El Gobierno saca adelante el decreto anticrisis tras un pacto con Podemos para mantener el bono eléctrico

La aritmética parlamentaria de esta legislatura ha dado buenas pruebas en los últimos meses de que el Gobierno tiene que negociar hasta el último apoyo para sacar adelante sus iniciativas. La convalidación del decreto anticrisis este martes ha sido un ejemplo más. El Ejecutivo ha cerrado a escasas diez horas de la votación un acuerdo con Podemos para eliminar del texto la rebaja del bono social eléctrico y lograr el apoyo imprescindible de los morados. Así, el bloque de la investidura en su totalidad ha dado el visto bueno -y el PP se ha abstenido- al decreto que contiene, entre otras cosas, la prórroga de las rebajas del IVA de los alimentos básicos o el incremento del sueldo de los funcionarios en un 2%.

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reivindicado la novena prórroga de las medidas que se pusieron en marcha inicialmente durante la pandemia y que se extendieron después por las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, primero, y en Gaza, posteriormente. La también vicepresidenta primera ha asegurado que la intención es "seguir ayudando a las familias españolas, a las clases medias y trabajadoras para que transiten mejor" la situación actual de subida de precios.  

No obstante, ha apuntado que este decreto empieza la "retirada gradual" de algunas de las medidas "atendiendo a la previsión de evolución de la inflación", tal y como pide la Comisión Europea. Es aquí donde han chocado durante semanas con Podemos, ya que la norma incluye una reducción paulatina del bono social eléctrico. "Con los votos de Podemos no se van a hacer recortes y hoy lo volvemos a conseguir", ha reivindicado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, este martes tras cerrar un pacto para retirar esta rebaja a través de una enmienda que se aprobará en septiembre.  

Las medidas incluidas

El decreto anticrisis incluye la prórroga de la rebaja del IVA al 0% de los alimentos básicos (se suma el aceite de oliva por la presión de Junts) hasta finales de septiembre y, después, del 2% hasta final de año; se mantiene la prohibición de cortes de suministros a consumidores vulnerables durante todo 2024, pactado con EH Bildu; se eleva el mínimo exento de IRPF para adaptarlo a la última subida del salario mínimo; su sube los sueldos de los empleados de la Administración un 2% con carácter retroactivo; y se actualizan las entregas a cuenta del sistema de financiación a las comunidades autónomas. 

Todos los socios habituales del Gobierno se han mostrado de acuerdo con las medidas incluidas, muchas de ellas negociadas con ellos. No obstante, han criticado que el Gobierno utilice una vez más los decretos anticrisis para incluir numerosas iniciativas que nada tienen que ver entre sí, lo que hace muy difícil votar en contra. Además, cada uno de los aliados ha reprochado al Ejecutivo que no hayan introducido algunas de sus propuestas: desde los permisos de paternidad retribuidos de 8 meses exigidos por el PNV a una "profunda reforma fiscal" planteada por Bildu. 

La enmienda polémica

Además, el Ejecutivo incluyó en este decreto la derogación del artículo 43 bis de la ley de Enjuiciamiento Civil, un precepto que explicitaba que los jueces podían paralizar la aplicación de la amnistía y del resto de leyes mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esto fue visto como un guiño del Gobierno a Junts, que durante meses mostró su descontento con este artículo. No obstante, los posconvergentes no han hecho mención alguna a esta enmienda.