El CGPJ rechaza una propuesta de los conservadores para amparar al Supremo y descarta buscar fuera de este órgano a su presidente

El primer Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial ha permitido aprobar un total de 112 acuerdos sobre asuntos urgentes de gestión de la carrera judicial, pero ha vuelto a evidenciar la fuerte división entre bloques, que este lunes no ha permitido sacar adelante una propuesta de los diez vocales conservadores para amparar al Tribunal Supremo frente a las manifestaciones de algunos miembros del Gobierno, que acusaron al órgano de extralimitarse por no aplicar la amnistía a los líderes del procés.

La mayoría progresista, con sus diez votos, ha excluido esta propuesta del orden del día por no considerarla urgente, ya que el instructor del procés, Pablo Llarena, no ha solicitado ningún amparo al órgano de gobierno de los jueces, según señalan fuente de este bloque. Para incluir un asunto en el orden del día se precisa unanimidad.

La reunión no ha tratado la cuestión de la presidencia, que sigue vacante, si bien los vocales están de acuerdo en intentarlo con la lista de siete magistrados del Tribunal Supremo ya sobre la mesa, sin nuevas entradas de candidatos que no formen parte de este órgano. Sobre esta postura empiezan a aparecer algunas voces discrepantes, pero aún son muy minoritarias.

Retomarán este asunto el próximo 2 de septiembre, en un Pleno que tratará de llegar a un candidato de consenso antes de que el Rey acuda al acto de apertura del Año Judicial fijado para el día 5 de ese mes, y mientras tanto seguirán los encuentros de carácter no oficial para lograrlo, señalan a este periódico en fuentes del órgano. Tampoco se encontraba este lunes sobre la mesa la queja presentada por la defensa del expresident Carles Puigdemont contra el juez Pablo Llarena, al que acusa de retrasar la aplicación de su amnistía por no haber resuelto aún los recursos de reforma que presentó contra su decisión de no considerarle amparado por dicha ley.

El Gobierno se "excede"

En su escrito, los vocales designados a propuesta del PP aluden a las "declaraciones públicas de miembros del Gobierno de la Nación" que consideran "exceden de lo que es el legítimo uso de la libertad de expresión y de las críticas moderadas y racionales a las resoluciones judiciales".

Para los vocales José Luis Costa, José Antonio Montero, Pilar Jiménez, Eduardo Martínez, Gema Espinosa, José María Páez, Esther Rojo, Carlos Orga, Isabel Revuelta y Alejandro Abascal, el Tribunal Supremo se extralimita al interpretar una ley, cuando esta es la función principal que le atribuye la Constitución a los órganos judiciales, o atribuirle una actuación que “no hay por donde cogerla”, y anunciar que la interpretación realizada no prevalecerá sino que “lo único que van a conseguir de esta manera es retrasar la implantación y la implementación de una ley” , excede los límites de la separación de poderes.

Afectación al Tratado europeo

A su juicio, con dichas manifestaciones "solo se consigue el desgaste de la Justicia y el cuestionamiento de su independencia". Por ello, pretendían la aprobación de un llamamiento "para la contención y la prudencia", advirtiendo que, de no cesar en sus manifestaciones, se podría afectar incluso a la previsión contenida en el artículo 2 del Tratado europeo, que apunta que la UE se fundamenta en el Estado de Derecho.

Pese a esta diferencia, las distintas fuentes consultadas destacan el tono cordial de la reunión, que ha aprobado por unanimidad diferentes acuerdos sobre excedencias voluntarias para el cuidado de hijo, reingreso al servicio activo en la Carrera Judicial, solicitudes de inclusión en planes anuales de sustitución; licencias por asuntos propios etc.

Además, el Pleno ha acordado garantizar, durante este periodo transitorio, la presencia del Consejo General del Poder Judicial en los comités de crisis sobre violencia de género que puedan convocarse por parte del Ministerio de Igualdad y de otros órganos.