Rull encarga al secretario general del Parlament revisar si la ley impide una detención de Puigdemont en la Cámara

Junts insiste, al menos a día de hoy, que no hay cambio de guion respecto al regreso de Carles Puigdemont. Si se convoca un pleno de investidura, desde la formación aseguran que volverá, a pesar de que el Tribunal Supremo haya decidido no aplicarle la amnistía por el delito de malversación y mantener vigente la orden nacional de detención. El fallo no es menor, ya que podría implicar una detención de Puigdemont en sede parlamentaria, algo que el president de la Cámara catalana, Josep Rull, se ha propuesto evitar. "Mientras yo sea presidente del Parlament, la policía no entrará a retener o detener a nadie", avisó en una entrevista en SER Catalunya. Y, según ha podido saber EL PERIÓDICO, ya se ha puesto en marcha para hacerlo.

El Parlament dispone, desde agosto de 2017, de un protocolo que regula la actuación de la policía dentro de la institución. Se trata de un documento que establece que solo el presidente de la Cámara puede autorizar la entrada de agentes y rechaza que puedan hacerlo armados y con el rostro cubierto. Una guía de actuaciones que ahora Rull quiere que los servicios técnicos revisen a fondo para asegurarse de que sigue vigente y que tiene todas las garantías necesarias para aplicarse en caso de que Puigdemont asista al hemiciclo. De momento, el presidente ha encargado al secretario general de la Cámara que lo avalúe.

El protocolo vigente pone por escrito que no se puede practicar la detención de "ningún diputado" dentro de la sede de la institución. Además, obliga a la policía judicial a que se persone en la institución, a identificarse ante los Mossos que vigilan la entrada y a hacerles saber el motivo de su visita. Una vez dentro de la Cámara, según se establece, son los ujieres los encargados de contactar con los responsables de seguridad que, a su vez, deben requerir la orden judicial a los policías para, posteriormente, hacerla llegar al secretario general o al letrado mayor. Y, finalmente, es el president del Parlament el que tiene la potestad de "autorizar su entrada en el edificio".

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El texto, que fue aprobado por unanimidad en la Mesa después de un registro policial por el 'caso 3%' y a pocas semanas del 1 de octubre de 2017, también serviría para el exconseller y actual diputado de Junts, Lluís Puig, que se encuentra en la misma situación judicial que Puigdemont. Lo que Rull no podría impedir, sin embargo, es que fueran detenidos en las intermediaciones de la Cámara catalana. Una situación que ya se plantea desde su defensa, liderada por Gonzalo Boye, como también desde Junts.

Durante la campaña electoral catalana, cuando Puigdemont se comprometió a volver a Catalunya para el pleno de investidura, independientemente del candidato, su entorno ya contaba con la posibilidad de que fuera arrestado, aunque visibilizaba una especie de detención técnica, similar a la que tuvo lugar cuando regresó la exconsellera Clara Ponsatí. La decisión del Supremo de mantener activa la orden de detención y de no amnistiar el delito de malversación complica su situación. De cruzar la frontera, Puigdemont será arrestado y puesto a disposición del juez instructor Pablo Llarena, que podría enviarle a prisión de forma provisional, al menos hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie.

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