Ramon Espadaler regresa al Govern como conseller de Justícia

Ramon Espadaler (Sant Quirze de Besora, 1963), exidirigente de la extinta Unió Democràtica de Catalunya, regresa al Govern, pero esta vez de la mano del president Salvador Illa, del PSC, y para hacerse cargo de la conselleria de Justícia. Su trayectoria en política viene de lejos, con más de tres décadas de dedicación a sus espaldas.

Militante de Unió desde 1989 y escudero de Josep Antoni Duran i Lleida, entró en el Parlament como diputado en 1992 con CiU, fue director general de Administración Local con Jordi Pujol (1999-2001), dirigió Medi Ambient entre 2001 y 2003, y estuvo al frente de la conselleria de Interior en la etapa del president Artur Mas entre 2012 y 2015. Esta es la tercera vez que regresa al Govern, ahora bajo el cobijo de un president socialista.

En junio de 2015, y debido a las tensiones entre Unió y Convergència sobre el proceso independentista, Ramón Espadaler anunció su dimisión al frente de Interior. Tras la ruptura con Convergència, el dirigente se desmarcó de las tesis independentistas hasta fundar Units per Avançar, que concurre a las elecciones en coalición con los socialistas desde hace siete años. Antes, en el ámbito municipal, fue primer teniente de Alcaldía en Sant Quirze de Besora durante ocho años (entre 1991 y 1999) y también en Vic durante dos años más (desde 1999 y hasta 2001).

Espadaler se ha consolidado en los últimos tres años como un diputado de la órbita de confianza de Illa y se ha hecho cargo en el Parlament de los asuntos de seguridad. Ocupó el tercer lugar de la lista del PSC en las pasadas elecciones del 12 de mayo. Como el fichaje de Sàmper, el nombramiento de Espadaler es un guiño al centroderecha, a la órbita convergente que no se siente representada por Junts. Es licenciado en Historia por la Universidad de Barcelona y máster en doctrina social de la Iglesia por la Universidad Pontificia de Salamanca.

Al frente de la conselleria de Justícia, Espadaler sustituirá a Gemma Ubasart, que durante la pasada legislatura tuvo que lidiar con duras protestas a raíz del asesinato, por parte de un preso, de una trabajadora de la prisión Mas d'Enric.