Clavijo acuerda acciones judiciales contra el Estado y espera el apoyo del Pacto Canario de Migración

"Un antes y un después"."Las presiones" que el Estado ha ejercido sobre una ONG de El Hierro para que se hiciera cargo de 70 menores migrantes, en una situación de "sobresaturación" ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del Ejecutivo canario, afirmó este lunes el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello.

En la reunión del Consejo de Gobierno se apoyó la postura apuntada desde antes del verano por el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, para abrir un procedimiento judicial por la "dejación de funciones del Estado" ante la situación crítica que viven las Islas para acoger a los 5.283 menores migrantes que tiene bajo su custodia.

El Gobierno desdeña la vía jurídica de Canarias por los menores migrantes al ser competencia autonómica

Presiones de la Fiscalía y de la Policía

Según explicó Cabello, las presiones se produjeron por parte de la Fiscalía y la Policía a una ONG de El Hierro que tiene capacidad para 150 plazas y ya acoge a 285 menores, pero este fin de semana llegaron 70 más, por lo que la organización se negó y lo puso en conocimiento del Gobierno, que activó las derivaciones de estos niños a otros recursos de las Islas.

Pacto Canario por la Migración

Cabello, por respeto institucional, no quiso adelantar las medidas legales que van a adoptar porque esta tarde se reúne el Pacto Canario por la Migración -con representación de todos los portavoces del Parlamento- del que espera (salvo de Vox) que mantengan el frente común y la "unidad" que han fraguado en las Islas para que se atienda a las demandas del Gobierno regional. Una cuestión complicada porque en ese pacto se encuentra el PSOE, que gobierna en España, y emprender acciones legales sería tirar piedras contra su propio partido.

De hecho, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, respondió rápidamente a Fernando Clavijo, que quien votó en contra de la ley de extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP.

Así lo indicó el también expresidente canario en una entrevista en RNE, en la que criticó a Clavijo por estar "intentando proteger a su socio" mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir -defensa de los intereses de Canarias" pidiendo a los 'populares' que apoyen la reforma de la ley de extranjería en la Cámara Baja.

"Le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular, por tanto, su socio en Canarias. Yo creo que está intentando proteger a su socio atacando al Gobierno, cuando tendría que ser en defensa de los intereses de Canarias", expresó Torres, para después lamentar la decisión del presidente canario de amagar con la justicia , con quien se comunica "permanentemente, casi a diario" por la llegada de migrantes a las islas.

Torres culpa al PP y tiende la mano

Torres ha admitido que la situación en Canarias es "desesperante", y que requiere de una solución, aunque ha rechazado que el Ejecutivo central haya "dado la espalda" a la comunidad autónoma. "¿Cómo que el Estado ha dejado solo? Si alguien ha dejado solo a Canarias fue el 23 de julio el Partido Popular", sentenció.

Preguntado sobre si está abierto a llegar a un acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo para que avalen la reforma de la ley de extranjería, Torres respondió que les van a seguir "tendiendo la mano" y que durante el mes de agosto han seguido manteniendo contactos. La posición del Gobierno, en su opinión, es "un cambio normativo" para que sea una solución, lo que "no es compatible" cuando "hay líderes del PP" que "separan migrantes buenos de malos".

En la misma línea, el dirigente socialista ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de asumir las tesis de la "ultraderecha" en contra de la inmigración.

Con todo este rifirrafe, el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello, acusó por su parte tanto al Gobierno de España como a la Unión Europea de "dejación de funciones" con Canarias, que en su opinión ha sido "más sangrante que nunca en los últimos días" y remarcó que cuando las instituciones europeas pusieron el foco en la ruta mediterránea y en Lampedusa (Italia), las llegadas se redujeron un 65%.

"Cuando se toman decisiones por parte de la UE se puede revertir una situación", insistió Cabello, que se ha quejado de que en cuatro años el resto de comunidades autónomas han acogido menos menores, en torno a unos 500, que los que han llegado a Canarias tan solo en el mes de agosto, nada menos que 571.

Ante esos números, la comunidad autónoma tiene una capacidad de 4.339 menores si bien hay actualmente 5.283, con "944 menores sobresaturando la red de acogida en los 80 centros que hay en Canarias".

Viaje a Ceuta del presidente de Canarias

Alfonso Cabello resaltó además un repunte del 120% en el número de migrantes que han alcanzado las costas canarias con respecto al mismo periodo del pasado año, y apuntó que el presidente canario se desplazará a Ceuta para elaborar una hoja de ruta conjunta con la ciudad autónoma, que también está gestionando un repunte migratorio.

Para el Gobierno de Canarias, le corresponde al Gobierno de España dar respuesta a esta situación, especialmente tras haber "avisado" de que el flujo aumentaría en estas fechas, como se ha demostrado históricamente.

"A quien le toca mover ficha y acción de gobierno es al PSOE a nivel nacional", subrayó Cabello.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), ha negado que su partido esté "poco colaborador" pese a no haber apoyado la tramitación de la reforma de la ley de extranjería acordada entre su socio, Coalición Canaria, y el PSOE en el Congreso de los Diputados.

"El PP tuvo una serie de propuestas, que se rebajaron, y se adaptaron a las principales necesidades de Canarias. Con 50 millones no podíamos cubrir el coste que suponen los menores tutelados, por ejemplo. Las peticiones del PP ni son un capricho ni son imposibles de cumplir", ha respondido Domínguez. 

"Canarias está pidiendo auxilio, está pidiendo que se nos atienda, está pidiendo que se nos trate como a un europeo más. Y en el territorio nacional, exigimos que se nos atienda como a otras comunidades autónomas. Quizás si esta crisis migratoria estuviese sucediendo en comunidades autónomas como la catalana, ya se habría arreglado", sentenció.