El abogado de Puigdemont da por hecha su detención y Junts asume que pondrá en jaque la negociación con el PSOE

El compromiso de retorno de Carles Puigdemont para un debate de investidura puede tener consecuencias en el Parlament, pero también en el Congreso. Su abogado, Gonzalo Boye, da por hecha su detención y ya ha asegurado este domingo en una entrevista que su entorno jurídico "trabaja con todos los escenarios", para los que asegura que están "preparados".

El abogado de Puigdemont da por hecha su detención: "Estamos preparados"

Boye insiste en que la orden de detención de Puigdemont "carece de mandato legal", ya que asume que incumple una "ley en vigor" - en referencia a la amnistía-, que el Tribunal Supremo rechazó aplicar en el caso del delito de malversación que le pesa al líder de Junts. "Son muchos incumplimientos para que alguien se sienta amparado para actuar en base a esa orden de detención", ha declarado el letrado.

Si Puigdemont cumple con su guion, cruzará la frontera para asistir a un pleno investidura en los próximos días, cuyo candidato él mismo asume que será Salvador Illa. ERC y PSC están cerrando los últimos flecos de un acuerdo que se prevé que vea la luz muy pronto, mientras el 'expresident' se prepara ya para su retorno, advirtiendo que solo "un golpe de Estado" lo puede impedir.

Réplicas en el Congreso

Que el 'expresident' fuera arrestado pondría más presión a los republicanos a la hora de dar su sí al PSC y podría conducir al presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, a suspender el pleno. Pero si estas serían las consecuencias más inmediatas en el Parlament, su detención y posible prisión provisional también tendría réplicas en el Congreso de los Diputados.

"El lío sería tremendo", reconoce uno de los dirigentes de Junts consultados, que cree que impactaría de lleno en la negociación que su formación mantiene con el PSOE. "¿Cómo podríamos seguir negociando con el PSOE en una mesa con mediador internacional si su principal actor está encarcelado?", se preguntan las mismas fuentes.

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Las últimas elecciones generales dieron al partido liderado por el expresident la llave de la investidura de Pedro Sánchez. Una situación aritmética que los posconvergentes decidieron aprovechar para cambiar su estrategia en Madrid en favor de sus intereses. Puigdemont, que en los últimos tiempos había adoptado un segundo plano en las cuestiones internas del partido -ya que no tiene ningún cargo orgánico-, volvió a recuperar todo el protagonismo y asumió, junto a Jordi Turull, las riendas de la negociación. El principal trofeo de esta nueva etapa de pactos fue la ley de amnistía, que se acabó aprobando a finales de mayo, después de que Junts tumbara la norma en enero para seguir negociando flecos.

La aplicación de la amnistía

Sin embargo, dos meses después, la amnistía no ha tenido los efectos esperados, al menos para Puigdemont. Que el fallo del Supremo haya sido tan rápido es algo con lo que el entorno del 'expresdient' no contaba durante la campaña electoral catalana. Su previsión era que los magistrados emitieran cuestiones prejudiciales y la norma quedara temporalmente en un limbo. Esto hubiera posibilitado una detención técnica para entregarle un requerimiento judicial, como se hizo con la exconsellera Clara Ponsatí, sin que llegara a pisar la cárcel. No es el escenario que actualmente está encima de la mesa.

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De acabar cruzando la frontera, Puigdemont sería probablemente detenido y trasladado a Madrid para que quedara a disposición del juez Pablo Llarena, que podría mandarle a prisión de forma provisional hasta que se celebrara un juicio o, al menos, hasta el posicionamiento del Tribunal Constitucional. Aunque su situación de prisión aceleraría la vía del Tribunal de Garantías, que podría revocar la decisión del Supremo, hasta entonces sería un elemento de desestabilización. Un contrasentido si se tiene en cuenta que, justamente, el PSOE presentó esta ley como una normalización de la situación política en Catalunya.

Sin embargo, el hecho de que Puigdemont estuviera encarcelado también podría complicar que los posconvergentes se alejaran de Sánchez, arriesgándose así a un adelanto electoral y a la posibilidad de que PP y Vox consiguieran, esta vez sí, una mayoría absoluta en el Congreso.

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