El PP señalará en cada territorio a los políticos del núcleo de Sánchez que apoyan el concierto catalán

La número dos del PP, Cuca Gamarra, y el vicesecretario de Política autonómica y municipal, Elías Bendodo, están ya en contacto con los territorios para dar una respuesta política al preacuerdo alcanzado por el PSC y ERC que debe encarrilar la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Fuentes de diversos gobiernos autonómicos daban por hecho desde hacía días que los militantes republicanos suscribirían este viernes el pacto que, entre otras cosas, permitirá a Catalunya tener una financiación singular al salirse del régimen común. “Es una vergüenza que la ministra negara delante de todos nosotros el 15 de julio en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que estaba negociando con la Generalitat”, se revuelve un consejero de Hacienda en referencia a María Jesús Montero, titular de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno.

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La respuesta política llegará mucho antes que la jurídica, obligatoriamente sujeta al ritmo de reformas legislativas que marquen el Gobierno (a nivel ministerial o de Consejo de Ministros) o el PSOE en el Congreso. Ante la falta de información sobre los planes de socialistas y republicanos para dar base legal a ese “concierto económico solidario” para Catalunya, los dirigentes populares se están centrando en elaborar los argumentos políticos para censurar una singularidad financiera que, subrayan, acabaría “con la igualdad” entre los españoles. Según altos cargos de gobiernos autonómicos del PP, su objetivo será doble: “Hacer pedagogía y señalar a los políticos que apoyan el fin de la solidaridad entre los territorios”.

Barones consultados por esta redacción consideran que es necesario “aterrizar en la realidad de cada día” de los ciudadanos lo que puede suponer que Catalunya (comunidad que junto con Madrid y Baleares son las únicas que hacen aportaciones positivas a la caja común) salga del sistema. “Habrá que decirles cómo impactaría eso en la vida de cada día. Hay que hacer números y ver cuánto cuesta tal hospital comarcal y decir que el regalo de Sánchez a ERC supondría su cierre. O calcular cuántas escuelas rurales perderíamos en toda la comunidad”, explica un presidente autonómico del PP.

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Esta estrategia de concretar las supuestas consecuencias del pacto se completará, según los altos cargos consultados, con otra para señalar con el dedo a los políticos socialistas, especialmente del núcleo duro del presidente del Gobierno, que respaldan este acuerdo con ERC. La denuncia llegará con nombres y apellidos: Óscar Puente, ministro de Transportes y exalcalde de Valladolid (Castilla y León); Isabel Rodríguez, titular de Vivienda y exalcaldesa de Puertollano (Ciudad Real); Pilar Alegría, en Educación y exconsejera del Gobierno de Aragón, y Esther Peña, portavoz del PSOE y secretaria general del partido en Burgos (Castilla y León), son algunos de los ejemplos.

En este punto, los barones conservadores tendrán que distinguir y hacer equilibrios, en algunas autonomías, entre esos dirigentes más cercanos a Sánchez y los barones socialistas que se han mostrado críticos con la ‘Hacienda catalana’, como Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y los dirigentes autonómicos Luis Tudanca (Castilla y León) y Juan Lobato (Comunidad de Madrid). El pacto ERC-PSC ha recibido el rechazo contundente de todo el PP, pero también de una importante parte del PSOE.

El poder de los militantes de ERC

Este viernes, Ester Muñoz, vicesecretaria de sanidad y educación del PP, se quejó en rueda de prensa en la sede de que Sánchez "está poniendo en riesgo las políticas públicas del conjunto de la sociedad solo para colocar a Illa" en la Generalitat y citó que la salida de Catalunya de la "caja única de financiación" afectará a la "construcción de hospitales, la contratación de médicos, las carreteras, la educación, la dependencia". Muñoz subrayó que los militantes de ERC que estaban llamados a votar el preacuerdo representan "el 0,10% de los catalanes y el 0,017% de los españoles".

Mociones por toda España

Además, como hizo con la amnistía, varias organizaciones territoriales del PP están pensando registrar, cara a septiembre, mociones en ayuntamientos y diputaciones contra el acuerdo entre socialistas y republicanos con el objetivo de obligar a los políticos socialistas a retratarse ante el concierto económico para Catalunya.