puigdemont no da el brazo a torcer y este jueves, en un mensaje a través de las redes sociales, ha insistido en la cesión "integral" de competencias. De hacerse el traspaso en el momento actual, sería la nueva Generalitat socialista, que nunca ha reivindicado la gestión migratoria, la que debería hacerse cargo de estas nuevas potestades. Pero Junts aspira a poder recuperar el poder a medio plazo.

En cualquier caso, la letra pequeña del acuerdo se concretaría a través de una proposición de ley firmada por ambos grupos y que al tener carácter orgánico necesitará mayoría absoluta para ser aprobada. Pero ahora el problema es otro, coinciden ambas partes. 

El precio de la cesión

Para los posvonvergentes, que han endurecido sus posiciones tras la llegada de Salvador Illa a la Generalitat y la no concesión de la amnistía a Puigdemont por parte del Tribunal Supremo, el traspaso debe llevarse a cabo sí o sí, independientemente de su hipotético respaldo a otras iniciativas del Gobierno. “Esto ya está pactado”, afirma uno de los consultados. Los socialistas, en cambio, quieren que Puigdemont se comprometa con esta legislatura, que cambie de actitud y sea más proclive que hasta ahora a apoyar sus iniciativas. 

Sobre todo, los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Los siete diputados de Junts tumbaron en julio la senda de estabilidad, el paso previo a la aprobación de las cuentas públicas. El Ejecutivo volvió a dar luz verde este martes a la iniciativa en el Consejo de Ministros, que se someterá de nuevo a votación en el Congreso en las próximas semanas. El PSOE quiere que los posconvergentes no reincidan en su rechazo y permitan sacar adelante primero la senda y después los Presupuestos. Pero, de momento, Junts no afloja. “Si quieren resultados diferentes, hagan cosas diferentes”, advirtió este miércoles su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras.

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Si consigue amarrar los apoyos, Pedro Sánchez tendría casi asegurado culminar la legislatura. Las cuentas darían estabilidad al Gobierno, sentando unas bases sólidas y rompiendo la imagen de inestabilidad y parálisis legislativa que ha presidido su actual mandato. Por el momento, el entorno del jefe del Ejecutivo evita dar aquí nada por seguro (“no sabemos qué va a pasar”, señala una ministra del núcleo duro), mientras el propio Sánchez insiste en que no piensa en un adelanto electoral, ocurra lo que ocurra.

“Hay Gobierno para largo (...) Vamos a avanzar con determinación, con o sin apoyo de la oposición, con o sin concurso del Poder Legislativo”, señaló el líder del PSOE el pasado sábado ante el comité federal del partido, en un polémico mensaje que según sus colaboradores iba especialmente dirigido a Junts. Pero un nuevo fracaso a la hora de aprobar las cuentas, después de que el Gobierno renunciara a presentar las de este año a raíz del anticipo electoral en Catalunya, aumentaría la presión sobre el presidente para que vuelva a llamar a las urnas. 

La moción improbable

En la Moncloa aseguran estar tranquilos. La única manera de desalojar a Sánchez pasa por una moción de censura liderada por el PP y apoyada al mismo tiempo por Vox y el partido de Puigdemont, algo que ahora mismo parece inviable. Pero el calendario no juega a favor de los Presupuestos del año que viene. A finales de octubre, coincidiendo con la negociación a fondo de las cuentas, los posconvergentes celebrarán un congreso en el que elaborarán una nueva estrategia y que previsiblemente servirá para que Puigdemont vuelva a tomar las riendas orgánicas del partido, ya que en la actualidad no ostenta ningún cargo. No es la coyuntura “más adecuada” para abordar un pacto presupuestario, admiten fuentes del Gobierno. De ahí que quieran abonar el acuerdo cuanto antes. 

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Para los posconvergentes, la inmigración es un tema especialmente sensible y sobre el que se han propuesto incidir a partir de ahora. A pesar de sus intentos de desligar la cuestión de la irrupción de Aliança Catalana, hay un trasvase de votos entre ambos partidos y una parte de la formación posconvergente considera que no pueden permitir que sea el discurso claramente racista de la extrema derecha el que lidere este debate. Sin embargo, que una de sus primeras incursiones en la cuestión fuera una carta de los alcaldes del Maresme, encabezados por Marc Buch (Calella), reclamando la expulsión de los multirreincidentes, no ayudó y les valió una cascada de acusaciones de racismo y xenofobia. 

Desde entonces, Junts ha intentado separar los dos debates y poner el foco en la integración de los migrantes que llegan a Catalunya, especialmente en términos lingüísticos. Su modelo, tal y como resumen un alto dirigente de la formación, sería similar a una “sandía, dura por fuera, pero blanda por dentro”. Es decir, que haya fuertes controles en las fronteras que impidan una llegada masiva y, a la vez, destinar recursos a los servicios de acogida para fomentar la inclusión.

El mismo día que tumbó la senda de estabilidad, el pasado 23 de julio, Junts también impidió en el Congreso la reforma de la ley de extranjería, que establecía el reparto obligatorio de menores migrantes entre las comunidades cuando se rebasaran determinados umbrales en Canarias, Ceuta o Melilla. El PSOE consideró entonces que la posición de los posconvergentes era “inaceptable”. Y sin embargo, ambos partidos se encuentran ahora avanzando en las negociaciones.

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