Cerco judicial a Sánchez
Las acusaciones pretenden vincular los casos Begoña y Koldo: piden a Peinado que cite al comisionista de las mascarillas
La última batería de diligencias presentada por las cinco acciones populares incluye en la petición de testigos a Víctor de Aldama, al ex consejero delegado de Globalia y responsables de Red.es

Archivo - Víctor de Aldama comparece ante una comisión de investigación en el Parlament balear, a 20 de mayo de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). / Isaac Buj - Europa Press - Archivo


Cristina Gallardo
Cristina GallardoRedactora de Tribunales
Seguimiento de información jurídica y casos de corrupción e investigación en el Tribunal Supremo, Fiscalía, Tribunal Constitucional, Audiencia Nacional, Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia. Analista de temas jurídicos. 25 años como redactora de Tribunales y quince de ellos como responsable de equipo de Tribunales en Europa Press. Jefa de Tribunales de El Periódico de España desde su fundación, en octubre de 2021, y ahora también en Tribunales en El Periódico.
Las acusaciones populares personadas en las causas dirigidas contra el entorno de Pedro Sánchez y miembros de su Gobierno pretenden vincular las causas dirigidas contra la esposa de éste, Begoña Gómez -- que instruye el juez Peinado y que se basa en acusaciones de tráfico de influencias-- y la que la Audiencia Nacional tramita por una presunta trama corrupta de compra de mascarillas que estaría dirigida por un asesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes. El nexo de unión entre ambas sería Globalia, la empresa cuya línea aérea obtuvo un rescate millonario y que se relacionó con Gómez cuando ésta mantenía un puesto en el Instituto de Empresa.
Si el pasado mes de abril fue Liberum, personada en el caso Koldo, la que intentó sin éxito que el juez Ismael Moreno citase en la Audiencia Nacional a la esposa del presidente del Gobierno, por los encuentros que mantuvo con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo; ahora son las cinco acusaciones personadas en el Juzgado de Instrucción número 41 las que quieren que se escuche como testigo a uno de los principales investigados en la trama de las mascarillas, el comisionista Víctor de Aldama.
Este empresario accedió a Koldo García, asesor del ministro, coincidiendo con su papel de intermediario por parte de Globalia, que le pagaba 10.000 euros al mes por intermediar con las autoridades de Venezuela para intentar cobrar una deuda de alrededor de 180 millones de euros procedentes de la venta de billetes en el país sudamericano. Posteriormente, ayudó en la consecución del rescate de Air Europa y aprovechó sus contactos en Transportes para poner en bandeja a sus socios de Soluciones de Gestión un negocio de más de 50 millones de euros en mascarillas para diversas administraciones en la órbita del PSOE.
Se da la circunstancia de que Aldama, Hidalgo y Begoña Gómez coincidieron en San Peterburgo con ocasión de la Asamblea de la Organización Mundial del Turismo en septiembre de 2019, cuando la mujer del presidente era responsable del África Center del Instituto de Empresa. Esta es la razón por la que las acusaciones populares creen que su testimonio puede ser útil para el juez Peinado, que entre las vías de investigación a la mujer del presidente mantiene sus relaciones con los directivos de Globalia coincidiendo con la negociación del rescate de Air Europa.
Diligencias pertinentes
En el escrito de solicitud de diligencias al que ha tenido acceso este diario, que tiene fecha del pasado 19 de agosto. Las cinco acusaciones unificadas bajo la dirección letrada de Vox piden que se interrogue también al ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo y se practiquen una serie de diligencias que consideran "útiles, pertinentes y necesarias".
La lista de testigos solicitados incluye a personas relacionadas con Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital. Piden que comparezcan David Cierco y Alberto Martínez Lacambra, ex directores generales; Ignacio Espejo Saavedra Hernández, director de la asesoría jurídica, y Luis Prieto Cuerdo, director de Economía. Sus declaraciones estaban previstas para el pasado junio, pero el juez las suspendió después de que la Fiscalía Europea anunciara que asumía parte de la investigación.
Las acusaciones populares completan la lista de posibles testigos con Juan Ignacio Díaz Bidart, exconsejero de AENA y ex director de gabinete de la exministra Reyes Maroto, y Vicente Fenollar Molina, presidente del grupo Avoris.
Situación médica de Barrabés
Además, entre las diligencias solicitan que el médico forense adscrito al juzgado se pronuncie sobre la documentación médica aportada por Juan Carlos Barrabés, así como que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil averigüe las actividades vinculadas y la titularidad real de empresas vinculadas con este investigado.
Las acusaciones piden que se solicite a la Universidad Complutense de Madrid informe sobre las cátedras o másteres distintos a la cátedra de Transformación Social Competitiva, del Máster de Transformación Competitiva y del Máster propio en Dirección de Fundraising público y privado sin ánimo de lucro, "en las que participan los patrocinadores y colaboradores que constan en el contrato de patricinio y las adendas de la precitada Cátedra y en los Másteres".
Asimismo, trasladan al juez que pida a Indra informe acerca de su participación en proyectos de la Universidad Complutense y en la cátedra de Transformación Social Competitiva, dirigida por Begoña Gómez. Finalmente, piden que se recabe la vida laboral de Leticia Lauffer, directora de Wakalua, cuya declaración como testigo está prevista para el próximo 26 de agosto.
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